El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzará a juzgar desde mañana a diez ex militares, nueve ex policías y un ex gendarme por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 270 víctimas durante el denominado Operativo Independencia, "la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán desde febrero de 1975", según señala la acusación fiscal.

Con la lectura de esa pieza procesal en la voz del fiscal federal a cargo de la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán, Pablo Camuña, y del fiscal ad hoc Agustín Chit, comenzará mañana el histórico debate oral y público por "la primera experiencia de un terror estatal total en Argentina", según lo definió la misma Fiscalía al requerir la elevación de la causa a juicio.

Los fiscales bregarán para que a los veinte acusados con los que mañana se iniciará el juicio se sumen otros veinte que fueron procesados el año pasado y aguardan la resolución de los recursos de apelación de aquella decisión.

El debate estará a cargo de los jueces Juan Carlos Reynaga, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla. Para probar los hechos, la fiscalía ofreció alrededor de 1400 testigos, de los cuales fueron admitidos más de mil por parte del tribunal, lo cual habla del volumen y la extensión que podría tener el juicio, cuyas audiencias están estipuladas para desarrollarse todos los jueves y viernes a partir de las 9.00 horas.

Los veinte acusados con los que inicia el debate son el ex jefe de la Zona Capital de la Policía tucumana y luego su jefe de Informaciones, Roberto Heriberto Albornoz (84); el ex oficial de la comisaría de Tafi Viejo, Ramón César Jodar (73); el ex oficial ayudante y jefe de la comisaría de León Rouges (69), Miguel Ángel Moreno; el ex oficial y jefe de la comisaría de Trancas, José Ernesto Cuestas (76); el ex policía de Tucumán, Franciso Camilo Orce (64); y los siguientes integrantes del Servicio de Informaciones de la Policía: el ex oficial principal Ricardo Oscar Sánchez (71), el ex agente Luis Armando de Cándido (77); el ex subcomisario José Luis del Valle Figueroa (72); y el ex oficial ayudante Manuel Rubén Vila (64).

Los ex militares que llegaron a juicio son el ex interventor de la Jefatura policial, Néstor Rubén Castelli (86); el ex jefe del Equipo de Combate del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, Pedro Adolfo López (69); el ex supervisor militar del Departamento de Informaciones policial, Jorge Omar Lazarte (71); el ex teniente primero del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, Enrique José del Pino (70); el ex auxiliar de la Jefatura de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Vta Brigada de Infantería de Tucumán, Jorge Gerónimo Capitán (80); el ex jefe de la Compañía Comando y Servicios del Comando de la Vta Brigada, Alberto Alfredo Svendsen (70); el ex jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato, Enrique Benjamín Bonifacino (84); el ex jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal (Salta), Omar Edgardo Parada (89); el ex 2° jefe y jefe del Estado Mayor de la Compañía de Comunicaciones 5 de Tucumán, Julio César Meroi (73); y el ex capitán y auxiliar de la sección jurídica del Comando de la Vta Brigada, José Roberto Abba (72).

La nómina de acusados se completa con el ex segundo comandante de la Gendarmería Nacional, Casiano Pedro Burtnik (74).

Los delitos que se juzgarán son considerados como crímenes de lesa humanidad para el derecho internacional. En la acusación, la Fiscalía los encuadró en esa tipología y en base al Código Penal de la Nación como violación de domicilio, robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en banda y en poblado; privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones; torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad; violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas y abuso deshonesto agravado; y asociación ilícita.

Datos de la historia

"Es un proceso penal donde vamos a probar que se cometieron hechos contra 270 víctimas en el marco de un plan represivo. En ese sentido es un juicio más", dijo Camuña a Fiscales, aunque señaló que la importancia histórica del Operativo Independencia para la provincia está dada en que "uno de cada tres desaparecidos" de Tucumán corresponde a ese procedimiento.

Cuando el 8 de febrero de 1975 se produjo el despliegue de fuerzas militares y de seguridad en Tucumán dando inicio formal al Operativo Independencia, la provincia registraba "un largo camino de precedentes" con intervenciones militares, indicó la Fiscalía al requerir el juicio oral. De acuerdo con la acusación, el primer período de ese procedimiento se extendió hasta el 17 de diciembre de 1975, cuando su primer comandante, Adel Edgardo Vilas, fue reemplazado en la jefatura de la Vta Brigada de Infantería por Antonio Domingo Bussi, quien completó la faena.

El 5 de febrero de 1975 fue el puntapié inicial. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto “S” (secreto) n° 261/75, por el que dispuso: “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. Esa normativa -que puso bajo el mando militar a las policías Federal y tucumana y daba intervención para el apoyo a las operaciones a las secretarías de Bienestar Social y de Prensa y Difusión de la Nación- fue sucedida por otros decretos e instrucciones militares que a lo largo de los meses siguientes fueron dando forma al plan criminal.

Por esa razón, la Fiscalía insiste hasta hoy con la convocatoria a declaración indagatoria de la ex vicepresidenta de la Nación -en ejercicio de la Presidencia- María Estela Martínez, pedido que ha sido denegado en distintas instancias.

En el Operativo Independencia participaron orgánicamente el Ejército, la Gendarmería, las policías provincial y Federal, el Servicio Penitenciario y la Fuerza Aérea. La ocupación territorial fue llevada a cabo, primero, con cinco fuerzas de tareas conformadas por miembros de esos organismos y, más tarde, con nueve. Se instalaron al menos once bases militares en cinco departamentos de la provincia.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, algunas de las 270 víctimas (217 varones y 53 mujeres) sufrieron más de un secuestro, por lo que durante el debate se ventilarán 286 casos de secuestro. De todas ellas, 116 continúan desaparecidas, 100 fueron liberadas, 17 asesinadas y 37 "legalizadas", es decir, reconocido su cautiverio tras pasar el encierro en la clandestinidad y luego puestas en libertad. De los 286 secuestros, 208 se produjeron en los domicilios de las víctimas.

Si se analizan uno por uno los 270 casos, se puede advertir que fueron denunciados 41 lugares de detención clandestina en toda la provincia, distribuidos en nueve departamentos. Los puntos principales de concentración fueron el denominado centro clandestino de detención la Escuelita de Famaillá, la Jefatura policial, la Brigada de Investigaciones y el penal de Villa Urquiza.