La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, participó este lunes por la tarde de la apertura de la Mesa de Discusión Institucional, un espacio convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con el objetivo de analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado a partir del intercambio con fiscales, querellantes, organizaciones de derechos humanos y representantes del Poder Judicial y de distintas agencias estatales.

La titular del Ministerio Público Fiscal estuvo acompañada por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat; la coordinadora Carolina Varsky; y la fiscal federal Ángeles Ramos.

“La Procuraduría, durante todos estos años, ha hecho una labor de apoyo a todos los fiscales a lo largo de todo el país. Sin este apoyo, los fiscales se hubieran visto aislados, solos, en un contexto de resistencias por parte de otros actores de los procesos. También ha hecho un seguimiento de los procesos para poder identificar conflictos y proponer las soluciones necesarias en cada caso. Y la Procuraduría tiene también el único registro oficial actualizado día a día sobre el estado de situación de las causas”, señaló Gils Carbó.

La procuradora general agradeció la presencia de fiscales, querellantes, representantes de organizaciones de DDHH y de diversas agencias estatales que se hicieron presentes hoy en la sede de la Procuración para analizar los principales desafíos que enfrentan hoy los juicios.

“El proceso de Verdad y Justicia en la Argentina es un modelo reconocido a nivel mundial porque luego de cuarenta años esos crímenes son juzgados por tribunales ordinarios -y no tribunales especiales o internacionales- que son los que juzgan las desapariciones, asesinatos, torturas, robos de bebés y otros crímenes de lesa humanidad”, indicó. Y agregó: “Sabemos que ese camino no ha sido fácil. Si no fuera por los sobrevivientes, sus familiares y las organizaciones -quienes con su compromiso y su trabajo lograron que el proceso sea parte de la agenda pública que deba tomar el estado- ese trabajo, no hubiera sido posible”.

Asimismo, la procuradora general destacó el valor de la Mesa de Discusión Institucional como un ámbito que tiene la función de continuar “enriqueciéndonos como institución” a partir del aporte de las organizaciones, querellas, abogados y abogadas, víctimas y distintas agencias estatales “que vienen a hacer una puesta en común para que veamos cuáles son los obstáculos que tenemos por delante y solucionarlos”.

Gils Carbó indicó que el debate es necesario para "seguir caminando este profundo compromiso por la investigación no sólo de los hechos cometidos por los responsables directos sino también los responsables políticos, por quienes dieron las órdenes, por quienes garantizaron impunidad, por los que se beneficiaron económicamente".

“Por eso para nosotros es tan necesario este ámbito de debate, para seguir caminando este profundo compromiso por la investigación no sólo de los hechos cometidos por los responsables directos sino también los responsables políticos, por quienes dieron las órdenes, por quienes garantizaron impunidad, por los que se beneficiaron económicamente”, concluyó.

Por su parte, el fiscal general Jorge Auat hizo referencia a las dificultades y obstáculos que enfrenta actualmente el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el marco de lo que denominó un “clima de época” adverso al avance del proceso de Verdad y Justicia. En ese contexto, señaló que la actualización estadística que lleva adelante la procuraduría especializada pone en evidencia una merma en la dinámica de los procesos. “Permanentemente enfrentamos estrategias que significan empezar a revertir la historia del proceso de Verdad y Justicia”, señaló Auat, y agregó que “lo más grave es cuando esas estrategias de impunidad empiezan a filtrarse en las propias causas”.

Respecto a este último punto, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad citó como un caso emblemático lo ocurrido con el juicio conocido la “Masacre de Capilla del Rosario” (1974), donde la Cámara Federal de Casación Penal anuló –en junio pasado- la condena a prisión perpetua a tres acusados, al considerar que los homicidios de las víctimas, en realidad, habían sido el producto de un enfrentamiento y, al mismo tiempo, que no eran crímenes de lesa humanidad. “Cuando se empieza a banalizar el testimonio de la víctima como prueba de cargo me parece que empiezan a abrir la puerta para discutir el desenlace de ese razonamiento. Es decir que, cuando empiezo a descargarle a la prueba de cargo el fuerte contenido que tiene, estoy ya anticipándome en la conclusión hacia donde voy. Esto sí es peligroso”, enfatizó Auat.

“Mucho se logró, pero mucho es lo que falta por hacer, el desafío está abierto, todavía nos falta transitar un duro y largo camino, sobre todo hacia el interior de las estructuras judiciales”, concluyó.

Auat: “Lo más grave es cuando esas estrategias de impunidad empiezan a filtrarse en las propias causas”.

Un espacio de debate

La constitución de la Mesa de Discusión Institucional fue impulsada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al momento de convertir la otrora Unidad de Coordinación y Seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, mediante la resolución PGN 1442/2013. En esa disposición, la titular del MPF señaló que el nuevo organismo debía "constituir la mesa de discusión con actores institucionales y sociales involucrados en el proceso de verdad y justicia".

En la jornada de hoy asistieron representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S.; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la Liga por los Derechos del Hombre; y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

En representación del Poder Judicial estuvieron representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Cámara Federal de Casación Penal y del Consejo de la Magistratura.  Por parte del Ministerio Público Fiscal asistieron: la directora general de Derechos Humanos, Andrea Pochak; el fiscal general a cargo de la Unidad Especializada en casos de Apropiación de niños y niñas, Pablo Parenti; el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier de Luca; la fiscal federal subrogante de San Nicolás, Paula Moretti; la directora general de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), Judith König; el fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte; Pablo Becerra, de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP); y Natalia Federman.

La jornada contó con la asistencia de representantes del Sitio de la Memoria ESMA; de la Comisión Memoria Histórica de la Cancillería - Dirección General de DDHH del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; del Programa Verdad y Justicia de la secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del ministerio de Defensa de la Nación; y de la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros.

Participaron, además, más de medio centenar de abogados y abogadas querellantes en los distintos procesos judiciales por crímenes del Terrorismo de Estado que se llevan a cabo a lo largo de todo el territorio nacional.

En líneas generales, los asistentes coincidieron en relación a los desafíos que presentan actualmente los juicios por crímenes de lesa humanidad, especialmente en lo referido a demoras injustificadas en la conformación de los tribunales orales; la acumulación de causas elevadas a juicio que no tienen fecha de inicio y la gran cantidad de imputados y/o condenados que han sido beneficiados con la prisión domiciliaria.