En las vísperas del 38º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó los datos que surgen de los procesos judiciales finalizados y en marcha por los crímenes del terrorismo de Estado. Las cifras dan cuenta de que la cantidad de procesados asciende a 1135 en todo el país y eso significa que, desde la última publicación de las estadísticas en diciembre pasado, fueron dictados procesamientos sobre 66 imputados, incluyendo en ese lapso el receso estival de la feria judicial de enero.

Desde la Procuraduría adelantaron además que desde 2003 hasta hoy fueron judicializados los casos de más de 10500 víctimas en todo el país. Se trata de un dato preliminar que aún no ha sido volcado en un informe. Su valor radica en que es el primer intento de un órgano del Estado en establecer la dimensión del universo de víctimas incluidas en causas judiciales desde la reapertura de los procesos.

La imagen de los juicios del presente, construida por la Procuraduría con los datos remitidos por todos los fiscales federales del país que intervienen en estos procesos, indica que casi el 60 por ciento de los procesados (un 58,15 por ciento) cuenta con una causa elevada a juicio (561 personas) o con requerimiento de elevación a juicio (otras 99) presentado por el Ministerio Público Fiscal. Eso significa que ese universo, integrado por 660 de las 1135 personas procesadas, se encuentra próximo a un juicio oral y público.

Entretanto, casi la mitad de los de los 561 que tienen al menos una causa elevada a juicio (268, es decir, un 47,7 por ciento) "ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha (audiencias de debate) y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto", indica la Procuraduría en su informe trimestral.

Condenados

Por otro lado, la cantidad de condenados desde 1983 asciende a 520, mientras que 58 han sido absueltos. La Procuraduría a cargo del fiscal General Jorge Auat aclaró que hasta diciembre pasado el número de absueltos era de 60, pero que la reciente decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación de revocar las absoluciones de dos acusados en el juicio por la Masacre de Trelew modificó ese número. Ocurre que esas dos personas dejaron de integrar el universo de absueltos, pero aún no se suman al de los condenados porque está pendiente el nuevo pronunciamiento que debe dictar el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

"La cantidad de condenados también ha crecido exponencialmente, al igual que el número total de procesados", indica la Procuraduría. "Hasta 2008 había 70 personas condenadas, al finalizar el 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, mientras que para el 2011 a 267. En el 2012, el número de condenados aumentó a 378 personas y, por último, en el año 2013 alcanzó las 519 personas", enumera el organismo.

"Concretamente, el año pasado, se condenó a 160 personas, 141 de las cuales fueron condenadas por primera vez", añade. En lo que va del año sólo un proceso llegó a su finalización, lo que elevó el número de condenados a 520. Se trata del caso del secuestro y homicidio del conscripto José Luis Rodríguez Diéguez, por el que fueron condenados los militares Carlos Antonio Españadero -su primera condena- y Teófilo Sáa, quien ya había recibido una pena en otro proceso.

De las 520 condenas dictadas, sólo 114 se encuentras firmes y comprenden a un conjunto total de 108 personas, tal como se informó oportunamente.

Presos en la cárcel y en su casa

"En el presente hay 927 personas detenidas, 26 personas más de las que habíamos registrado al mes de diciembre de 2013. Ellas se encuentran alojadas del siguiente modo: 62,4% en unidades penitenciarias, 36% en detención domiciliaria, 1,1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,5% en hospitales", precisa el informe de la Procuraduría.

Asimismo, pone de resalto "el aumento en términos absolutos de personas detenidas, ya que estas eran 593 y 813 en los meses de diciembre de 2011 y de 2012, respectivamente" y agrega que "no se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar".

Treinta años

La Procuraduría informa además que "desde que se iniciaron los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en 1983 hasta el presente, se han realizado 123 juicios, 108 de los cuales han sido a partir del 2004", con un record anual para 2013, año en el que concluyeron 24 procesos.

Actualmente, se está juzgando a 268 personas por los crímenes cometidos en perjuicio de 2185 víctimas en el marco de catorce juicios, doce orales y dos escritos. La cantidad de víctimas y personas juzgadas en la actualidad tiene relación con la celebración de tres de los juicios más grandes de la historia judicial argentina: el de la causa Esma Unificada (66 imputados por 796 víctimas); el de La Perla y La Ribera en Córdoba (44 imputados por 414 víctimas) y el juicio en Mendoza a magistrados y miembros de fuerzas armadas y de seguridad (34 imputados por 207 víctimas).

"En el año 2014 serán juzgadas al menos otras 32 personas más por los casos de 185 víctimas, que son aquellas imputadas en las seis causas que ya tienen fecha de juicio programada", indica el informe de la Procuraduría. Esa previsión podría tener números aún más altos en el caso de que se asigne fecha durante este año a los juicios que esperan debate.

Civiles

La Procuraduría pone de relieve que desde 2012 las fiscalías han prestado "especial atención a las investigaciones sobre responsabilidad de actores civiles involucrados en el terrorismo de Estado", colectivo que comprende a los funcionarios de gobierno y judiciales, por un lado, y a los empresario y grupos económicos, por otro.

El informe señala entre "los avances significativos", el inicio del juicio en Mendoza, que tiene imputados a los ex jueces Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz; el que comenzaría el próximo 11 de agosto en Santa Fe al ex juez de menores Luis María Vera Candioti; y el que tiene imputado al ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi en Mar del Plata.

Destacan también los recientes requerimientos de elevación a juicio respecto del ex fiscal Roberto Mazzoni y el ex juez Luis Ángel Córdoba en Resistencia, y del ex juez Roberto Catalán en La Rioja.

Esas situaciones se dan en un contexto que involucra a otros 16 ex funcionarios judiciales procesados, entre quienes se encuentra el caso más reciente del ex titular del Juzgado Federal Nº2 de la Capital Federal, Rafael Sarmiento.

La Procuraduría también celebra que "ocurrieron ciertos sucesos puntuales de suma relevancia", en relación a la investigación de ex jueces, como la realización de la indagatoria al ex magistrado salteño Ricardo Lona y el comienzo del jury de enjuiciamiento al suspendido juez marplatense Pedro Cornelio Hooft.

El organismo también pondera la elevación a juicio de la causa en las que se investiga la responsabilidad de los ex directivos de las empresas Ford y La Veloz del Norte. "Corresponde destacar que recientemente se han abierto algunas investigaciones tendientes a dilucidar la participación que habrían tenido los directivos de Acindar, Molinos Río de la Plata y de las filiales cordobesas de Fiat en los secuestros y desapariciones de varios trabajadores de esas empresas", agrega el informe.