El miércoles pasado, por orden del juzgado federal, se produjeron casi una veintena de detenciones en todo el país de los imputados en el marco de la megacausa por el llamado "Operativo Independencia". Desde ese momento, algunos ya comenzaron a prestar declaración indagatoria. Una vez que culminen, el juez deberá definir si hay razones para procesar a los imputados.

En la acusación de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos se señala que el "Operativo Independencia" consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror. Esto se inició en febrero de 1975, con la aquiescencia del gobierno civil de la provincia de Tucumán. La intervención fue comandada en primer lugar por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi. Entre diversos aspectos particulares de la causa, la acusación fiscal señala que el eje del sistema represivo en aquel momento estuvo dado por lo que se conoce como el primer Centro Clandestino de Detención (CCD) del país, "La Escuelita" Diego de Rojas de la localidad de Famaillá. Vilas reconoció en su momento la existencia de este CCD y describió su funcionamiento señalando que entre el 10 de febrero y el 18 de diciembre de 1975, habían pasado por allí 1.507 personas.

De esta manera, uno de los detenidos fue Mario Benjamín Menéndez, quien estuvo a cargo de "La Escuelita". Otro integrante de la familia Menéndez, José María, también fue detenido y luego de prestar declaración indagatoria quedó en arresto domiciliario por el secuestro y las torturas de un trabajador de la fábrica Norwinco, de la que era gerente en el año 1975. Asimismo, en igual situación procesal, debido a su estado de salud, quedó Ernesto Nicolás Chávez, quien había cumplido servicios en el área G2 (Inteligencia) de la V Brigada de Infantería de Tucumán.

También fue detenido Walter (a) "Capitán" Saborido, candidato a vicegobernador de la provincia en las últimas elecciones. Además, fueron detenidos y serán trasladados a la provincia de Tucumán en los próximos días los oficiales de la V Brigada de Infantería Alberto Alfredo Svendsen, José Fernando Tanoni y Jorge Gerónimo Capitán, así como otros ex militares y policías. Al mismo tiempo, durante el transcurso del mes se tomará declaración indagatoria a Jorge Rafael Videla y a los sucesivos jefes del III Cuerpo de Ejército Carlos Delia Larrocca y Luciano Benjamín Menéndez, entre otras personas que ya se encuentran sometidas a procesos en los que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad.

El Operativo Independencia constituyó una verdadera ocupación militar de Tucumán, con todas las implicancias negativas y perversas que impone tal situación. En el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976 formaron parte de estas operaciones más de treinta unidades militares, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de todo el país. Las consecuencias en la sociabilidad de la provincia fueron devastadoras. De las causas judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad en Tucumán, la tercera parte de ellas corresponde a hechos ocurridos con anterioridad al golpe de estado de 1976. Esto resulta un caso único en el país y remarca al mismo tiempo los efectos que tuvo en la sociedad tucumana este primer "banco de pruebas" represivo, que sirvió para desmontar un sindicalismo azucarero organizado, un movimiento universitario y cultural único en la región, así como también representó el primer caso de disciplinamiento de la prensa y de utilización del poder judicial federal como un engranaje legitimador del plan criminal.