El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, firmó un pedido de colaboración al Estado Vaticano para que proporcione información a la investigación judicial sobre la muerte del obispo de esa ciudad, Carlos Horacio Ponce de León. El religioso falleció en un supuesto incidente de tránsito ocurrido el 11 de julio de 1977, en el que además sobrevivió el acompañante Víctor Oscar Martínez. La solicitud del representante del Ministerio Público es el primer pedido de colaboración a la Santa Sede desde que el Papa Francisco impulsó cambios en el código penal y de procedimientos penales de ese Estado y será remitida mediante un exhorto internacional.

"Este Ministerio Público Fiscal entiende que el referido accidente en realidad podría tratarse de un atentado pergeñado por las autoridades militares de la región, por cuanto existen pruebas claras de que Monseñor Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia por parte de la dictadura cívico-militar, así como también que en dicho contexto recibía cuantiosas amenazas de muerte, todo ello en virtud de la ayuda, contención y defensa que el mismo profesaba respecto de personas y/o grupos de personas perseguidas o desaparecidas por cuestiones políticas, gremiales, sociales y/o religiosas", refirió el fiscal en el pedido.

Di Lello firmó el miércoles el pedido, que ahora será traducido al italiano en la sede de la Fiscalía nicoleña para luego, tal como disponen las resoluciones PGN 72/99 y 24/12, remitirlo a la Secretaría de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Procuración General de la Nación. De allí, el trámite seguirá su curso hacia la Cancillería Argentina, que finalmente remitirá el documento a estado europeo.

Para la concreción del trámite diplomático, la Fiscalía contó con el asesoramiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y con el de la Secretaría de Cooperación y Relaciones Internacionales, reparticiones que fueron convocadas para evitar eventuales errores en los estándares de elaboración de este tipo de pedidos que pudieran retrasar la gestión.

La medida dispuesta por Di Lello se da en el marco de una investigación complementaria abierta por la dependencia del MPF, de acuerdo con las atribuciones que confiere a los fiscales la Ley Orgánica del Ministerio Público, para recabar pruebas en torno de un posible atentado contra Ponce de León. La causa judicial por esos hechos tramita ante el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a quien Di Lello remitirá los elementos que logre reunir.

El pedido de colaboración al Vaticano es consecuencia de las gestiones realizadas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en la Santa Sede en febrero pasado. En esa ocasión, antes de reunirse con el Papa Francisco, la jefa de los fiscales encabezó la delegación de funcionarios argentinos que mantuvo un encuentro con representantes de la Iglesia en la Biblioteca de la Secretaría de Estado en el marco del primer acercamiento destinado a establecer mecanismos de cooperación para contar con información relevante archivada en la Santa Sede y poder incorporarla en investigaciones judiciales que se llevan adelante en la Argentina, tras los cambios legislativos impulsados por el sumo pontífice.

El pedido

El exhorto diplomático describe sucintamente los hechos que se investigan en la causa y aquellos elementos en los que se fundamenta la sospecha de la Fiscalía sobre la realización de un atentado por parte de las autoridades militares de la zona de San Nicolás, comandada por el jefe del área 132, Manuel Fernando Saint Amant.

Así, Di Lello narró que el 11 de julio de 1977 Ponce León murió durante un incidente de tránsito en la Ruta Nacional N°9 cuando se dirigía en un Renault 4S junto a Víctor Oscar Martínez a la Ciudad de Buenos Aires. El auto colisionó con una camioneta Ford F100 que transitaba en sentido contrario, conducida por Luis Antonio Martínez, acompañado por Carlos Sergio Bottini.

Por otro lado, también informó que, además de la muerte del obispo, en la causa se investiga la privación ilegítima de la libertad y los tormentos denunciados por Martínez, "como así también los delitos conexos que lo habrían damnificado, tales como su presunta exclusión como legatario de algunos bienes en el expediente de sucesión testamentaria de Carlos Horacio Ponce de León".

En un apartado del exhorto, el fiscal sostiene que "la hipótesis investigada se refuerza si se tiene en cuenta que existe un hecho vinculado al investigado" y refirió que el "homicidio del que fuera víctima también en un supuesto accidente automovilístico, quien fuera obispo diocesano de la Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, y quien también prestaba ayuda, contención y defensa respecto de personas y/o grupos de personas perseguidas o desaparecidas por cuestiones políticas, gremiales, sociales o religiosas". El representante del Ministerio Público Fiscal recordó en el requerimiento que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó por homicidio agravado a la pena de prisión perpetua al ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y al Jefe de la Guarnición Militar local de la Fuerza Aérea, Luis Fernando Estrella.

Las medidas 

El fiscal narró que en la causa se cuentan con elementos de los que surge que "los sacerdotes de la Diócesis de San Nicolás remitieron una nota al Nuncio Apostólico Monseñor Pío Laghi, poniéndolo en conocimiento de las amenazas de muerte que había recibido Monseñor Ponce de León". Di Lello además citó el informe Nunca Más, de 1984, que refiere que, al momento de su muerte, Ponce de León "se dirigía a la Capital Federal con el objeto de llevar documentación a la Nunciatura Apostólica, relativa a la represión ilegal (secuestros y torturas) implementadas en la Diócesis de San Nicolás y también en Villa Constitución (Provincia de Santa Fe) -documentación que involucraba al entonces General Carlos Guillermo Suarez Mason (Jefe del Primer Cuerpo de Ejército), al Coronel [Félix] Camblor (Jefe del Regimiento de Junín) y más directamente al Teniente Coronel Saint Amant (Jefe del Regimiento con asiento en San Nicolás)-, cuya existencia, particularmente una referente a una investigación sobre los asesinatos de los sacerdotes de la Orden Palotina, se encuentra acreditada por diversos testimonios brindados en la causa, en particular los del Presbítero José Káraman y los del Presbítero Heriberto José Sartori".

Di Lello fundó el pedido de información al Vaticano porque agotó "la jurisdicción eclesiástica local", dado que esa documentación "no fue habida ni en el Obispado de San Nicolás, ni en el Arzobispado de Rosario, ni en la Conferencia Episcopal Argentina" y apuntó que, como el Nuncio es el embajador del Estado del Vaticano, "resulta altamente probable" que en los archivos de ese Estado "se encuentre reservada dicha correspondencia y documentación".

En ese sentido, el fiscal requirió a la Santa Sede que le informe, y en caso positivo le remita copia certificada, si "en algún archivo" se encuentra la correspondencia de Ponce de León; si existen acervos del propio obispo fallecido respecto de víctimas del terrorismo de Estado; si hubo peticiones de su parte al Vaticano "en forma directa o vía nunciatura apostólica u otra autoridad" respecto de persecuciones a esas víctimas; y si existen "constancias de alguna investigación o información que se tuviera o requiriera al Estado Nacional Argentino respecto de las causas de la muerte del mentado prelado o de las amenazas por éste sufridas, tal como oportunamente se lo denunciara [Ponce de León] al Episcopado Argentino, a la Vicaría General Castrense y a la Nunciatura Apostólica".