La dictadura brasileña colaboró al más alto nivel en la Operación Cóndor para facilitar información a la Argentina y la actuación en su territorio para que represores de nuestro país secuestraran y repatriaran forzosamente a las víctimas sin dejar rastros en la burocracia oficial. El fiscal general Pablo Ouviña fundó esta tesis en el alegato por el histórico juicio que se realiza desde marzo de 2013 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en la Capital Federal. Con la asistencia de la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky, Ouviña comenzó su exposición el pasado 7 de agosto y desde entonces, dos veces por semana, viene desarrollando sus conclusiones. Se espera que culmine el próximo viernes 6 de noviembre.

Las pruebas ventiladas en el debate, explicó el fiscal, "demuestran de manera inequívoca la actuación coordinada que existió entre las fuerzas represivas de Argentina y de Brasil para la captura y desaparición de sus opositores políticos, en el marco de la "'Operación Cóndor'".

En el debate, que juzga la responsabilidad de 19 acusados (18 argentinos y un uruguayo), se ventilan tres casos de víctimas que tienen relación con este binomio represivo: Mónica Susana Pinus de Binstock, Horacio Domingo Campiglia y Norberto Armando Habegger (1978). Los tres fueron secuestrados en Río de Jainero; los dos primeros, en 1980; Habegger, en 1978.

"Operación Gringo"

El caso de este último permite analizar los vínculos aceitados de ambas dictaduras. El fiscal asentó su exposición en documentos de diferentes fuentes y testimonios de víctimas y expertos que declararon en el debate.

Habegger, de por entonces 37 años, era periodista y secretario de organización de la rama política de Montoneros. Desapareció tras arribar -procedente de México- con un nombre falso a Río de Janeiro el 31 de julio de 1978. Tenía documentos a nombre de Héctor Esteban Cuello. Se calcula que su secuestro, a manos de represores argentinos, sucedió en aquella ciudad entre ese día y el 9 de agosto.

Habegger había viajado a la ciudad carioca para reunirse con compañeros de militancia exiliados. En al menos tres documentos de diferente procedencia, se refiere su búsqueda previa por parte de la entente represiva. Ouviña explicó que un documento producido el 18 de julio de 1978 por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires afirma que Habegger "estaba activo en Argentina, Méjico y Brasil" (Sic).

En el Archivo del Terror, en Paraguay, fue encontrada una carta que el propio Habegger había enviado a sus compañeros del Partido Peronista Auténtico fechada en Buenos Aires el 18 de julio de 1978, lo cual "da cuenta de que la correspondencia de Habegger había sido interceptada de algún modo y había circulado por los servicios de inteligencia de la región", concluyó el fiscal.

Ouviña también se refirió a los dichos del oficial de inteligencia brasileño Paulo Malhães, quien le dijo a la presidenta de la Comisión de la Verdad de ese país, Nadine Borges -testigo en este juicio- que entre 1977 y 1978 el presidente de la Nación le había ordenado el secuestro de un argentino que era uno de los líderes de Montoneros, en el marco de la "Operación Gringo".

El agente brasileño agregó ante Borges que policías argentinos e, incluso, un médico, fueron a buscarlo a ese país y luego lo trasladaron "con éxito" a la Argentina.

Todos esos datos, explicó el fiscal, se complementan con testimonios de sobrevivientes del circuito de los centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo que, durante su cautiverio, escucharon a los represores de esos centros planear el operativo de secuestro de Habegger.

De observador a miembro pleno

La dictadura en Brasil se extendió entre 1964 y 1985. Ouviña analizó distintos tramos de esa larga historia e individualizó a las Direcciones de Orden Político y Social (DOPS) y sus brazos operativos, las Secciones de Orden Público (SOPS), como las encargadas de materializar la persecución de disidentes políticos.

Señaló que "el modelo brasileño se basó en la represión selectiva, el uso generalizado de la tortura y la prisión política" y precisó que "el punto de máxima tensión de la represión en Brasil fue la emprendida contra la guerrilla de Araguaia, en 1972", cuando "por primera vez, se planificó y llevó a cabo una política oficial de exterminio, desaparición forzada y masiva de personas".

