El fiscal federal Antonio Horacio Castaño y el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, solicitaron la elevación a juicio de 33 integrantes del Ejército, agentes de la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario por delitos de lesa humanidad, cometidos contra 174 víctimas en esa jurisdicción durante la última dictadura cívico-militar. Mediante el requerimiento, los representantes del Ministerio Público Fiscal apuntan a que este tramo de investigación se acumule y juzgue junto con la causa conocida como “Ejército”, que ya se encuentra radicada ante el Tribunal Oral.

La presentación ante el Juzgado Federal detalla que los imputados son los miembros del Comando Vto. del Cuerpo de Ejército Osvaldo Bernardino Paez, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Carlos Enrique Villanueva y Pedro Ángel Cáceres; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal y Víctor Raúl Aguirre; los guardias del Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” Fernando Antonio Videla, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul, Felipe Ayala, Bernardo Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas y José María Martínez. El escrito alcanza también a Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Alejandro Osvaldo Marjanov, Alejandro Lawless y Antonio Miguel Seghighi, del Batallón de Comunicaciones 181; a los directores de la Unidad Penitenciaria 4, Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia; a los agentes de la Delegación Viedma de la Policía Federal Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira, y de la Policía de la provincia de Buenos Aires Pedro José Noel, Jesús Salinas y Gustavo Abel Boccalari.

78 de las 174 víctimas corresponden a casos por los que por primera vez se requiere la elevación a juicio. Por las 96 restantes ya se requirió el juzgamiento respecto de otros imputados, pero todavía no se desarrolló el correspondiente debate oral y público. De esa forma, si se dispone la acumulación de los expedientes, como postuló el MPF, la totalidad de los casos se juzgaría en el próximo juicio sobre el accionar del Ejército -Causa “Ejército” FBB 15000005/2007/TO1 “AYALA, Felipe y OTROS…” y acumuladas-.

78 de las 174 víctimas corresponden a casos por los que por primera vez se requiere la elevación a juicio.

Los representantes del MPF explicaron que los hechos investigados en la causa ocurrieron en la zona de defensa 5, dependiente del Vto. Cuerpo de Ejército, y constituyen delitos de Lesa Humanidad. Asimismo, resaltaron que su comisión resulta de “la aplicación de un plan criminal, concebido y ejecutado de manera sistemática y clandestina, cuya implementación tuvo como finalidad criminal el ataque generalizado a la sociedad civil y se plasmó en privaciones ilegales de la libertad, torturas, persecuciones políticas, muertes y desapariciones de personas”.

En ese sentido, precisaron que se trató de una “particular modalidad del terrorismo de Estado desplegada en el ámbito local, en cumplimiento de la misma matriz represiva utilizada para eliminar al grupo nacional cuya identidad fue definida por los agentes victimarios, con un nivel de devastación de proyección nacional, llegando incluso a contar con una coordinación criminal de tipo sub-continental, que tuvo expresión en la unión de las dictaduras del Cono Sur conocida como ‘Plan Cóndor’”.

Dentro de ese marco, la nómina de delitos está integrada por asociación ilícita -respecto de los imputados Sierra, Selaya y Forchetti-, privación ilegal de la libertad, tormentos agravados por ser los damnificados perseguidos políticos, lesiones de carácter gravísimo -en un caso- y violación de domicilio.