Hay mil procesados por crímenes de lesa humanidad y casi el 70 por ciento de ellos se encuentra a un paso del juicio oral y público, según se desprende de las estadísticas de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, que elabora los datos más certeros sobre el proceso de juzgamiento.

Esos números corresponden al último informe trimestral de este organismo del Ministerio Público Fiscal, que realiza actualizaciones constantes para seguir la evolución de los juicios en todo el país. Los datos cambian día a día, porque dependen de resoluciones que se dictan en todas las jurisdicciones, pero este tipo de informes permite visualizar, como fotos, los rasgos principales del proceso a lo largo del tiempo.

"Mientras que 601 de las personas procesadas ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio, 97 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Por lo tanto, 698 del total de personas procesadas cuentan con una causa elevada a juicio o con requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal", indicó la Unidad de Coordinación, a cargo del fiscal general Jorge Auat, en su último informe trimestral de marzo pasado.

El requerimiento de elevación a juicio o acusación es la pieza procesal por la que los fiscales de instrucción solicitan el cierre de la primera etapa del proceso, escrita, y le solicitan a los jueces federales que remitan el expediente al tribunal oral que corresponda para que celebre el juicio oral y público de las personas imputadas por los hechos que han sido confirmados en la primera instancia.

La proximidad con el juicio oral de los imputados en cuyo caso ha sido requerida la elevación es procesal. Están a un paso de que el tribunal que deba juzgarlos realice la audiencia, pero a veces pasan años con la causa en esa instancia sin que se convoque a juicio. Por ejemplo, este año en Bahía Blanca debe celebrase el segundo proceso por crímenes en el V Cuerpo del Ejército, en base a una acusación que data de 2010.

De los 1000 procesados, 788 se encuentran cumpliendo alguna modalidad de prisión preventiva, en la cárcel (483) o en prisión domiciliaria (297). Otros 8 imputados están en centros de salud. En tanto, 222 están excarcelados y aguardan el juicio oral en libertad.

Las condenas y el déficit

La cantidad de condenados asciende a 411 desde el Juicio a las Juntas celebrado en 1985, mientras que en el mismo período han sido absueltas 45 personas, algo más del diez por ciento de los encontrados culpables.

Un examen de los últimos cinco años demuesta la importante actividad que hubo en los tribunales. En diciembre de 2007 eran sólo 41 los condenados. Es decir, que desde entonces hasta hoy la cifra aumentó diez veces, pasando por 70 condenados a fines de 2008, 100 en 2009, 267 en 2011 y 378 a fines del año pasado.

Pero el gran problema estructural que presenta el proceso de juzgamiento está dado por la escasa cantidad de imputados que tienen sentencia firme. La Unidad de Coordinación lo viene advirtiendo en sus informes anuales. En diciembre pasado, el organismo que dirige Auat hizo notar que "de los 378 condenados que existen hasta el momento, sólo 55 de ellos registran condenas firmes. De ese total, solamente 4 quedaron firmes durante el año 2011 y 10 durante el año 2012".

Este déficit del Poder Judicial explica que el dictador Jorge Rafael Videla al momento de morir sólo tuviera firme la condena que recibió en 1985, cuando se encuentra imputado en diferentes causas a lo largo del país y registra condenas en tribunales de Córdoba y de la Capital Federal.