El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata resolvió esta tarde por mayoría otorgar la prisión domiciliaria al múltiplemente condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, en dos de las tres causas que tenía para resolver. La medida no se llevará a cabo porque el represor permanece con prisión rigurosa en tres causas que tramitan ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata, que el viernes 12 rechazó el otorgamiento de ese beneficio.

La decisión del TOCF platense fue adoptada por los jueces subrogantes Germán Castelli y Alejandro Esmoris, con la disidencia del también subrogante Roberto Lemos Arias, quien votó porque el recluso ex comisario continúe detenido a disposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y que esta institución sea obligada a informar periódicamente sobre la salud.

La prisión domiciliaria dispuesta hoy se dictó en el marco de la causa en la que se lo investiga por los crímenes en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield y en la que fue condenado por delitos de lesa humanidad en el denominado "Circuito Camps". En los próximos días, el mismo Tribunal deberá resolver el pedido restante en la causa por los crímenes en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Pero esa determinación será adoptada con otra composición: en lugar de Castelli, se integrará el juez Nelson Jarazo.

Etchecolatz -que el 26 de julio comenzó una huelga de hambre en reclamo de que se efectivice el beneficio que también se le concedió en otras causas- continuará por ahora detenido en el Hospital Penitenciario de la cárcel de Ezeiza, luego de que -al rechazar su pedido de prisión domiciliaria el viernes pasado- el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenara su internación en un centro extramuros con custodia penitenciaria las 24 horas.

Ante esa decisión, el SPF derivó a Etchecolatz a la Clínica de Monte Grande, donde la guardia médica lo examinó y determinó ese mismo día por la tarde que su estado de salud no requería internación en ese centro asistencial. Y por eso regresó al hospital intramuros de Ezeiza.

Ese fue el principal argumento del juez Lemos en su voto en disidencia de hoy. Destacó además que "la sola circunstancia de que Etchecolatz supere los 70 años de edad no implica per se que deba otorgarse el arresto domiciliario".

Los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, de la Unidad que interviene en crímenes contra la humanidad en esa jurisdicción, habían dictaminado previamente contra la concesión del beneficio. En efecto, la posición de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, es que superar los 70 años no es el único requisito a tener en cuenta para acceder a la prisión domiciliaria.

Castelli y Esmoris, en tanto, votaron a favor de la concesión. Esmoris entendió que se encuentra "satisfecho el requisito etario establecido en la legislación", es decir, la mayoría de 70 años -Etchecolatz tiene 87- para otorgar la domiciliaria, pues interpretó que la ley habilita a otorgarlo en ese caso. En rigor, la ley 24.660 indica el vocablo "podrá". El artículo 32 reza textualmente: "El juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria" y, en su inciso d), especifica: "al interno mayor de setenta (70) años".

Los incisos a), b) y c) refieren, respectivamente, el tratamiento adecuado de dolencias, una enfermedad incurable y el caso de una discapacidad que durante el encierro carcelario implique un trato indigno, inhumano y cruel. Smoris citó esos incisos y sostuvo que "los informes obrantes en el legajo de salud del nombrado, que tengo a la vista, también dan cuenta de la inconveniencia de la continuidad de su tratamiento carcelario". Esa afirmación se contrapone con el dictamen del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General, en las que se basó Kreplak para mantener a Etchecolatz encarcelado.

El juez Castelli, en tanto, se pronunció en el mismo sentido en el que ya lo había hecho como juez de ejecución días atrás en tres causas en las que Etchecolatz cumple condenas por la participación en la apropiación de una niña (dictada en 2004), homicidios, torturas y secuestros (2006) y la vieja causa Camps (1986). Indicó que Etchecolatz es "una persona anciana con patologías acreditadas", recordó la huelga de hambre que viene realizando y, en ese sentido, sostuvo que "el variable nivel de resistencia del ser humano a sufrimientos intensos o extremos (sin importar que fueran autoinfligidos), jamás puede constituirse en baremo que lo habilite al ejercicio de sus derechos humanos en la modalidad de cumplimiento de una pena o de una medida de coerción personal, pues, tal como ya se analizó en detalle, son definitivamente otros los estándares exigidos por el legislador argentino para el aseguramiento de la dignidad en el trato de una persona durante su encierro".