Con la presencia de más de cien representantes de todo el país, comenzaron esta mañana las IV Jornadas de abogados y abogadas querellantes, signadas en su agenda de discusión en el avance de los juicios en materia de responsabilidad de empresarios, magistrados y otros civiles en crímenes contra la humanidad y en hacer frente a las estrategias de impunidad de los sectores que atentan contra el proceso de verdad y justicia.

El auditorio de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la Ex ESMA estuvo colmado por abogadas y abogados que representan a querellas particulares y a organizaciones de derechos humanos en los juicios, y contó con la asistencia de fiscales de diferentes jurisdicciones y funcionarios y funcionarias de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Las jornadas, que culminarán mañana, fueron declaradas de "interés institucional" por la procuradora general Alejandra Gils Carbó porque la propuesta "guarda convergencia con el trabajo realizado" por el MPF.

"No pasarán". La consigna resume el espíritu con el que abrió el encuentro Pablo Llonto, uno de los abogados organizadores, que anticipó la agenda de desafíos y preocupaciones, y llamó a homenajear a los abogados de derechos humanos fallecidos en los últimos tiempos. Así, se mencionaron los nombres de Tilsa Albani -Madre de Plaza de Mayo-, Rodolfo Mattarollo, Alfredo Guevara, María Elba Martínez y Hugo Cañón.

En el primer panel expusieron Elizabeth Gómez Alcorta y la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky, quienes se refirieron a las pautas de imputación en materia de responsabilidad empresarial, y Tomás Ojea Quintana y Luz Palmas Zaldúa, que abordaron los casos Ford y La Veloz del Norte.

Gómez Alcorta señaló que la imputación en estos casos debe centrarse en el aporte al crimen realizado por el empresario acusado, y ejemplificó que puede demostrarse probando la entrega del imputado a los autores directos de direcciones de los obreros, los itinerarios de sus recorridos, el préstamo de vehículos a los represores, entre otras conductas. "Hay que mostrar el interés que tiene el empresario en mancharse las manos de sangre, dar convicción que tenía un interés particular en que el trabajador sea una víctima", señaló. Y, entre otros aspectos, también indicó que en estos casos es importante probar el contexto en el que ocurrieron los hechos, con la búsqueda de elementos sobre conflictos laborales y disputas sindicales que enmarcaron los secuestros. En ese sentido, señaló que para este tipo de imputaciones los abogados "no podemos trabajar sin el aporte de profesionales que vienen de las ciencias sociales".

A su turno, Varsky recordó que el MPF trabaja profundamente desde hace dos años este tema y citó el protocolo elaborado por la Procuraduría y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que sistematiza las principales medidas que deben considerarse al investigar las maniobras realizadas por los directivos de empresas y grupos económicos durante el terrorismo de Estado. Ese documento, que circula entre los fiscales, brinda elementos para el análisis de los testimonios y publicaciones de la época y para abordar la contabilidad y los documentos relacionados a la economía de las empresas. "Se necesita gente que sepa leer libros societarios, balances, etcétera", evaluó.

También recordó que desde la Procuraduría se promovieron con éxito medidas cautelares en diferentes jurisdicciones del país con el objeto de preservar documentación que hubiera podido ser destruida tras la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Ojea Quintana, en tanto, historizó sobre la causa en la que se investigan los secuestros y tormentos infligidos a trabajadores de la automotriz Ford, que tendrá juicio oral -de no mediar suspensiones- el 17 de marzo próximo. Los imputados son el entonces gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla. El abogado remarcó que la instrucción de la causa se extendió durante diez años y que, en el marco de la pesquisa se pudo realizar una inspección en la fábrica donde se secuestró y se mantuvo en un primer tramo del cautiverio a las víctimas.

Palmas Zaldúa, en tanto, describió las pruebas tenidas en cuenta para la condena a 12 años de prisión dictada en Salta en marzo pasado al dueño de la transportista La Veloz del Norte, Marco Levín. La abogada del CELS definió, en base a un estudio realizado sobre 25 empresas, las "prácticas empresariales represivas", que en el caso juzgado en Salta incluyeron la entrega de información sobre los trabajadores a las fuerzas represivas, la presencia de cuadros empresariales -el propio Levín- en el centro clandestino de detención, el señalamiento previo de las víctimas y el uso de camionetas de las empresa por parte de los represores.

La abogada además remarcó la necesidad de conformar la ya creada Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívico militar, que -dijo- permitirá profundizar las investigaciones sobre el sector y dar intervención, cuando se detecte un delito, al Poder Judicial.

La jornada continuó por la tarde con un panel que abordó la responsabilidad de civiles no empresarios, como jueces y miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), a cargo de Pablo Salinas y César Sivo, y culminará con una conferencia del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni.

Mañana, los abogados y abogadas volverán a reunirse para la elaboración de una declaración que darán a conocer a las 13.30 en el marco de una conferencia de prensa. Antes, los periodistas Diego Martínez, Luciana Bertoia y Franco Mizrahi disertarán en un panel sobre "investigación periodística como material probatorio en las causas judiciales".