El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 dictó ayer 29 condenas de prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) contra casi 800 víctimas. Fue al término del juicio oral y público de la causa conocida como “ESMA Unificada” que había comenzado en 2012  y significó el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino. Al término de su alegato, en diciembre de 2015, la Fiscalía había requerido la imposición de 52 penas de prisión perpetua y otras cuatro de entre 10 y 25 años.

El presidente del tribunal Daniel Obligado comenzó a leer el veredicto minutos después de las 16 y finalizó cerca de las 20. Los fiscales Abel Córdoba, María Ángeles Ramos y Jorge Auat -titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad- representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia.

Antes de dar a conocer las penas, el tribunal -que se completó con Leopoldo Bruglia y Adriana Pallioti- informó que no hizo lugar a los planteos de cosa juzgada; de ne bis in ídem; nulidades e inconstitucionalidades varias; de extinción de la acción penal por prescripción y violación del plazo razonable; de la lectura de las piezas acusatorias; de los requerimientos de elevación a juicio de los alegatos del MPF y las acusaciones particulares, formulados por las defensas de distintos imputados, entre otros. Asimismo, señalaron que los delitos juzgados “son constitutivos de crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles”.

El juicio comenzó con 68 acusados pero llegó a su fin con 54. En los cinco años de trámite, once fallecieron y otros tres fueron apartados del debate por razones de salud.

El fiscal Abel Córdoba destacó a Fiscales que "el tribunal ratificó su propia doctrina y la llevó más allá, al condenar a autores que no habían sido condenadas por estos hechos y nunca habían tenido prisión perpetua". Sobre el contenido de los hechos juzgados, hizo hincapié en que" el veredicto tuvo por acreditado la metodología de los vuelos de la muerte", al recaer condenas sobre los dos pilotos de la Prefectura Naval "responsables de pilotear y tirar gente desde los aviones Skyvan".

Por otro lado, remarcó que, globalmente, se trató del juicio "más grande que se haya hecho". De los casi 800 casos, 484 "fueron por desaparición forzada o por homicidios agravados".

"Como decisión judicial nos parece muy relevante para las víctimas que durante años y años acudieron a las audiencias de juicio y dejaron allí sus palabras, vivencias y sufrimientos", agregó el fiscal general.

"La hipótesis de la fiscalía estuvo corroborada, avalada por pruebas y una acusación muy contundente trabajada durante años. Esto evidentemente ha derivado en una decisión que es histórica, de las más relevantes que se ha dictado no sólo por volumen, sino por el contenido de los casos", añadió.

El detalle de las condenas impuestas y las absoluciones

Las penas recayeron sobre el jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales y luego subjefe de Operaciones del Estado Mayor Naval, Rubén Oscar Franco (20 años de prisión), el jefe de Operaciones y de Planeamiento Naval, entre otras cargos jerárquicos, Edgardo Aroldo Otero (17 años de prisión) y el jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada, Mario Pablo Palet (8 años de prisión).

Por otro lado, respecto a quienes la acusación enmarcó como integrantes del Grupo de tareas 3.3 de la ESMA, las condenas fueron las siguientes: Jorge Eduardo Acosta (perpetua), Rodolfo Agusti Scacchi (perpetua), Alfredo Ignacio Astiz (perpetua), Ricardo Miguel Cavallo (perpetua), Rodolfo Oscar Cionchi (perpetua), Hugo Enrique Damario (perpetua), Francisco Armando Di Paola (perpetua), Adolfo Donda (perpetua), Miguel Ángel García Velasco (perpetua), Alberto Eduardo González (perpetua), Ricardo Jorge Lynch Jones (absuelto), Luis Ambrosio Navarro (perpetua), Guillermo Horacio Pazos (16 años de prisión), Antonio Pernías (perpetua), Jorge Carlos Radice (perpetua), Juan Carlos Rolón (perpetua), Néstor Omar Savio (perpetua) y Carlos Guillermo Suárez Mason (perpetua).

El capitán Eugenio Bautista Vilardo, quien se desempeñó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y tuvo una relación directa con los miembros del GT 3.3 -de la FUERTAR 3- fue condenado, también, a prisión perpetua.

Las penas impuestas a los imputados vinculados al grupo de tareas fueron: Juan Arturo Alomar (13 años); Paulino Oscar Altamira (8 años y seis meses de prisión); Daniel Humberto Baucero (10 años de prisión); Julio César Binotti (8 años de prisión); Miguel Enrique Clements (8 años de prisión); Daniel Cuomo (perpetua); Juan de Dios Daer (8 años de prisión); Carlos Eduardo Daviau (12 años de prisión); Orlando González (perpetua); Víctor Roberto Olivera (14 años de prisión); Antonio Rosario Pereyra (10 años de prisión); Héctor Francisco Polchi (11 años de prisión); Miguel Ángel Alberto Rodríguez (8 años de prisión).

Respecto de los médicos navales del centro clandestino de detención, Carlos Octavio Capdevila fue condenado a 15 años de prisión; Jorge Luis Magnacco, a 14 años de prisión y a la pena única de 24 años por condenas recibidas anteriormente; y Rogelio Jorge Martínez Pizarro, a prisión perpetua.

Entre los civiles que llegaron acusados al debate oral estuvieron el ex secretario de Hacienda, Juan Ernesto Alemann, quién resultó absuelto, y el secretario de un juzgado de instrucción, Gonzalo Dalmacio Torres De Tolosa, condenado a perpetua.

Por los denominados “vuelos de la muerte” resultaron condenados los pilotos de Prefectura Naval Mario Daniel Arru (perpetua) y Alejandro Domingo D'Agostino (perpetua). Los pilotos de la Armada Emir Sisul Hess y Julio Alberto Poch, por su parte, fueron absueltos. El mecánico de vuelos Rubén Ricardo Ormello también fue absuelto.

En cuanto a los integrantes del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (SIPNA), Juan Antonio Azic fue condenado a prisión perpetua y Jorge Manuel Díaz Smith, a 12 años de prisión.

Por el lado del personal de Inteligencia del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), a Pablo Eduardo García Velasco, Francisco Lucio Rioja y Hugo Héctor Siffredi, el Tribunal les impuso la pena de prisión perpetua.

Finalmente, a los miembros de la Policía Federal Argentina Juan Carlos Fotea, Claudio Orlando Pittana y Ernesto Frimón Weber se les impuso penas de 25 años de prisión, para el primero, y de prisión perpetua a los segundos. El miembro del Ejército Roque Ángel Martello resultó absuelto.