La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad encabezó hoy el primer encuentro de la Mesa de Diálogo Institucional y Social, un espacio que reúne a representantes de agencias del Estado, organizaciones de derechos humanos, familiares y querellantes en las causas judiciales y que tiene como objeto "construir consensos para superar los obstáculos que surgen en el avance de las causas por violaciones a los Derechos Humanos obteniendo resultados promisorios".

La reunión se desarrolló en la sede de la Procuración General de Avenida de Mayo 760, en la Capital Federal, y tuvo como anfitriones al titular de la Procuraduría, Jorge Auat, y a la coordinadora, Carolina Varsky. Entre los participantes estuvieron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y representantes de distintos estamentos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Auat hizo un llamado desde el comienzo "a mirar el medio vaso vacío", del proceso de verdad y justicia y a visualizar todos aquellos aspectos que entorpecen el avance de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. "Es necesario renovar el mensaje y el compromiso para avanzar en las causas. Necesitamos la compañía de ustedes. No podemos dejar puerta sin golpear, timbre sin tocar ni colega sin persuadir", dijo el fiscal general a los más de veinte interlocutores.

En ese marco, los representantes de las diferentes instancias del Estado escucharon particularmente los reclamos de las organizaciones y en algunos aspectos coincidieron en el diagnóstico de las necesidades, algunas de las cuales habían sido advertidas desde el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación.

En ese sentido, hubo consenso desde las organizaciones en cuestionar el desempeño del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo en su actuación en los informes periciales sobre los procesados y condenados, que validan los estados de salud que les permiten acceder a la prisión domiciliaria.

También, se puso de relieve que la organización burocrática de ese organismo no le permite actuar rápidamente ante el llamado de un tribunal, hecho que en ocasiones provocó la suspensión de audiencias en diferentes puntos del país dado que no había médicos que pudieran certificar el estado de salud de las personas sometidas al proceso. "En lo discursivo, los juicios vinieron para quedarse; pero en los hechos nos encontramos que falta decisión. Adónde está el compromiso cuando necesitamos que viaje un médico a revisar a un detenido y el trámite de sus viáticos demora seis meses", cuestionó Auat.

La Procuraduría y las organizaciones presentes coincidieron en la necesidad de que el propio Ministerio Público Fiscal cuente con su cuerpo pericial para intervenir en los procesos. La creación de ese cuerpo es una de las preocupaciones de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Por otro lado, representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos plantearon la necesidad de crear un mecanismo para el control efectivo de las prisiones domiciliarias, que permita evitar que los imputados o condenados se evadan del Poder Judicial.

Otra de las preocupaciones estuvo centrada en la necesidad de que los juzgados de primera instancia y los tribunales orales cumplan con las "Reglas de Casación", la acordada 1/2012 por la que el máximo tribunal penal hizo recomendaciones a los tribunales inferiores para la agilización de los procesos judiciales. Esas reglas, por ejemplo, indican a los jueces que deben fotocopiar los expedientes para seguir con el trámite de la causa mientras se trata un recurso en una instancia superior o incorporar testimonios en otras instancias judiciales para que una víctima no deba declarar una y otra vez y sufra revictimización. La violación de esas dos reglas, entre otras, fueron denunciadas en el marco de la reunión y hubo un compromiso del representante de ese tribunal, Javier Carbajo, de arbitrar los medios que permitan garantizar su cumplimiento.

También, hubo un reclamo unánime para que los operadores del Poder Judicial cuenten con capacitación para el tratamiento de testigos víctimas de delitos sexuales.

Como representantes de agencias estatales, asistieron a esta primera reunión el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky, y el secretario a cargo de la Comisión de trabajo de ese tribunal, Javier Carbajo; el representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Javier López Calderón; por el Consejo de la Magistratura, Diego Freedman y Francisco Ramos; por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlín; el titular del Programa Nacional de Protección de Testigos, Darío Díaz, y Elizabeth Gómez Alcorta, del Programa Verdad y Justicia.

En tanto, Gastón Chillier y Luz Palmás Zaldúa representaron al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Alan Iud, a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Ernesto Moreu, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Alvaro Baella, a HIJOS Rosario; Lita Boitano, a Familiares; Lucía Tejera, al colectivo KAOS; Marcos Guillén, al Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Dafne Zamudio, a la Comisión Provincial de la Memoria del Chaco; Adriana Toboada, a la Comisión por Verdad y Justicia de Zona Norte (del gran Buenos Aires); las abogadas riojanas Viviana y Marisa Reinoso; la abogada marplatense Gloria de León; y Marisa Sanabria, de Corrientes.

La Mesa

La constitución de la Mesa es una de las instrucciones que dio la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al momento de convertir la otrora Unidad de Coordinación y Seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, mediante la resolución PGN 1442/2013. En esa disposición, la jefa de los fiscales señaló que el nuevo organismo debía "constituir la mesa de discusión con actores institucionales y sociales involucrados en el proceso de verdad y justicia".

En esa línea, desde la Procuraduría se informó que el objetivo de la Mesa es "fortalecer el proceso de juzgamiento de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos padecidas por nuestro pueblo reforzando los lazos existentes entre los actores que lo impulsan desde sus respectivas órbitas de competencia".