Por pedido del fiscal federal Pablo Camuña, a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, la semana pasada se produjeron 22 detenciones en el marco de la Megacausa “Operativo Independencia”, en base a órdenes emitidas por el juez Daniel Bejas, que fueron cumplidas en un vasto operativo llevado delante de manera simultánea en diez provincias argentinas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

Quince de los detenidos ya fueron indagados y, salvo en un caso de excarcelación, permanecen en arresto domiciliario hasta tanto el juez resuelva si existe mérito para su procesamiento. Se trata de Omar Edgardo Parada (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28), Julio César Meroi (2do Jefe de la Cía. Comunicaciones 5 de Tucumán), Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Ángel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Gustavo Tomás Roque Cordero, Medardo Roberto Naranjo y Roberto Aquilino Barboza (personal del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, a cargo del CCD “Escuelita de Famaillá”); Casiano Pedro Burtnik y Enrique Pascual Avaca (oficiales de Gendarmería a cargo de la custodia y traslados en el CCD “Escuelita de Famaillá”); y Manuel Rubén Vila y Eduardo Alfonso Pomponio (integrantes del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de Tucumán).

Por razones de salud quedaron detenidos en sus domicilios a disposición del juez: Julio Luis Teodomiro Bidone, Rolando Andrés Rodríguez Argumedo, Enrique Benjamín Bonifacio, Ernesto Alejandro Repossi, Santiago Arriazu, Manuel Santos Véliz y Antonio Félix Castelli.

El pedido de indagatorias de este segundo grupo de imputados (recientemente el la fiscalía requirió la elevación a juicio de otros 18) abarca delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 270 víctimas en el marco de la megacausa por el llamado “Operativo Independencia”, hechos ocurridos todos con anterioridad al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Ninguno de los nombrados estaba previamente sometido a proceso.

"Consecuencias devastadoras"

En la acusación de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se señala que el “Operativo Independencia” consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán desde febrero de 1975. La intervención fue comandada en primer lugar por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi.

Entre diversos aspectos particulares de la causa, la acusación fiscal señala que "el eje del sistema represivo en aquel momento estuvo dado por lo que se conoce como el primer Centro Clandestino de Detención del país, “La Escuelita” Diego de Rojas de la localidad de Famaillá". Vilas reconoció en su momento la existencia de este CCD y describió su funcionamiento señalando que entre el 10 de febrero y el 18 de diciembre de 1975, habían pasado por allí 1.507 personas “acusadas de mantener relación estrecha con el enemigo”, lo que da una idea de su dimensión. Las llamadas “Fuerzas de Tareas” en las que se dividieron las fuerzas militares actuantes contaban además cada una de ellas con su propio CCD (entre otros los ubicados en el Ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa, todas localidades del sur de la provincia). A ello -informó la fiscalía- se sumaba la actuación de la Policía de Tucumán, que tenía a su cargo el otro CCD con una actuación central en el esquema de represión clandestino, la Jefatura de Policía. Asimismo, la cárcel de Villa Urquiza ocupó también un eslabón más visible en esta constelación de centros clandestinos que se instalaron en toda la provincia.

"El Operativo constituyó una verdadera ocupación militar de Tucumán, con todas las implicancias negativas que impone tal situación. En el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976 formaron parte de estas operaciones más de treinta unidades militares, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de todo el país. Las consecuencias del “Operativo Independencia” en la provincia fueron devastadoras", indicó la Oficina del Ministerio Público Fiscal en un comunicado.

"De las causas judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad en Tucumán, la tercera parte de ellas corresponde a hechos ocurridos con anterioridad al golpe de estado de 1976, lo que resulta una situación particular y remarca al mismo tiempo los efectos que tuvo en la sociedad tucumana este primer “banco de pruebas” represivo, que sirvió para desmontar un sindicalismo azucarero organizado, un movimiento universitario y cultural único en la región, así como representó el primer caso de disciplinamiento de la prensa y de utilización del poder judicial federal como un engranaje legitimador del plan criminal", añadió la fiscalía.