Los fiscales de la Unidad de Bahía Blanca que intervienen en las causas por crímenes del terrorismo de Estado, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron ayer el apartamiento por "temor de parcialidad" del juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y del secretario Mario Fernández Moreno "en la totalidad de las causas e incidentes que tengan que ver con la competencia en delitos de lesa humanidad en la jurisdicción". Por la "gravedad institucional" del caso, los fiscales enviaron copia de su presentación al Consejo de la Magistratura de la Nación.

En un extenso escrito de cincuenta carillas presentado ante el mismo juez Martínez, los fiscales analizaron la actuación de ambos funcionarios en este tipo de casos a la luz del reciente apartamiento en la denominada "causa Massot" del juez subrogante Álvaro Coleffi, quien decidió apartarse cuando estaba por decidir la situación procesal del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, luego de que el secretario Fernández Moreno presentara en el expediente un escrito que ponía en duda la imparcialidad del magistrado, defendiera la actuación del ya apartado de la causa juez Martínez y, con eso, dotara de argumentos a la defensa del imputado para pedir su recusación. Coleffi, además, debía resolver sobre la situación procesal del ex funcionario de la justicia federal bahiense, Hugo Sierra. En rigor, era el juez designado por la Cámara Federal de esa jurisdicción para intervenir en las causas que involucraban la complicidad civil con el terrorismo de Estado: este año ya había resuelto el procesamiento del actual arzobispo local, Guillermo Garlatti, por prestar asistencia en la fuga del ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara.

Los fiscales señalaron que "el conjunto de circunstancias que configuran y acreditan la causal invocada –el temor de parcialidad– exceden de la actuación de los nombrados [Martínez y Fernández Moreno] en cada trámite en particular, para descansar sobre las conductas y actitudes asumidas frente al proceso de verdad y justicia, en toda su extensión y expresiones procesales". En efecto, señalaron que "las referidas presentaciones de Fernández Moreno –elegido y avalado por Martínez como Secretario de Derechos Humanos–" en la causa Massot "representan un paradigmático acto de defensa sobre Massot (y Sierra)".

La "embestida" realizada mediante el escrito de Fernández Moreno fue precedida de otras maniobras: el mismo día en que Massot debía comparecer a la segunda indagatoria, LU2 radio Bahía Blanca, propiedad del grupo La Nueva Provincia, difundió una denuncia que el juez Martínez hizo contra Coleffi por una supuesta filtración de información de otra causa a los medios de comunicación. Dias antes, reseñaron los fiscales, Coleffi había pospuesto la indagatoria del empresario periodístico porque Martínez le había negado un lugar para realizar ese acto en una secretaría del juzgado.

Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que las "profundas y justificadas dudas sobre la objetividad de esos funcionarios judiciales frente al proceso, ha llegado al extremo de abarcar prácticas descalificables emprendidas para incidir y marcar el curso de causas judiciales en las que –en el caso de Martínez– le está impedido intervenir, ya sea por haber sido este último recusado o bien por haberse inhibido".

Contra toda práctica judicial donde son las partes del proceso son las que realizan manifestaciones y peticiones en un expediente, la semana pasada Fernández Moreno, que es secretario de Martínez pero que actuaba como tal en la "causa Massot" con la intervención como juez subrogante de Coleffi, presentó un escrito en el expediente cuestionando la actividad del juez. Allí dijo que se sentía “violentado” y “escandalizado” por las actuación de Coleffi y lo acusó de reunirse con los fiscales sin su presencia.

Palazzani y Nebbia explicaron la normalidad de ese tipo de reuniones que responden a cuestiones funcionales e indicaron que una presentación así era esperable de parte de la defensa de un imputado, pero explicaron que al haber sido el propio secretario el presentante de esa "acusación" el planteo adquirió "la eficacia de la embestida para garantizar la impunidad de ambos encartados" [Massot y Sierra]. Los fiscales también relacionaron esa presentación con otro planteo que, en otra causa, el propio secretario Fernández Moreno había realizado para desacreditar la actuación del entonces fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, a quien denunció de haber mantenido una reunión con víctimas. En ese sentido, Nebbia y Palazzani recordaron que la propia Cámara Federal reprendió al secretario Fernández Moreno por su tarea de "espionaje", dado el “indebido escrutinio e individualización de personas”, una práctica de “recuento o identificación de personas” y una “falta de respeto para el Fiscal”.

En su pedido de apartamiento para el juez y el secretario, los fiscales citaron la resolución de Coleffi cuando decidió apartarse de la causa Massot la semana pasada. "Es obvio que Fernández Moreno, ni tampoco Martínez, están de acuerdo con el curso que siguen los trámites a mi cargo en materia de investigación de Delitos de Lesa Humanidad, y que son aquéllos en los que (por aquél entonces) me asignaba la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad. Y eso me honra", expresó Coleffi.

