La fiscal Mercedes Soiza Reilly requirió hoy que 52 de los 56 acusados que llegaron al final del juicio por los crímenes en la denominada causa ESMA Unificada sean condenados a prisión perpetua y solicitó penas de entre 10 y 25 años de prisión para otros cuatro, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 700 víctimas con actuación de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Además, pidió al Tribunal que en la sentencia se ordene a los diarios Clarín, La Nación, La Razón, Crónica y La Prensa y a las revistas Para Tí y Gente que "publiquen las rectificaciones correspondientes en relación a la información falsa, oportunamente vertida" por haber presentado "a las víctimas de los operativos como delincuentes, sediciosos, terroristas", cuando en realidad habían sufrido el terrorismo de Estado.

Soiza Reilly, acompañada por los fiscales generales Guillermo Friele y Abel Córdoba, culminó así 108 horas de alegato y más de cinco meses de exposición, tras haber tomado la voz en esta etapa el 6 de julio pasado.

Los pedidos de prisión perpetua fueron para los miembros de la Armada Jorge Eduardo "El Tigre" Acosta, Randolfo Luis "Tano" Agusti Scacchi, Juan Arturo "Ariel" Alomar, Paulino Oscar Altamira, Alfredo Ignacio Astiz, Daniel Humberto Baucero, Carlos Octavio Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Miguel Enrique Clements, Daniel Néstor Cuomo, Juan de Dios Daer, Hugo Enrique Damario, Carlos Eduardo Daviou, Francisco Armando Di Paola, Adolfo Miguel Donda Tigel, Rubén Oscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González, Orlando González, Ricardo Jorge Lynch Jones, Jorge Luis Magnacco, Rogelio José Martínez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Víctor Roberto Olivera, Rubén Ricardo Ormello, Edgardo Aroldo Otero, Guillermo Horacio Pazos, Antonio Rosario Pereyra, Antonio Pernías, Julio Alberto Poch, Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Radice, Francisco Lucio Rioja, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Hugo Héctor Siffredi, Emir Sisul Hess, Carlos Guillermo Suárez Mason, Antonio Vañek, Eugenio Bautista Vilardo,

La Fiscalía también pidió perpetua para los miembros de la Prefectura Naval Mario Daniel Arru, Juan Antonio Azic, Alejandro Domingo D'Agostino, Enrique Jose de Saint Georges y Jorge Manuel Díaz Smith; para los policías federales Juan Carlos Fotea, Claudio Orlando Pittana y Ernesto Frimón Weber; y para el civil Gonzalo Dalmasio Torres de Tolosa.

En tanto, Soiza Reilly reclamó diez años de prisión para el ex civil integrante del elenco gubernamental golpista, Juan Ernesto Alemann; 18 años de prisión para el militar del Ejército, Roque Ángel Martello; y 25 años de prisión para los marinos Julio César Binotti y Mario Pablo Palet.

En todos los casos, el MPF solicitó -como es de rigor- la aplicación de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y respecto de los médicos Capdevilla, Magnacco y Martínez Pizarro requirió además la inhabilitación especial para ejercer la medicina por el máximo establecido en la ley. En el petitorio además requirió que la sentencia se comunique a los ministerios de Defensa y Seguridad para que se inicien los procesos de baja por exoneración de aquellos acusados que todavía formen parte de las fuerzas armadas, de la Prefectura y de la Policía Federal.

El último tramo del alegato de la Fiscalía fue seguido por decenas de familiares de víctimas, sobrevivientes del terrorismo de Estado y militantes de derechos humanos que ocuparon el reducido espacio del Salón de Usos Múltiples de los tribunales federales porteños de Comododo Py 2002. La audiencia comenzó una hora después de lo previsto porque, un rato antes, la Cámara Federal de Casación Penal solicitó la Sala AMIA, donde debió transcurrir -de acuerdo a lo programado- la audiencia de hoy. Por eso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 dispuso que el juicio se desarrollara en el SUM.

Antes de que comenzara a exponer Soiza Reilly, el público hizo silencio y exhibió las fotos de los desaparecidos cuyos casos se investigaron en esta causa. Esas mismas fotos fueron pasando, una tras otra, en los monitores de la sala de audiencias, con el relato de fondo de la fiscal Soiza Reilly.

La fiscal leyó los pedidos de pena y se lamentó no poder mencionar, una a una, a las víctimas por cuyos casos pedía condena a cada uno de los 56 acusados. Hubiera sido interminable. Un ejemplo lo grafica: para el jefe del grupo de tareas de la ESMA, Jorge "El Tigre" Acosta, la fiscal pidió perpetua por 132 casos de privación ilegal de la libertad agravada y otros 462 agravada por haber durado más de un mes, 592 casos de tormentos, 93 homicidios, 19 sustracciones, retenciones y ocultaciones de niños y niñas, 5 abusos deshonestos, 3 violaciones y 1 robo agravado.

