Con demoras por la gran cantidad de imputados y la logística puesta en juego, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza dio inicio este lunes al debate oral más grande celebrado en la provincia, que incluye el análisis de las responsabilidades militares, policiales y judiciales en crímenes de lesa humanidad.

Pese a los numerosos inconvenientes para celebrar el juicio, los magistrados Alejandro Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade resolvieron que en la primera jornada sólo identificarían a cada uno de los 40 imputados y luego entrarían en receso una semana para continuar la siguiente con las lecturas de los requerimientos de elevación a juicio, las piezas que encuadran los hechos por los que se juzgará a los imputados.

El fiscal general Dante Vega se opuso a la decisión del tribunal de postergar esa lectura y formuló recurso de reposición, es decir, un pedido de reconsideración, para "garantizar la continuidad de un debate que nos costó tanto comenzar", dijo. Luego solicitó de modo subsidiario que, en el caso de que se resolviera suspender el debate, la audiencia se retomara al día siguiente.

Pero el tribunal decidió no hacer lugar al pedido y continuar con el proceso en la fecha que pautaron. Los jueces argumentaron que no pudieron tomar los datos a todos los imputados y que todavía estaban pendientes por resolver algunas cuestiones de la logística del juicio.

La audiencia inicial finalmente se celebró en el edificio de los tribunales de la provincia de Mendoza, en la sala de la Suprema Corte. Allí se congregaron miembros de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, víctimas del terrorismo de Estado y funcionarios del gobierno local, quienes realizaron un acto en las escaleras de los tribunales para celebrar el comienzo de este juicio.

La actividad, organizada por el gobierno provincial, la Municipalidad local y organizaciones de derechos humanos, tuvo la consigna "Democracia con Justicia. Futuro con Memoria".

Entre los oradores estuvieron el camarista provincial Horacio Báez, quien leyó emocionado un documento de la organización Justicia Legítima, y el legislador nacional Horacio Pietragalla (FPV). Por su parte, junto al público estuvieron el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y el titular de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños y niñas, Pablo Parenti, quienes luego compartieron el estrado de la fiscalía con Vega y los fiscales subrogantes Daniel Rodríguez Infante y Patricia Santoni.

Mientras, en el interior del edificio, los funcionarios judiciales se aprestaban a realizar la audiencia, ajustando cada una de las cinco conexiones simultáneas por videoconferencia con las Cámaras Federales de Rosario, Mendoza, Casación Penal y las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza. En todos esos lugares había imputados que siguieron las alternativas del comienzo del juicio en esta etapa, cuya presencia física -o, en este caso, virtual- es obligatoria.

Una vez iniciado el debate, cada uno de los imputados fue interrogado por el tribunal por sus datos personales, en un trámite que se extendió por algunas dificultades en las comunicaciones con las otras sedes tribunalicias. Los ex jueces federales Luis Miret y Otilio Romano se identificaron como abogados cuando les preguntaron su profesión. El primero lanzó "abogado, desocupado", y un murmullo en el público generó la primera advertenciad del presidente del tribunal para que se mantuviera el orden en la enorme sala de audiencias.

En el final, el público manifestó su repudio a los imputados con gritos y cánticos. Romano reaccionó y comenzó a aplaudir, desafiante.