Esa cruenta represión fue precedida de dos "oleadas importantes de destierros", que tuvieron como víctimas a la "generación del '64" -miembros del gobierno de Joao Goulart- y a la "generación del '68" -militantes del Partido del Trabajo Brasilero y del Partido Comunista de Brasil, e intelectuales de izquierda-.

Respecto de la actuación de Brasil fuera de sus fronteras, el fiscal evaluó que "a pesar de que la fase represiva más aguda de la dictadura brasileña ya había pasado cuando se firmó el acta fundacional de Cóndor [28 de noviembre de 1975], los exiliados brasileños también sufrieron sus consecuencias", pues "Brasil no había abandonado las hipótesis de conflicto relativas a la Doctrina de Seguridad Nacional y, además, la situación regional ameritaba su participación".

En ese sentido, Ouviña explicó que "al principio Brasil se limitó a observar el desarrollo de Cóndor, para luego pasar a formar parte como miembro de pleno derecho". Agregó que de esa forma "se entiende que entre marzo de 1976 y diciembre de 1977 hayan desaparecido en Argentina varios ciudadanos brasileños", aunque esos casos -aclaró- no integran el objeto de este juicio.

El fiscal también indicó que "hubo una colaboración entre Brasil y Uruguay en el operativo fallido de desaparición de dos miembros del PVP [Partido por la Victoria del Pueblo], Universindo Rodriguez y Lilian Celiberti, en noviembre de 1978".

Las fotos del Cóndor

La participación de Brasil en la Operación Cóndor se dio en el marco de un proceso singular: cuando se produjo el golpe de Estado en nuestro país, en Brasil se estaba produciendo "un proceso de apertura política controlada", que había comenzado en 1974, en el marco del cual, en 1979, se promulgó una ley de amnistía para "los perseguidos políticos". De ser un país que impulsó los destierros, esa situación lo convirtió en "un país de acogida, en especial para los argentinos que escapaban de nuestra dictadura", explicó el fiscal.

En ese contexto, añadió, "las actividades [de denuncia] propias de los exiliados, sumadas a las actividades clandestinas de los miembros de las organizaciones como Montoneros o el PVP, motivaron y habilitaron el uso de las redes de coordinación represiva".

Ouviña recordó que el agente Malhães le dijo a Borges que un espía argentino, identificado como Eduardo Marttone, estaba infiltrado en las organizaciones argentinas y trabajaba con el servicio de inteligencia del Ejército de Brasil.

El nombre de Marttone aparece en informes de la inteligencia brasileña sobre organizaciones políticas de su país y de la Argentina que fueron secuestrados del domicilio de Malhães y aportados en este juicio por Borges.

"Estos documentos -explicó Ouviña- dan cuenta, de manera muy puntillosa, de cómo eran infiltradas las organizaciones de exiliados y también las organizaciones políticas que organizaban diferentes formas de resistencia a la dictadura".

Entre otras cosas, uno de los informes adjunta un organigrama de la organización Montoneros, enviado por el Grupo de Tareas 2 de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, que "permite confirmar la naturaleza institucional de este intercambio", concluyó el fiscal.

Malhães le explicó a Borges que, en el contexto de persecución, ordenó confeccionar un álbum fotográfico y registrar datos sobre esos exiliados: "con quiénes se relacionaban y dónde vivían, colocando luego a las personas en grupos, para informar a las fuerzas argentinas", citó Ouviña.

El fiscal explicó que esa afirmación fue corroborada por la declaración ante la CONADEP de dos sobrevivientes en el legajo correspondiente a Habbeger. "Allí, se menciona que miembros del GT2 llevaron al CCD Olimpo dos álbumes de fotos. Uno contenía más de cien imágenes de personas exiliadas en Brasil y que se encontraban bajo protección de ACNUR", refirió.

"Posteriormente comprobaron que esas fotos eran las mismas que exigía la policía brasileña a los refugiados para salir del país", dijo Ouviña, y aclaró que "todas estaban acompañadas con los respectivos nombres y apellidos. El otro álbum contenía fotos de seguimientos a argentinos, residentes o de paso por Brasil".