Rectificación y reparación

En el inicio del alegato, la fiscal miró al tribunal desde su escritorio ubicado en la primera fila y comenzó a exhibir artículos periodísticos con información falsa sobre lo que había ocurrido con las víctimas, lo cual quedó en evidencia con las pruebas obtenidas durante el proceso judicial: "Las fuerzas armadas, usando los medios de comunicación, difundieron noticias sobre sus crímenes. Los comunicados oficiales presentaron a las víctimas de los operativos como delincuentes, sediciosos, terroristas", señaló.

"Estos reportes gráficos -prosiguió Soiza- eran parte de la propaganda totalitaria para agitar en la población los fantasmas del miedo y del odio. Con claras intensiones de instalar, aún más, la división social entre los ciudadanos".

"Estas conductas, lejos de ser un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, fueron conductas proyectadas en consonancia con el plan sistemático de exterminio. Los militares ejercieron a traves de los medios de comunicación 'accion psicologica'", explicó, y señaló al respecto que "controlaron los medios de comunicación, pero además cada uno de los responsables de estos emporios periodisticos se adaptaron, manipularon, encubrieron y deformaron la información que era diseminada a la comunidad nacional e internacional".

La fiscal -que citó el reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que ordenó una medida similar al diario La Nueva- puso de relieve que "lo informado tuvo impacto directo en estos hechos, falseando, una vez más, la verdad de lo acontecido. Pero además, tuvo un impacto directo en cada una de las familias que obtenía una información inexacta de lo que había sucedido con su ser querido".

"Señores jueces, es hora de reparar. Es hora de decir la verdad. Que se haga el esfuerzo más tangible para remediar el daño que las víctimas han sufrido", reclamó. Citó más de una veintena de casos donde se logró probar el falseamiento de información publicada por los medios en relación a las víctimas. Concluyó con el de Fernando Diego Menéndez: "Sus padres fueron obligados por los asesinos a narrar que su hijo era un delincuente y que fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas 'legales'. Solo así los miembros del grupo de tares le entregarían el cuerpo de su hijo asesinado para darle cristiana sepultura. Esa carta fue publicada en el Diario La Nación, el 24 de diciembre de 1978".

Por eso, pidió que se ordene a "los diarios Clarín, La Nación, La Razón, Crónica, La Prensa, las revistas Para Tí y Gente publiquen las rectificaciones correspondientes en relación a la información falsa, oportunamente vertida, como un acto moralmente reparatorio, y de reconstrucción de memoria, oportunidad en la que deberán dar cuenta de la verdad probada en este juicio, haciendo expresa mención de la fecha, la página y la sección en la que fueron vertidas las mentiras".

"Justicia por aquellos que amaron"

En el petitorio, la fiscal requirió que "se exhorte al Poder Ejecutivo Nacional para que el Programa La Escuela va a los juicios organizado por el ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos y el Programa Los Estudiantes vamos a los juicios, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sean declarados de interés histórico, cultural y patrimonial".

También, solicito que "los expedientes, al igual que la prueba colectada en este proceso y las imágenes digitalizadas de este juicio" sean "declarados de interés histórico patrimonial y que, con apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se disponga su guarda permanente e histórica para que pueda ser utilizado como un elemento de consulta para las generaciones presentes y futuras".

En el final, levantó la vista de la lectura y otra vez tuvo enfrente a los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia. "Señores jueces, deben ustedes ahora decidir en estos hechos criminales que afectaron a toda la humanidad. Lo que ustedes digan quedará en la historia democrática de nuestro país. Sus voces serán parte de la reconstrucción de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Los hechos cometidos por los aquí imputados dejaron marcadas las huellas del dolor, atravesaron a toda la sociedad. La justicia viene hoy a colaborar con la lucha que los organismos de derechos humanos llevaron desde siempre. La decisión que ustedes tomen expondrá la verdad y será un acto más de reparación, aunque haya llegado de manera tardía, aunque nunca logre mitigar el dolor que ya se ha instalado en esta sociedad argentina. Hago mías las palabras del poeta cubano José Martí: 'Los hombres van en dos bandos; los que aman y fundan; los que odian y deshacen'. Solicitamos, entonces, que impartan justicia, que condenen a los que odiaron, a los que subvirtieron el orden constitucional, a los que avasallaron las instituciones democráticas de nuestra república. Y, entonces, recién ahí se hará justicia por aquellos que amaron".

Un aplauso cerrado no permitió escuchar que el presidente del Tribunal daba por finalizada la audiencia. Familiares de víctimas, víctimas y militantes de derechos humanos esperaron a la salida al equipo de la Fiscalía para brindarle un nuevo reconocimiento por el trabajo llevado a cabo en el juicio. "La labor del Ministerio Público Fiscal en este juicio es parte de una política institucional encabezada por la procuradora general de la Nación, Alejanda Gils Carbó", explicó Soiza Reilly.