Gustavo Ramón De Marchi había sido condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la Provincia de San Juan, durante la última dictadura cívico-militar. Tanto él como Jorge Antonio Oliviera, se habían fugado el 25 de julio de 2013 del Hospital Militar donde se encontraban internados.

La investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°5 tramita en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el fiscal federal Leonel Gómez Barbella –quien subrogaba la dependencia del MPF- apelara la decisión del juez Claudio Bonadío de remitirla a la justicia federal de San Juan. La Sala II de la Cámara de Apelaciones hizo lugar entonces al recurso, por lo que esa pesquisa se encuentra ahora a cargo del fiscal Franco Picardi.

En su presentación, Gómez Barbella había manifestado que de las tareas investigativas llevadas adelante surge que los familiares de Olivera y De Marchi residirían en la zona. Para el representante del Ministerio Público, ello implicaba “un alto grado de probabilidad respecto de que los evadidos intenten, de momento a otro, contactarse con sus familias o precisar de su ayuda para continuar ajenos al accionar judicial”.