En el marco de una investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, fue identificado Julio Andrés Pereira, uno de los 22 prisioneros políticos fusilados en Chaco, en lo que fue conocido como “la masacre de Margarita Belén”. El expediente comenzó por el pedido que realizaron familiares y organismos de derechos humanos para dar con el paradero de las víctimas del terrorismo de Estado.

El fiscal Flavio Ferrini había iniciado la investigación preliminar en 2005, donde se comenzó con la recolección de información relacionada con el sistema de aniquilamiento y posterior ocultamiento de los cuerpos. Para ello, se tuvo en cuenta el contexto histórico, el plan sistemático de exterminio, los centros de detención y los periodos temporales de las desapariciones. Según el representante del MPF: “Era una obligación del Estado brindar datos sobre el destino de las personas”.

En el expediente, intervino, además, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, que ponderó dentro de la investigación la proximidad de los centros clandestinos dentro del área perteneciente al II Cuerpo, Subzona 23. El Río Paraná cobraba una “estructura troncal”, que pudo haber sido utilizada para la desaparición de personas. También, se tuvo en cuenta la existencia de posibles fosas clandestinas en zonas propias del Ejército.

Uno de los ejes de la búsqueda fue la revisión de causas judiciales abiertas por hallazgos de cuerpos NN, tanto en el fuero provincial como federal. Se revisaron registros de libros; bases de datos; actas del Registro de las Personas y de los cementerios locales; archivos de prensa y testimonios. Luego, se hizo un análisis y una verificación de la información obtenida mediante la confrontación con los registros públicos de organismos provinciales.

Otra de las claves fue el pedido de intervención que se le requirió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que realizó la exhumación de restos óseos en 2006. Se excavó en distintos predios pertenecientes al Ejército y en localidades del interior de la provincia: cuatro fueron en la localidad Empedrado y tres en el cementerio de Laguna Brava. Además del hallazgo de Pereira, en 2007 se había logrado identificar a Rómulo Artieda.

Ferrini sostuvo que "hubo muchas desilusiones, pero cuando hay un resultado positivo, la emoción es muy grande" y consideró que, más allá de la normativa, es una “obligación moral” brindar datos. “El Ministerio Público es el organismo que puede dar la respuesta", concluyó.