El juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Alberto Ferreiro Pella, dispuso la detención de dos ex funcionarios del Poder Judicial bonaerense, de una psicóloga y de otras dos mujeres, también civiles, acusadas de haberse apoderado durante la última dictadura de tres niños de 2, 4 y 5 años, que fueron deliberadamente separados de su familia, y alojados en un hogar, donde padecieron todo tipo de malos tratos y abusos sexuales.

La orden de detención se concretó el martes por la tarde. Cuatro de los cinco imputados comparecieron ayer y se negaron a prestar declaración ante el juez y el fiscal federal Sergio Mola, quien tuvo a su cargo la investigación de la causa y había solicitado la detención de los cinco acusados y acusadas.

La medida judicial es el corolario de un largo proceso paradigmático por la connivencia de civil y de funcionarios públicos con los delitos del terrorismo de Estado, que en este caso particular está caracterizado por la violencia contra tres hermanos (dos niños y una niña), quienes sufrieron el asesinato de su madre y el encarcelamiento de su padre, y fueron separados de su familia y sometidos durante años a malos tratos y abusos sexuales en un hogar de menores.

Asesinatos y apropiación

El 14 de marzo de 1977 los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, de 2, 4 y 5 años de edad, fueron testigos de los homicidios de su madre, Vicenta Orrego, y de sus compañeros Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga, ejecutados por fuerzas militares y policiales en una vivienda del barrio San José, en el partido de Almirante Brown. En la balacera Carlos fue levemente herido por una bala que rozó su cabeza.

Por ese entonces, Julio Ramírez Domínguez, el padre de los niños, estaba detenido como preso político desde 1974.

Los cuerpos de Ruibal y Alvarenga fueron inhumados como NN en el cementerio de Rafael Calzada y posteriormente individualizados. Vicenta Orrego permanece desaparecida.

Alejandro, María Ester y Carlos fueron dejados por los represores en la casa de unos vecinos, con la promesa de que regresarían a buscarlos. Pero al cabo de una semana sin tener noticias, los vecinos se dirigieron a una comisaría y desde allí los derivaron al Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, por entonces a cargo de la jueza Marta Delia Pons (fallecida), a quien asistían sus secretarios Nora Susana Pellicer y Lisandro Luis Chiavaro, ambos imputados y ahora detenidos.

La magistrada inició un expediente de guarda en el que -según describió el fiscal Mola- se violaron "todas las disposiciones que regían en la materia", dado que no se averiguó la identidad de los padres ni las circunstancias en que los niños llegaron a los vecinos; tampoco se pidió informes al juez penal de turno acerca de los hechos que culminaron con los homicidios de su madre y sus compañeros. El ataque a la vivienda del barrio San José no fue un hecho ocultado: fue publicado con detalles por al menos tres diarios, en los que se mencionaba la presencia de los niños.

Para la fiscalía "no se realizó ninguna averiguación por motivo de conocerse, desde el comienzo, quiénes eran los padres de los niños, identificándolos con los enemigos que el régimen dictatorial imperante pugnaba por aniquilar”. Tampoco, añadió Mola, se intentó buscar a sus familiares "porque no había ninguna intención de entregárselos, sino todo lo contrario".

La jueza Pons dispuso el alojamiento de los niños en el Hogar Leopoldo Pereyra de Banfield y días después ordenó su traslado al "Pequeño Hogar de Belén", creado por un sacerdote de la parroquia Sagrada Familia de Nazareth de Banfield, y que estaba a cargo –con la figura de familia sustituta- de un matrimonio compuesto por Dominga Vera (ahora detenida) y Manuel Maciel (fallecido), quienes convivían con los niños internados.

En ese lugar, los niños fueron sometidos a todo tipo de malos tratos -que incluyeron golpes, falta de alimentación y el insulto y la calumnia a sus padres-, amenazas y abusos sexuales en forma cotidiana. Allí también padecieron la alteración de su identidad, dado que Vera y Maciel les agregaron el apellido Maciel y suprimieron el de su padre y su madre o, según el caso, sólo el de su madre, en el colegio y en la parroquia, tal como quedó asentado en los boletines de calificaciones y en los certificados de bautismo -los niños fueron rebautizados-, que fueron secuestrados en la investigación.

La fiscalía también pudo dar en allanamientos con documentación genuina de los niños en manos de Vera y logró acreditar que al menos desde marzo de 1978 los funcionarios y los responsables del hogar conocían muy bien la identidad de los tres niños y pese a ello los siguieron reteniendo y ocultando.

"El accionar de los responsables del Tribunal de Menores pone de manifiesto su identificación con el plan de represión y persecución política llevada a cabo por el gobierno de facto" y también "confirma la asunción de roles claramente definidos en el marco de esa política de devastación del enemigo, apropiándose de sus hijos, con la consiguiente desintegración de sus costumbres e ideas contrarias a las impuestas por el régimen", aseguró la fiscalía en el pedido de indagatoria de los cinco imputados e imputadas.

