Los fiscales de la Unidad que interviene en causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia, pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados en esa ciudad por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado anterior al golpe del 24 de marzo, "en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles".

En la presentación, formulada el miércoles pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que esos casos cumplen "los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil" y "en el marco de un fenómeno de terrorismo de Estado". Los hechos, remarcaron, "presentan notas comunes en torno a las circunstancias de tiempo, lugar y modalidades de ejecución". "Su carácter más notorio estuvo representado por la actuación de grupos paraestatales, bajo la dirección, el suministro de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal", completaron los fiscales.

Palazzani y Nebbia remarcaron que "a partir del año 1974, ya pueden identificarse las primeras intervenciones del grupo criminal en un claro proceso de penetración y purgamiento ideológico de los diferentes espacios de militancia gremial y estudiantil, aspecto que se intensificó al año siguiente" y puntualizaron que "en el ámbito gremial, una expresión de aquel proceso de persecución tuvo lugar en el seno de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Bahía Blanca". La modalidad utilizada en la generalidad de los sindicatos consistió en "colocar agentes operativos y de inteligencia, en los servicios de 'custodia' de las diferentes entidades gremiales o educativas invadidas".

Al igual que en el campo gremial, "la actuación del grupo paraestatal operó con el propósito de penetrar y controlar los espacios de poder del ámbito universitario local, para desplegar desde esa posición el programa de persecución y eliminación contra distintos sectores de militancia gremial-estudiantil", sostuvieron los fiscales, al tiempo que remarcaron que "aquella misión represiva tuvo comienzo en el año 1974 en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca".

Además, recodaron que las ramificaciones de aquella política de persecución se extendieron hasta la provincia de La Pampa, cuando el 13 de enero de 1975 llegó a General Pico una patota bahiense manifestando que eran la "intervención” a la Facultad local de la UTN. La sede educativa fue defendida mediante una toma por estudiantes y algunas autoridades, que fueron desalojadas por miembros del grupo de tareas de la sub-zona 14. "Todos los estudiantes detenidos en esa oportunidad, fueron secuestrados y torturados a partir del 24 de marzo de 1976 en el centro clandestino de detención y tortura Seccional Primera de la ciudad de Santa Rosa, a metros del Centro Cívico de esa ciudad donde funciona el Superior Tribunal de Justicia", indicaron Nebbia y Palazzani.

El mismo grupo paraestatal incursionó después en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, "con el saldo de numerosos estudiantes asesinados". "La penetración de la organización criminal en aquella institución educativa se instrumentó con la designación de Remus Tetu como rector interventor, por parte del ministro de cultura y Educación Oscar Ivanissevich", precisaron los miembros del MPF. Tetu, sostuvieron, replicó en esa ciudad el esquema que había trazado en la Universidad del Comahue, tarea que en Neuquén había recaído en el condenado agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.

Los fiscales pusieron en contexto la represión paraestatal en Bahía Blanca con la actuación de grupos similares en La Plata y Mar del Plata. "En todo el arco trazado desde la ciudad de La Plata hasta Neuquén, pasando por Mar del Plata y Bahía Blanca (y sin dejar afuera la situación ya descripta en la Provincia de la Pampa), se reprodujo un sistema represivo uniforme, y con marcadas identidades y analogías, con la reiteración en las diferentes jurisdicciones de los mismos actores y protagonistas", aseguraron.

Los casos impulsados por Nebbia y Palazzani tuvieron como víctimas a obreros y estudiantes. En la presentación se destacan particularmente dos hechos. El primero de ellos ocurrió en la madrugada del 22 de septiembre de 1974, cuando un grupo de civiles encapuchados secuestró de su domicilio a Luis Jesús García, un joven trabajador de 18 años que se desempeñaba como obrero en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, en donde había sido designado delegado de obra. Era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Su cuerpo apareció horas después en un camino de tierra.

Otro de los casos que integran la presentación de los fiscales es el homicidio a sangre fría del David Hover "Watu" Cilleruello, de 23 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, estudiante de Ingeniería y secretario general de la Federación Universitaria del Sur. El hecho sucedió el 3 de abril de 1975 dentro del edificio de la Universidad, "en presencia de una gran cantidad de alumnos" que ese día se habían aglomerado para la inscripción en las diferentes materias. Cilleruelo, narraron los fiscales, fue abordado por un grupo de integrantes de "la patota contratada por el rector interventor", Remus Tetu, uno de cuyos miembros disparó un arma de fuego directamente sobre la víctima.

