El Tribunal Oral Federal de Mendoza rechazó el recurso de reposición del defensor de Romano para que a este le sea aceptado asumir su propia defensa. Los magistrados mantuvieron su argumento inicial para no aceptar el pedido porque podría perjudicar al propio imputado. Sin embargo, el fiscal Dante Vega señaló que coincidía parcialmente con el fundamento de los jueces, pero advirtió que el pedido debía ser rechazado por el riesgo de revictimización de las víctimas-testigos que podrían verse, por ejemplo, interrogadas por el mismo que intervino en los delitos que padecieron.

Además, el TOF aceptó el cambio de calificación solicitado por fiscales y las querellas con respecto a las imputaciones contra Otilio Romano, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Carrizo, que llegaron al proceso acusados de omitir investigar delitos de lesa humanidad. Ahora, los cuatro ex jueces afrontan los cargos de homicidio agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, y como integrantes de una asociación ilícita por los que podrían ser condenados a prisión perpetua. 

Romano fue presidente de la Cámara Federal de Mendoza hasta hace apenas tres años, cuando se fugó a Chile mientras el Consejo de la Magistratura se aprestaba a quitarle los fueros. A partir del cambio de calificación, quedó imputado por 33 homicidios agravados, 26 privaciones ilegales de la libertad, 36 casos de tormentos agravados, tres robos y un allanamiento ilegal.

El ex juez es el único de los cuatro acusados que está detenido en una cárcel común, en el penal de San Felipe, por obstaculizar la investigación. En tanto, Miret y Recabarren asisten a las audiencias ingresando por la misma puerta que las víctimas; y Carrizo las sigue por videoconferencia gracias a un permiso que consiguió al sostener que la situación le provoca stress.