Para los representantes de la Unidad Fiscal, ello demuestra "cómo tanto Martínez como Fernández Moreno se oponen al avance de las causas de Massot, Sierra y Vara" porque "no lo dice únicamente esta Unidad Fiscal ni la parte querellante, lo menciona expresamente el propio juez que tomó a su cargo (por disposición de la C.F.A.B.B.) dichas causas". En ese sentido, Nebbia y Palazzani se preguntaron "¿qué garantía de imparcialidad puede ofrecer no sólo a esta Unidad Fiscal, sino a la parte querellante y a las propias víctimas, un juez y un secretario que son acusados por otro juez subrogante de paralizar los procesos?" Y añadieron: "¿Con qué esperanza se puede tratar de profundizar las investigaciones, si se tiene enfrente no sólo las legítimas estrategias defensistas de los imputados, sino también las aun más eficaces del propio órgano cuyo único deber era resolver conforme a derecho?"

"Punto final"

En la recusación, los fiscales recorrieron la actuación del juez y el secretario en diferentes causas e incidentes y apuntaron que tanto Martínez como Fernández Moreno "han adoptado un comportamiento obstructivo, en todos los aspectos y frentes investigativos en curso, con el indiscutible fin de generar una situación de punto final en el proceso de verdad y justicia".

De hecho, es la segunda vez en pocos días que Nebbia y Palazzani recusan al juez Martínez. El 26 de noviembre pasado pidieron su apartamiento en la causa que investiga la responsabilidad de 71 imputados en la comisión de delitos sexuales contra víctimas de centros clandestinos de detención. Aquella recusación de la Unidad Fiscal se dio luego de que el juez decidiera no acatar la orden de la propia Cámara de llamar a indagatoria a los acusados. El juez decidió que no avanzaría en el sentido que le ordenaron porque debía "contar con un requerimiento de instrucción completo por parte del Ministerio Público Fiscal, que […] deberá concentrar la mayor cantidad posible de casos”. Ese universo de casos está en investigación y, a medida que se obtienen elementos de prueba, los fiscales amplían el objeto procesal. De esa forma, ya lograron acreditar a unas 200 víctimas. En Bahía Blanca, la instrucción de las grandes causas está en manos de los fiscales porque les fue delegada por el juez.

En interpretación de los fiscales, "al oponerse a la presentación de requerimientos parciales", es decir, la ampliación por nuevas víctimas a medida que se va recolectando los elementos que prueban cada caso, "la postura del juez subrogante no puede interpretarse sino en dos sentidos posibles: o bien, como dirigida a que se determine el objeto procesal en el presente, con carácter definitivo y final, lo que configura un supuesto de punto final; o bien, para que el Ministerio Público Fiscal se abstenga de efectuar requerimientos y sindicar responsabilidades penales, para hacerlo únicamente cuando exista certeza absoluta de que se hayan contemplado todos y cada uno de los casos de víctimas y responsables, hipótesis abstracta que, en la realidad, operaría con el mismo efecto del punto final".

En la causa de los delitos sexuales los fiscales habían tenido que acudir ante la Cámara porque el mismo Martínez se había negado a iniciar la investigación. En ese contexto, Nebbia y Palazzani también recordaron que igual respuesta había dado Martínez cuando se inició la causa Massot y decidió rechazar el pedido de indagatoria al director de La Nueva Provincia -imputado, entre otros delitos, de integrar el aparato de inteligencia local de las Fuerzas Armadas para la represión ilegal- porque entendía que su actividad se había dado en el marco del derecho a la libre expresión.

Al mismo tiempo, los representantes de la Unidad Fiscal remarcaron "otra de las expresiones directas de la actitud obstructiva adoptada por Martínez en la dirección del proceso", que consistió "en su intento de fragmentar y descomponer sistemáticamente una de las causas madre que se instruye en esta jurisdicción", la de los crímenes cometidos bajo la órbita del Comando del V Cuerpo de Ejército, "en diferentes expedientes aislados e inconexos".

Los fiscales aludieron al paso del tiempo y a los largos trámites de las causas, con la consecuente muerte de víctimas y victimarios, y remarcaron que "la extrema gravedad de dicho proceder está marcada por la notoria demora que el proceso de verdad y justicia arrastra (de casi cuatro décadas) y en la operación simultánea del inexorable punto final biológico, tanto en el plano de los responsables, como en el de las víctimas y los testigos".

Respecto de la actuación del secretario Fernández Moreno, Palazzani y Nebbia recordaron otra oportunidad en la que la propia Cámara Federal también llamó la atención del funcionario porque en 2012 tardó cuatro meses en elevar a la etapa de revisión el incidente donde se trataba la prisión domiciliaria del imputado Arturo María Quintana, lo cual benefició al acusado, que gozó de un tiempo extraordinario del beneficio que le había otorgado el juez de primera instancia y que había sido recurrido por la fiscalía. El secretario también demoró, en ese contexto, la elevación al tribunal de alzada de la apelación de los fiscales a la negativa de Martínez a avanzar en la causa sobre delitos sexuales. Por ese motivo, Nebbia y Palazzani remarcaron que "la actuación del Secretario Mario A. Fernández Moreno ha sido tan grave, tan intensa y tan maliciosa como la del Juez subrogante al cual responde, todo lo cual obliga a su separación del mismo".