Mola indicó en el pedido de indagatorias que "a poco de ingresar al Hogar todos fueron objeto de graves abusos sexuales –inclusive violaciones-, que se extendieron durante casi todo el tiempo que estuvieron alojados en el Hogar, por parte de Manuel Maciel y de otras personas vinculadas con la institución, que cumplían el rol de padrinos de los niños, entre ellos, el referido Juan Carlos Milone (detenido), Prosecretario de la Comisión Directiva del Hogar, referente de la misma al menos ante los referidos traslados de los menores, y ante consultas o disposiciones administrativas".

La restitución

Un año después de que ocurrió la apropiación de los niños y el homicidio de su madre, Lucila Domínguez -hermana del padre- viajó desde Paraguay, de donde es oriunda la familia, para solicitar que Alejandro, María Ester y Carlos sean devueltos. Pero la entrega no se produjo.

Al analizar la documentación de la causa, el fiscal Mola señaló que la mujer fue engañada "aprovechándose de la extrema situación de vulnerabilidad por ser extranjera, por su básica educación formal, por su situación socio-económica, por el miedo con el que vivía", y le hicieron firmar un declaración que no expresaba su voluntad: "ella desearía ver a sus sobrinos, pero comprende que es necesario velar por ellos en primer lugar. Que tampoco desearía que su hermano lleve a sus hijos", dice esa constancia escrita en el tribunal de menores a cargo de Pons.

Cuando pudo declarar en la causa judicial, Lucila Domínguez contó: "La jueza no me permitió ver a los niños. Me dijo que si ellos se iban conmigo o con mi hermano los amigos de él los iban a matar y que yo no tenía dinero para poder mantenerlos y darles de comer".

Cinco meses después de que compareciera la tía de los niños, el tribunal ordenó un informe a la asistente social Felicitas Elías, quien aconsejó su devolución a la familia biológica. Aquella profesional, señala la fiscalía, fue objeto de "fuertes presiones" de la jueza y de la psicóloga Teresa Gómez (detenida) para que modifique su dictamen, cosa que no hizo y por lo cual fue objeto de represalias laborales.

La jueza ignoró el dictamen de Elías y le encargó uno a Gómez, que estuvo acorde con la negativa a entregar a los niños a su familia. La psicóloga siguió interviniendo en el caso. En julio de 1982 expresó en un dictamen que los niños "por la integración lograda y por la continencia afectiva recibida en el Hogar sustituto, han podido evolucionar respondiendo adecuadamente a pautas de desarrollo y maduración acordes a sus edades respectivas".

El padre de los niños, en tanto, salió de la cárcel en 1981 y se asiló en Suecia. Fue representado en el proceso judicial por el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone, quien en 1982 pidió la devolución de los niños a Ramírez, solicitud que fue rechazada por Pons y hasta por la Suprema Corte bonaerense y que recién el 29 de julio de 1983 revirtió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los tres niños fueron recuperados por su padre, tras más de seis años, y se fueron a Suecia, donde vivieron exiliados y continuraron allí con su vida. No obstante, los hermanos se presentaron en la causa como parte querellante y ejercen un rol activo a través de su apoderado, el abogado Luis Valenga.

Los imputados

Los cinco detenidos por el juez Ferreiro Pella a pedido del fiscal Mola son la ex titular del hogar de Belén, Dominga Vera; el ex padrino de aquella institución Juan Carlos Milone, de 91 años; la hasta hace poco meses secretaria del Tribunal de Menores N°4 de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer; el ex secretario del tribunal de Menores a cargo de la jueza Pons, Lisandro Luis Chiavaro (quien se encuentra internado y no pudo ser indagado); y la psicóloga María Teresa Gómez.

Vera está acusada por el delito de alteración y supresión del estado civil de los tres niños y como partícipe necesaria del delito de violación de dos de ellos, doblemente agravada por haber causado un grave daño en la salud de las víctimas y por ser encargada de su guarda.

Milone (91 años) está imputado como coautor del delito de violación doblemente agravada por haber causado un grave daño en la salud de una de las víctimas y por ser encargado de su guarda.

Chiavaro y Pellicer, en tanto, están acusados en su carácter de funcionarios del Tribunal de Menores como partícipes necesarios del delito de sustracción, retención y ocultamiento de de los niños y de la alteración y la supresión del estado civil.

La psicóloga María Teresa Gómez está imputada como partícipe necesaria del delito de sustracción, retención y ocultamiento de los niños, la alteración y supresión del estado civil de menores, autora de falso testimonio, y cómplice necesaria del delito de violación doblemente agravada por haber causado un grave daño en la salud de dos de los niños y por ser encargada de su guarda.

La investigación

Mola informó a Fiscales que los cinco imputados e imputadas, todos de avanzada edad, serán examinados por profesionales del Cuerpo Médico Forense para determinar si pueden cumplir la detención en un establecimiento penitenciario.

El fiscal también explicó que la causa que tiene por víctimas a los hermanos Ramírez es parte de una investigación aún mayor, motorizada por la fiscalía con la ayuda de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños y niñas y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo -querellante-, dirigida a la detección de irregularidades en procesos de guarda y adopción en los que intervino el tribunal a cargo de Pons.

Aquella dependencia judicial fue allanada en el marco de la investigación y fueron secuestrados unos 1500 expedientes, que fueron sometidos a análisis. "Estuve siete días buscando causas en el tribunal", contó Mola. El foco está puesto, ahora, en veinte expedientes, a raíz de las irregularidades detectadas en ellos.