El fiscal general Abel Córdoba contestó en la audiencia de ayer los diversos planteos de nulidad interpuestos por las defensas de los 54 acusados en el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra casi 800 víctimas en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, con lo cual el debate oral y público -que lleva cinco años de tramitación y es el más extenso de la historia judicial argentina- quedó a un paso del veredicto. El representante del MPF hizo además un "desagravio público por las víctimas de estos crímenes, cuya integridad y dimensión ética destacamos, rescatamos y tenemos como ejemplo", dijo, en contestación a las agresiones vertidas por las defensas de los acusados en sus alegatos.

Dado que se ha dado respuesta al traslado de nulidades, no queda ningún trámite procesal por cumplimentar en el juicio y se espera que en las audiencias del miércoles y jueves próximo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capita Federal dé por cerrado el debate y otorgue a los imputados la oportunidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia, paso previo a emitir el veredicto.

En la audiencia de ayer, el fiscal Córdoba -quien representa al MPF en este juicio junto a la fiscal federal María Ángeles Ramos- expuso oralmente y presentó asimismo los argumentos por escrito para "dar mayor celeridad" al trámite, sobre el cual solicitó que se sustancie por vía incidental, es decir, por fuera del debate. "Esta Fiscalía hará uso de dicha facultad en tributo a la celeridad de un juicio oral y público cuya prolongación abarca cinco años y la necesaria precisión que asegura el medio escrito, imprescindible para dar acabada respuesta a los planteos que a lo largo de sus alegatos han formulado las defensas", indicó en el escrito presentado.

Córdoba respondió y pidió el rechazo de planteos comunes sobre prescripción de la acción y principio de legalidad, plazo razonable y de inconstitucionalidad, y pedidos de nulidad individuales. En total, abordó 43 planteos.

El fiscal señaló que se trató de planteos "inadmisibles, improcedentes, con fundamentación defectuosa y que en ningún caso superan los parámetros jurisprudenciales que al cabo de infinidad de resoluciones se han ido delineando como de observación necesaria para la pretensión de que se anule una actividad procesal".

"No puede admitirse que, al tiempo que se avanza en el reconocimiento internacional y nacional de los derechos de las víctimas, sea en el proceso por crímenes de lesa humanidad donde se vulnere el estatus de inmunidad que se ha construido normativamente para resguardo personal y para atenuar los efectos de la revictimización".

Puntualizó que la exigencia central en materia de nulidades es la acreditación de un perjuicio real y concreto, y que la sola disconformidad con la actividad procesal, sin otro fundamento que el desacuerdo, no conlleva ningún efecto. Explicó en ese sentido que a las defensas les era exigible "acreditar cuanto menos alguna manifestación concreta de afectación a las garantías que invocaron en sus alegatos y no lo han hecho, pese a que se trata de una exigencia que deriva del carácter sustancial de la defensa en juicio".

En ese sentido, señaló que las defensas expusieron maniobras ya ensayadas y rechazadas en diversas oportunidades en el mismo proceso.

Por otro lado, durante el desagravio a las víctimas, Córdoba puso de relieve "el rol constitucional del MPF en relación al derecho que les asiste a ser tratadas con dignidad y respeto". Señaló en ese sentido que las agresiones y agravios no deben ser obviadas por los órganos estatales que intervienen en el juicio oral y remarcó: "Se trata de personas que no sólo han sufrido hechos de gravedad extrema, sino que además deben afrontar el desgaste y exposición que importan el desarrollo de un proceso penal que tramita en sucesivos tramos, y que no puede admitirse que, al tiempo que se avanza en el reconocimiento internacional y nacional de los derechos las víctimas, sea en el proceso por crímenes de lesa humanidad donde se vulnere el estatus de inmunidad que se ha construido normativamente para resguardo personal y para atenuar los efectos de la revictimización".

El juicio en la causa ESMA Unificada, tal como se conoce al proceso, entró en su quinto año de audiencias, a lo largo de los cuales el trámite se fue ralentizando. El paso del tiempo se llevó a 14 acusados del proceso, que había comenzado con 68. En diciembre de 2015 la Fiscalía completó su alegato y pidió la condena para los 56 acusados que estaban por entonces en juicio. A principios de 2016 alegaron las querellas y luego continuaron las defensas, que acaban de culminar sus intervenciones.