Los fiscales Alejandro Alagia y Gabriela Sosti solicitaron penas de 17, 12 y 10 años para los ex agentes de inteligencia del Batallón 601 del Ejército Leandro Sánchez Reisse, Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, respectivamente. En el alegato ante el Tribunal Oral Federal N°6 de la Capital integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, dieron por probada la participación de los tres represores en una asociación ilícita que se dedicaba a los secuestros extorsivos de empresarios y financistas con el objetivo de recaudar dinero para financiar el plan sistemático represivo, operaciones en el exterior y el entrenamiento y provisión de armas de la denominada “Contra” nicaragüense.

La Fiscalía también pidió que se declare al Batallón 601 “una asociación ilícita” y que en caso de llegarse a una sentencia, se utilicen los testimonios de la causa para de que se investigue la participación de oficiales jefes que dirigieron ese destacamento, la Central de Reunión o los respectivos grupos de tareas, como al personal militar, de fuerzas de seguridad o civil que formaron parte de esta organización que realizó operaciones ilegales entre 1976-1983.

Los fiscales señalaron que a partir de 1978 la dictadura cívico-militar comenzó a desplegar la embestida contra grupos empresarios en el marco de la lucha contra la “subversión económica” y una serie de secuestros de empresarios, banqueros y financistas.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron que “en su mayoría, pertenecían a la comunidad judía; y que esta última circunstancia la confirma la sola enumeración de muchas de  las víctimas: Koldovsky; Sivak, Siganevich, Neuman, Meller, Prisant, Saiegh, Tomasevich, Gurfinkel, Paslvan, Fejner".  Alagia y Sosti concluyeron que “así como los nazis alemanes propiciaban la arianización de la economía, los dictadores vernáculos y los sectores civiles que gestaron y prestaron texto y razón al exterminio pretendieron un diseño similar" y que “los sectores que desde la mirada del represor no pertenecían al grupo nacional, no tenían derecho a los bienes”.

Con respecto a las operaciones represivas fuera del país, los fiscales  sostuvieron que el Batallón de Inteligencia 601 tuvo un rol central a través del Grupo de Tareas en el Exterior, del que formaron parte entre otros Sanchez Reisse, y que un ejemplo concreto es la conocida causa de “Contraofensiva” en la que el juzgado Correcional Federal N°4 condenó a varios integrantes del 601.

“Varios sectores de las dictaduras latinoamericanas propusieron el esfuerzo conjunto, y conformaron una red de inteligencia entre Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, con la intervención insoslayable de la DINA Chilena; que fue denominada como Operación o Plan  Condor, que tuvo su accionar en varios países; y que de ese modo la cooperación para la seguridad continental evolucionó hasta convertirse en un programa coordinado de contrainsurgencia basado en un modelo de operaciones militares clandestinas y no convencionales, en colaboración con la agencia de inteligencia norteamericana (CIA)”, sostuvieron Alagia y Sosti.