28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El joven nació en cautiverio en la ex ESMA
El fiscal Azzolín pidió 12 años de prisión para la acusada de la apropiación de Javier Penino Viñas
“Se intentó perpetrar el terror, tratar de eliminar su memoria”, indicó el representante del Ministerio Público, que encontró probados los hechos imputados a Ana María Grimaldos, juzgada por la retención y ocultamiento del hijo de desaparecidos.

El fiscal Horacio Azzolín pidió que Ana María Grimaldos sea condenada a 12 años de prisión por la retención y ocultamiento durante más de 20 años de Javier Penino Viñas, quien recién en 1998 conoció que era hijo de los todavía desaparecidos Cecilia Marina Viñas y Hugo Reynaldo Penino.

La solicitud se produjo en el marco del alegato realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4. Durante más de una hora y media, Azzolín describió el contexto en el que se produjo la apropiación, los hechos y las pruebas incorporadas a la causa. Además de los testimonios de las familias y personas cautivas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), destacó una que calificó como “única en causas así”: la voz de Cecilia Viñas conversando con su madre por teléfono en 1984, cuando ya se había reinstaurado la democracia. La grabación fue reproducida en el debate.

Entre la prueba documental se destacó el certificado de nacimiento falso suscrito por el jefe de Sanidad en la ESMA, en el que se intentó dar cuenta de que Javier había nacido el 7 de septiembre de 1977 en el domicilio donde vivían Grimaldos y su esposo Jorge Raúl Vildoza, comandante de la Unidad de Tareas 3.3.2. Al ser secuestrada, Cecilia tenía fecha de parto prevista para ese mes. “La conducta se inicia allí y se perfecciona con la elaboración de otros documentos”, describió Azzolín, en referencia al documento nacional de identidad y otros en los que se inscribió a Javier con el apellido Vildoza.

La responsabilidad de Grimaldos

En cuanto al rol desempeñado por la mujer, el fiscal indicó que su testimonio fue falso. La acusada había aducido que por su ingenuidad y sumisión “no preguntó nada” y “sepultó cualquier tipo de cuestión” sobre el origen del niño, y que pensó que era adoptado. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que se hayan realizado trámites, contactos con algún juzgado o visitas de trabajadores sociales. “Insulta la inteligencia de cualquiera que diga eso”, aseveró el representante del Ministerio Público.

En ese sentido, Azzolín razonó que, ya en democracia, Grimaldos se fugó a Paraguay, a Europa y finalmente a Sudáfrica porque “la justicia se acercaba a Javier” y no por la actividad de su marido en la Marina: “No aceptó irse como sumisa. Decidió viajar cuando se podría haber quedado en Argentina con sus otros hijos”, indicó.

Los hechos imputados a Grimaldos, en definitiva, fueron ocultación y retención de un menor de 10 años, falsificación ideológica de documento público y alteración del registro civil, y de acuerdo a la acusación, constituyeron crímenes de lesa humanidad. “Se intentó perpetrar el terror, tratar de eliminar su memoria, en un parentesco contra la esclavitud. El lenguaje es pobre ante la aberración”, definió el fiscal, que al concluir fue aplaudido por la familia de Cecilia y Hugo, miembros de organismos de derechos humanos y las personas presentes en la sala de audiencias.

El viernes 27 de marzo, a las 10 de la mañana, será el turno de la defensa para alegar.