El fiscal federal Leonel Gómez Barbella se opuso a que la investigación por la fuga de los represores condenados Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi del Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrida el 25 de julio de 2013, continúe en la jurisdicción federal de San Juan. La decisión había sido adoptada por el juez Claudio Bonadío el 20 de marzo pasado y notificada al representante del Ministerio Público el 25 de ese mes.

En su recurso de reposición con apelación en subsidio, es decir para que se conceda en caso de no compartir los argumentos, Gómez Barbella consideró que la resolución del magistrado “produce agravio” al MPF. En ese sentido, señaló que la causa debe permanecer en el ámbito de la justicia federal porteña porque la evasión se produjo en el Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, ubicado sobre la avenida Luis María Campos. “El artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación establece que ‘será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”, reseñó.

Además, mencionó que de las tareas investigativas llevadas adelante surge que los familiares de Olivera y De Marchi -condenados por el Tribunal Oral Federal de San Juan a perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente- residirían en la zona. Para el fiscal, ello implica “un alto grado de probabilidad respecto de que los evadidos intenten, de momento a otro, contactarse con sus familias o precisar de su ayuda para continuar ajenos al accionar judicial”, y que las distancias que impone la tramitación del sumario por su búsqueda en una jurisdicción lejana, podrían “propender en un beneficio”.

Por otra parte, como en la Capital Federal también tramita el expediente en el que se investiga la connivencia del personal penitenciario que pudo haber participado de la fuga, “existen aquí también otros puntos de contacto y diligencias que podrían verse duplicadas y entorpecidas en caso de no contar con una conducción unificada, o al menos corriendo por cuerda un expediente con el otro”.

Por esos motivos, solicitó la reposición; y de no compartir los argumentos, le pidió al juez Bonadío que conceda la apelación en subsidio para que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal dirima la cuestión.

Condena y fuga

Como había informado Fiscales en julio de 2013, Olivera y De Marchi sabían desde mediados de junio, pocos días antes de ser condenados, que durante la feria judicial iban a ser trasladados desde San Juan a cárceles ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Durante todo ese tiempo, pudieron urdir la maniobra conjunta que finalizó en la fuga desde el Hospital Militar Central el jueves 25 de julio de aquél año.

Ambos militares estaban a disposición del Juzgado Federal Nº2 y del Tribunal Oral Federal de San Juan porque estaban siendo investigados en causas judiciales que tramitaban en la primera instancia, al mismo tiempo que eran juzgados por otros hechos en un debate oral y público, por el que luego fueron condenados.

Los dos prófugos tenían acceso a Internet en el penal de San Juan; obtuvieron turnos médicos para los mismos días y horarios, e incluso esos turnos -para los que consiguieron el permiso de los jueces- excedían largamente a la feria judicial. La autorización inicial estipulaba que ambos fueran alojados en el penal de Marcos Paz durante el receso, tras lo cual debían regresar a San Juan.