Los fiscales pusieron de relieve que "la ultimación de Cilleruello estuvo precedida por una intensa actividad de persecución y señalamiento por parte de los organismos de inteligencia estatales" y que "ese proceso de fijación del blanco ha podido ser rastreado ya a finales de 1974, cuando el nombre de 'David Cirriuelo [sic]' figura entre los 'activistas individualizados' en el sepelio de la víctima Luis Jesús García; y continuó –con un carácter más específico– sobre las asambleas realizadas en el breve período transcurrido entre la asunción de Tetu [el 21 de febrero de 1975] y el asesinato del estudiante".

Acribillados

El resto de los casos que "formaron parte del ataque sistemático y generalizado contra la población" se dieron en el marco de operativos llevados a cabo en la ciudad en diferentes fechas y tuvieron, entre otros puntos comunes, la ultimación de las víctimas mediante numerosos impactos de bala y la participación de personas sin identificación visible con fuerzas de seguridad. El 21 de marzo de 1975, fueron asesinados en distintos puntos de Bahía Blanca el sacerdote salesiano Carlos Dorñak; el estudiante de Filosofía y militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), Fernando Antonio Alduvino Bolzán, y María Isabel Mendivil del Ponte.

El pampeano oriundo de Guatraché, estudiante de Ciencias Económicas y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Carlos Alberto Davit, fue secuestrado de una pensión el 19 de noviembre de 1975 y su cuerpo apareció horas más tarde.

Entre tanto, los obreros de la construcción José Manuel González, los pampeanos Hugo Norberto Ardiles y Orlando Walker, y Manuel Santiago García, fueron asesinados a lo largo de 1975. González, el 24 de abril; Ardiles y Walker, el 24 de julio; y García, el 8 de agosto.

Por otro lado, el estudiante de Ingeniería Industrial Carlos Aníbal Nakandakare fue secuestrado el 26 de junio de 1975 y fue hallado agonizando en una zona despoblada. Murió a raíz de tres disparos.

El estudiante chileno de Filosofía y militante en su país del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Víctor Eduardo Oliva Troncoso, fue secuestrado en la vía pública el 2 de julio de 1975. Su cuerpo fue hallado con 33 impactos de bala ese mismo día.

El secretario de Acción Social del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional y presidente de la Cooperativa de Viviendas, Alberto Noé Bayarsky, fue acribillado de seis disparos el 24 de enero de 1975 en su domicilio por personas que se movilizaban en un Ford Falcon.

El 29 de enero de 1975, en tanto, fue hallada sin vida Nélida Ester Guiorzzo, oriunda de Coronel Pringles, "en el kilómetro 15 de la ruta 35, con numerosos impactos de disparos de armas de fuego".

El bioquímico Rodolfo Celso Gini vivía junto a su esposa e hijos en Huanguelén, provincia de Buenos Aires. En 1973 había sido candidato a concejal por la Alianza Popular Revolucionaria. En la madrugada del 2 de diciembre de 1974, fue secuestrado de su casa por un grupo de hombres que, al retirarse, dejaron escrito en una pared la leyenda "A.A.A", abreviatura de la Alianza Anticomunista Argentina, el grupo paramilitar conocido como Triple A, que fue mencionado en sus declaraciones indagatorias por el fallecido ex jefe del V Cuerpo del Ejército, Acdel Vilas, como uno de los responsables de este tipo de operativos que asolaron la ciudad de Bahía Blanca en la etapa previa al golpe de Estado. Pocas horas después del secuestro, Gini fue hallado junto a la ruta que une Huanguelén y Coronel Suarez, acribillado a balazos.

Los estudiantes de Geología y militantes de la JUP José Alberto Surace, Julio Alberto García y Gabriel Raymundo Ganuza fueron secuestrados en la madrugada del 6 de diciembre de 1975. Sus cuerpos fueron hallados a las 7.00 de aquél día a la vera de la ruta 35, en inmediaciones de la localidad de Villa Iris, con impactos de 9.mm y ametralladoras.

El trabajador textil Salvador Julio Trujillo fue secuestrado el 20 de septiembre de 1975 y su cuerpo apareció con seis balazos en la espalda horas después.

El uruguayo Ángel Enrique Ogues era empleado de un estudio jurídico y simpatizaba con el Partido Comunista (PC). Junto Ovidio Oscar Ancel y a otro socio, tenían además una librería. El 21 de junio de 1975 los dos fueron secuestrados en operativos distintos y sus cuerpos aparecieron con numerosos impactos de bala horas después en lugares diferentes de las adyacencias de Bahía Blanca.

Finalmente, Alberto Mario Pojomovsky, quien militaba en el PC, fue atacado el 29 de junio de 1975 mientras conducía su automóvil en compañía de su esposa. Recibió impactos de balas calibre 22. y 45. y, producto de las heridas, falleció 20 días después.