La Cámara Federal de Casación Penal designó a Juan Carlos Reynaga y Adolfo Raúl Guzmán, quienes se desempeñan como jueces del TOF de Catamarca, para que integren, junto a su colega Gabriela Catalano, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, a fin de juzgar al ex magistrado Ricardo Lona por las irregularidades cometidas en la investigación por el secuestro y desaparición del ex gobernador salteño Miguel Ragone, y por el homicidio y las lesiones de los testigos Santiago Catalino Arredes y Margarita Martínez de Leal. En virtud de ello, los fiscales generales Carlos Amad y Francisco Snopek solicitaron el inmediato inicio del debate oral.

El 10 de febrero pasado, el juez federal Fernando Poviña acogió el requerimiento de elevación a juicio presentado por las querellas y por los fiscales Snopek y Amad, quienes habían acusado a Lona como autor de los delitos de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento, en el marco de la investigación por la desaparición del ex gobernador Ragone y el homicidio y lesiones sufridos por los testigos de su abducción.

En la mañana del 11 de marzo de 1976, en ocasión de que conducía su vehículo por la capital salteña, el entonces gobernador Ragone fue interceptado por un grupo de tareas, que lo golpeó para inmovilizarlo y –una vez desvanecido- lo trasladó al asiento trasero. La secuencia fue observada por Arredes y su empleada, Martínez de Leal, ante lo cual recibieron una ráfaga de disparos que le ocasionó la muerte al comerciante y graves lesiones a la mujer.

En su requerimiento de elevación a juicio, presentado en octubre de 2016, los fiscales señalaron que Ragone, en su calidad de juez, omitió adoptar las medidas procesales trascendentes para la pesquisa, al tiempo que controló y seleccionó las medidas que debía adoptarse, todo lo cual convalidó el irregular accionar policial tendiente a “hacer desaparecer o frustrar pruebas relevantes para llegar a identificar a los responsables" del atentado. En esa línea, pusieron de relieve que el ex magistrado clausuró de manera prematura la investigación, a pocas semanas de haber recibido el sumario policial.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron que el entonces juez federal -el único que tenía la provincia en esa época- nunca citó al testigo que en la víspera de los hechos había advertido a Ragone que un comando había partido desde Córdoba en la noche anterior con el objetivo de asesinarlo. También remarcaron la omisión de Lona de citar a prestar declaración testimonial a las personas del entorno de la víctima y a la testigo Martínez de Leal, y la falta de investigación de las pistas que surgían de las circunstancias que rodearon los hechos.

Ahora, frente a la integración del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, por parte de los magistrados Gabriela Catalano, Juan Carlos Reynaga y Adolfo Raúl Guzmán, los fiscales Amad y Snopek solicitaron “que por presidencia se cite a juicio, y se cumpla así, con la premura que amerita el caso de autos, con los trámites procesales que corresponden a esta etapa preliminar e inmediata al comienzo del juicio”.

Otro proceso por delitos de lesa humanidad

Lona también será sometido a juicio por su intervención en “La Masacre de Palomitas”, donde se investiga el homicidio de 11 presos políticos en un procedimiento fraguado para garantizar la impunidad de los responsables.

Así, el juez Daniel Bejas juzgará, bajo el antiguo régimen procesal penal, la conducta de Lona, quien fue procesado como partícipe necesario en los homicidios de Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Graciela Droz, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Outes, José Victorio Povolo, Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger y María Amaru Luque de Usinger quienes, el 6 de julio de 1976, con la excusa de ser trasladados desde el Penal de Villa Las Rosas a la ciudad de Córdoba, fueron acribillados en un procedimiento fraguado en el Paraje Las Palomitas.