El dictamen de los profesionales médicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General fundamentó el rechazo a la prisión domiciliaria que había solicitado el múltiplemente condenado por crímenes de lesa humanidad ex comisario de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

La decisión de denegar el beneficio fue adoptada el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, uno de los tantos jueces que tienen detenido a Etchecolatz imputado por crímenes del terrorismo de Estado. La resolución judicial afecta a Etchecolatz en tres causas que tramitan en ese juzgado por los delitos perpetrados en los centros clandestinos que funcionaron en las brigadas de Banfield, Lanús y Quilmes. El juez Kreplak dispuso que el represor fuera trasladado para la atención de su salud a un centro hospitalario extramuros, donde deberá ser vigilado las 24 horas por personal del Servicio Penitenciario Federal.

El dictamen de la DATIP en el que se basó el magistrado fue formulado por el médico Marcelo Raposeiras y la psiquiatra María Marta Scorticati, quienes actuaron como peritos de parte propuestos por la Unidad Fiscal Federal de La Plata que interviene especialmente en esos procesos.

Para examinar al represor, los profesionales de la DATIP se trasladaron al hospital de la cárcel federal de Ezeiza junto a sus pares de la Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, el clínico Héctor Papagni y la psicóloga Adela Orgatti. Etchecolatz se encuentra en ese centro de atención intramuros luego de que comenzara un huelga de hambre el 26 de julio pasado, tras enterarse que no se haría efectiva la resolución por la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria cuatro días antes.

Desde el aspecto clínico, los especialistas de la DATIP y del CMF dictaminaron en forma conjunta que si bien Etchecolatz cursa un cuadro de deterioro físico debido a la huelga de hambre, su situación no encuadra en las prescripciones del artículo 32 de la ley 24660, que prevé el cumplimiento de la pena impuesta en prisión domiciliaria. No obstante, aconsejaron su internación en un hospital extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio.

Por su lado, los especialistas en psicología y psiquiatría opinaron que no se observaban signos de enfermedad psiquiátrica. Plasmaron en su informe que si bien Etchecolatz no intercambió palabras con ellos, sí lo hizo perfectamente con su médica una vez concluido el examen. Los profesionales concluyeron que Etchecolatz estaba perfectamente supervisado y que recibía los cuidados necesarios.

En efecto, tras evaluar los informes, el juez Kreplak indicó que "el imputado presenta un estado de salud de regular a malo, con un deterioro físico importante y, derivado de éste, también en alguna medida psicológico", pero que "en esta situación influyen su avanzada edad y, de modo determinante, la huelga de hambre que cumple desde el 26/7".

No obstante, el magistrado platense remarcó que "el informe de los expertos es concluyente en cuanto a que el estado de salud del imputado no alcanza el umbral exigido por el art. 32 de la ley 24.660" y que "ha podido determinarse la falta de colaboración e incluso una suerte de intento de simular una situación de mayor gravedad a la efectivamente padecida, según expresamente advirtieron las profesionales de la salud mental que examinaron a Etchecolatz".

En referencia a la huelga de hambre emprendida por el represor, Kreplak señaló que "no puede cederse al empeño autolesivo del imputado, pues de lo contrario todo el sistema de coerción estatal, esto es, la privación de libertad coactiva sobre la que se asienta la base del derecho penal, se vería conmovido".

Constelación de pedidos

La situación de Etchecolatz ha sido y está siendo analizada por diferentes tribunales. La concesión de la prisión domiciliaria ordenada por el TOCF N°1 el 22 de julio pasado en la causa por la que fue condenado en 2014 a prisión perpetua, por el asesinato en noviembre de 1976 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, llevó a su defensa a replicar el mismo planteo ante otros tribunales y juzgados de primera instancia. En aquél momento, el TOCF se basó en un informe de los médicos penitenciarios que advirtieron sobre la posibilidad de muerte súbita.

Luego, en las tres causas que están unificadas en fase de ejecución -fue condenado en dos causas en 2004 y 2006 por el mismo TOCF 1 platense y en la vieja causa Camps de 1986- el único juez que resolvió, Germán Castelli, se pronunció a favor de la concesión del beneficio.

En tanto, la defensa de Etchecolatz presentó similares pedidos en los juzgados federales N°3 de la Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas, y de La Plata, de Kreplak. En en el juzgado porteño, se investiga al represor por su participación en el centro clandestino que funcionó en la denominada Brigada Güemes. En esa causa, Rafecas le denegó la domiciliaria, pero el trámite siguió y la Cámara Federal de Apelaciones terminó concediendo el beneficio.

Otra de las presentaciones de Etchecolatz fue ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal, donde también los jueces hicieron lugar a su petición de transcurrir la detención en su casa en otro tramo -ya elevado- de la causa que tiene Rafecas en la instrucción.

Kreplak, por su parte, resolvió en las tres causas que tienen a Etchecolatz procesado por cientos de crímenes de lesa humanidad, pero otras tres causas elevadas a juicio por los delitos en las brigadas de Banfield, Quilmes y San Justo están radicadas ante el TOCF 1 de La Plata, que está hace días buscando jueces subrogantes para llegar a una determinación.