La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó los procesamientos y decretó la falta de mérito del arzobispo de esa ciudad bonaerense, Guillermo José Garlatti, y del apoderado del fallecido capellán militar Aldo Vara, Leopoldo Bochile, en la causa en la que se los investiga por haberle prestado asistencia al sacerdote del V Cuerpo del Ejército mientras estuvo prófugo por crímenes de lesa humanidad y por haber ocultado información que permitiera dar con su paradero.

La decisión fue adoptada por los camaristas Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes, quienes consideraron que Garlatti no incurrió en el delito de desobediencia por incumplimiento de una orden judicial cuando desde el Juzgado Federal se le requirieron los datos del paradero de Vara y contestó que no lo sabía. El fiscal general Alejandro Cantaro adelantó a Fiscales que recurrirá la resolución.

Los camaristas sostuvieron que la omisión del Arzobispado de informar sobre el subsidio de 2350 pesos que paga la Conferencia Episcopal para sacerdotes mayores de 68 años, y que cobraba Vara desde 2001 a través de su apoderado en la curia local, es "un dato que no era requerido expresamente por la sede [judicial]". Al respecto, Candisano Mera y Planes citaron la indagatoria de Garlatti, en la que afirmó que "nunca imaginó que dicho dato podría resultar relevante para dar con el paradero de quien se encontraba prófugo".

"Si bien podría destacarse la inconsecuencia de su accionar al no aportar los datos con que contaban en la Arquidiócesis relacionados a Vara, no encuadra prima facie en el delito del artículo 239 del Código Penal [desobediencia]", puntualizaron los camaristas. En ese contexto, al señalar la "inconsecuencia" de Garlatti, añadieron una nota al pie en la que citan la carta de los obispos argentinos del 9 de diciembre de 2012 que "exhortan" a quienes tengan información sobre la represión ilegal a que "se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes".

Candisano Mera y Planes también descartaron que el titular de la curia bahiense hubiera incurrido en encubrimiento agravado porque "no está acreditado que el imputado haya prestado una ayuda posterior o favorecido económicamente al sacerdote Vara, pues para cuando asumió monseñor Garlatti el cargo de Arzobispo de Bahía Blanca -en mayo del 2003- el presbítero Vara ya había presentado la renuncia a la diócesis y abandonado la ciudad [en 2001]".

Los jueces agregaron que el fondo del que proviene el subsidio que se hacía efectivo en el Arzobispado de Bahía Blanca es "un procedimiento automático manejado desde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Conferencia Episcopal Argentina y es percibido por todos los sacerdotes que hayan aportado: Aldo Vara lo percibía desde el año 2001 por medio de su apoderado Leopoldo Bochile".

Por esos motivos, los camaristas concluyeron que el Arzobispo "no tiene injerencia alguna en el manejo u otorgamiento" del subsidio; que Vara lo percibía desde antes de que Garlatti fuera nombrado en Bahía Blanca; y que "no existió una orden que suspendiera u obligara a hacer cesar el pago en la Arquidiócesis".

"No se ha probado a esta altura de la investigación la específica acción de 'ayudar' sin que pueda ello inferirse de la mera acreditación de un 'pago regular' verificado sin variantes por más de una década", añadieron los jueces.

En cuanto al apoderado de Vara, Leopoldo Bochile, los camaristas valoraron que "percibir dinero a nombre de tercero no conlleva la acción de entrega, o cuando menos, nada se ha acreditado al respecto ni se investigó sobre el destino de lo percibido", por lo cual consideraron que "con lo que se ha investigado hasta aquí, no alcanza para tener por acreditada la supuesta colaboración o ayuda económica del imputado Bochile al pŕofugo Aldo Omar Vara".

La orden de captura sobre Vara había sido dictada el 7 de agosto de 2013 y el ex capellán fue hallado por Interpol en Ciudad del Este el 28 de abril pasado. El ex capellán militar falleció en aquella ciudad paraguaya durante el proceso de extradición.

Mientras el cura estaba prófugo -y antes también-, desde la fiscalía, el Juzgado Federal y los organismos de derechos humanos se requirió información al Arzobispado sobre el paradero del sacerdote Vara, en función de las graves imputaciones que pesaban por su intervención en crímenes de lesa humanidad. Esos pedidos de información fueron respondidos desde la curia en forma negativa.

El pedido de indagatoria del arzobispo Garlatti y de Bochile fue formulado en dos oportunidades por el fiscal de primera instancia de Bahía Blanca, Antonio Castaño, y por el fiscal general Alejandro Cantaro, tras una denuncia formulada por los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en esa jurisdicción, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia.

La indagatoria y el procesamiento del titular de la curia y del apoderado de Vara fueron dispuestas por el ex juez federal subrogante Álvaro Coleffi, quien a fines del año pasado se excusó de intervenir en todas las causas en las que lo estaba haciendo -las que tenían civiles imputados en crímenes de terrorismo de Estado- luego de que el secretario del juzgado que subrogaba, Mario Fernández Moreno, presentara un escrito en la causa "Massot" por el que cuestionaba su imparcialidad.

La maniobra que terminó con el apartamiento de Coleffi fue denunciada por los fiscales Palazzani y Nebbia, quienes denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a Fernández Moreno y a su jefe, el también secretario y juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, de liderar una embestida para obstruir el avance de las causas en las que intervenía Coleffi.