El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la coordinadora Carolina Varsky encabezaron ayer una reunión de fiscales que intervienen en todo el país en procesos por delitos del terrorismo de Estado, con el eje en la preocupación que generan las resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el proceso de verdad y justicia. En el encuentro, se resolvió articular respuestas con los organismos de derechos humanos y otras agencias estatales de las diferentes jurisdicciones y, en ese sentido, se programó una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social para el pŕoximo 8 de abril.

La reunión de ayer surgió como respuesta a las inquietudes planteadas por los fiscales en relación a "una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país", informó la Procuraduría.

En el cónclave estuvieron presentes el fiscal de Córdoba, Facundo Trotta; el de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz; el de la Unidad de Asistencia porteña, Martín Niklison, el marplatense Daniel Adler, el mendocino Dante Vega, el tucumano Pablo Camuña, el jujeño Pablo Pelazzo, el salteño Juan Manuel Sivila, la rosarina Adriana Saccone y el chaqueño Federico Carniel. Varios fiscales no pudieron asistir porque estaban participando en audiencias de juicios. También estuvieron la funcionaria de la Procuración General, Romina Ronda, e integrantes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Durante la reunión la preocupación estuvo centrada en la concatenación de una serie de medidas adoptadas por jueces de instrucción, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país en los últimos días que "auguran tiempos de impunidad para quienes deben dar cuenta ante la Justicia por sus acciones": las excarcelaciones u otorgamientos de prisión domiciliaria de casi todos los condenados en los numerosos juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; el sobreseimiento del ex secretario del juzgado federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del ex administrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa; y las dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles en general.

Con ese panorama, los fiscales y funcionarios de la Procuración General discutieron los fallos y decisiones, así como diferentes estrategias para lograr revertirlos y a la vez afianzar los lazos existentes con los organismos de Derechos Humanos y las querellas, con el objeto de reforzar la comunicación en cada jurisdicción.

Por ese motivo, la Procuraduría anunció que promoverá la realización de jornadas abiertas a la comunidad en las que se discutirán los alcances, implicancias y la legitimidad de las resoluciones cuestionadas, en tanto que los fiscales participantes acordaron realizar encuentros regionales con los actores involucrados y comprometidos en el proceso de justicia que se lleva adelante en cada jurisdicción, analizando las particularidades y obstáculos que cada una presenta.

Por otro lado, el organismo a cargo del fiscal Auat convocará a una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social para el próximo 8 de abril para compartir un diagnóstico con las demás agencias gubernamentales y los organismos de Derechos Humanos y querellantes, donde se elaborará una agenda compartida de trabajo. La constitución de la Mesa de Diálogo, que ya se reunió en Buenos Aires y en Tucumán, fue una de las iniciativas impulsadas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al momento de crear la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Las conclusiones de ese encuentro serán propuestas como insumo de discusión en las jornadas de abogados y abogadas de lesa humanidad que tendrán lugar el 24 y 25 de abril, aprovechando la resonancia y proyección nacional de los temas que allí se discuten.