El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó hoy a 16 años de prisión al ex juez federal de esa ciudad, Manlio Torcuato Martínez, por considerarlo autor de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en el marco de una asociación ilícita.

Los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón determinaron que el ex magistrado, para quien la Fiscalía había pedido 25 años de prisión, resolvieron que tuvo responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán.

El Tribunal también condenó a Martínez como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, por abuso de las funciones, agravado por grave daño en la persona y a la salud y por superar la misma un plazo mayor a un mes, abuso de autoridad y prevaricato, en el caso que tuvo como víctima a Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.

Los jueces rechazaron el planteo de prescripción formulado por la defensa de Martínez y señalaron que los delitos son de lesa humanidad.

Además, decidieron mantener provisoriamente la prisión domiciliaria del condenado, aunque ordenaron "realizar un examen médico para determinar si está en condiciones de ser trasladado a una Unidad del Servicio Penitenciario Federal, el cual, en su caso, deberá ser renovado cada tres meses".

También, resolvieron remitir copia de la sentencia a la Administración Nacional de la Seguridad Social en virtud de que durante su alegato la fiscalía señaló que la jubilación especial percibida por el ex magistrado es irregular.

Por último, los jueces ordenaron "extraer los testimonios", es decir, las constancias de la causa, "para investigar la actuación de los magistrados y funcionarios judiciales" que también intervinieron en los hechos por los que se condenó a Martínez.