Los fiscales de la Unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, solicitaron que se convoque a declaración indagatoria a siete funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por diversas irregularidades detectadas en el registro de las visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, que impidieron profundizar la investigación sobre esos imputados y su entorno en los meses inmediatamente posteriores a la segunda desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006.

"Resulta imposible determinar qué personas concurrieron a visitar a los detenidos y quienes se encontraban autorizados en función de haber cumplido los trámites obligatorios de registración. Lejos de importar una falta inocua vinculada a vicios meramente administrativos, la conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López", señalaron Molina y Nogueira.

Concretamente, los fiscales detectaron diferencias en los libros de visitas del penal (conformado en el ingreso a la cárcel) y del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos durante la época del terrorismo de Estado (labrado en el lugar de alojamiento). Por el tenor de la información que contienen, ambos libros deberían ser un espejo del otro, porque reflejarían el tránsito que hizo la visita desde el acceso principal de la cárcel al pabellón del imputado que la recibe.

"Las discrepancias no sólo son numerosas sino también de una profunda gravedad. Existe una gran cantidad de inexactitudes entre los registros aportados por el SPF, que van desde simples diferencias en los nombres o número de documento, hasta personas que aparecen ingresando al pabellón sin haber sido registradas al ingreso del penal", describieron Molina y Nogueira.

El pedido es el corolario de una investigación iniciada en 2007 a raíz de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y de la corroboración aquél mismo año en el penal -durante un allanamiento- de que los imputados del pabellón de lesa humanidad gozaban de un régimen laxo de visitas y del uso del teléfono en horarios no permitidos y por líneas no informadas al Poder Judicial.

Los funcionarios penitenciarios imputados gozan actualmente de la falta de mérito que les dictó en 2008 el ex juez Federal platense Arnaldo Corazza. La presentación de los fiscales busca ahora su procesamiento con el análisis del libro de registro de visitas del pabellón, elemento que hasta hace poco desconocían y que fue incorporado a la causa por la pesquisa que ellos mismos dirigen.

Para los fiscales, las discrepancias entre los dos libros de registro, sumadas a las irregularidades con el uso del teléfono "son prueba clara y suficiente –al menos para el momento procesal en que nos encontramos– de la intencionada falta de control que existió respecto de las visitas que ingresaban al Penal".

Los imputados son los entonces jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; los superiores inmediatos de ellos, Anibal Anselmo Cuenca y Marcelo Euvaldo Cuenca, quienes revistaban como jefes de la División Seguridad Interna de la cárcel; el director de Seguridad, Héctor Altamirano; y los directores del penal, Carlos Alberto Grassini y Diego Daniel Díaz.

La imputación formulada por Molina y Nogueira es por incumplimiento de los deberes de funcionario público por las conductas de no ejecutar ni cumplir con lo que las leyes establecen y por omitir, rehusarse hacer o retardar algún acto, como también por sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar, total o parcialmente registros confiados a la custodia de un funcionario público y por insertar elementos falsos en documentos públicos.

El pedido de los fiscales fue presentado el martes pasado en el Juzgado Federal Nº1 de La Plata, a cargo del subrogante juez en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, Adolfo Gabino Ziulu, quien reemplaza al fallecido Manuel Humberto Blanco. El escrito, relevante por contener pedidos de indagatoria, es parte de las que semanalmente produce la Fiscalía -a cargo de la dirección de la pesquisa desde septiembre de 2009- en los legajos donde se investigan las diferentes pistas que conforman la voluminosa "causa López" y cuyo contenido no trasciende públicamente para resguardo de las medidas de prueba.

"No puede dejar de observarse la confluencia de las irregularidades referidas respecto de la investigación desarrollada en la causa 16.060 vinculada con la desaparición de Jorge Julio López. Téngase presente que varias líneas de investigación de esa causa están orientadas en la posible responsabilidad de fuerzas de seguridad que desplegaron su accionar en la dictadura y que conservan en la actualidad lazos que confluyen en posibles mecanismos que tienden a encubrir e impedir el accionar de la justicia sobre tales hechos", destacaron los fiscales.

Por eso, apuntaron, "puede deducirse de modo razonable que, las irregularidades advertidas respecto de las visitas efectuadas" a los imputados por crímenes de lesa humanidad "constituyen una circunstancia que puede predicar una clara relación con los hechos que se investigan en la causa" López.

Una vieja pista obstruida

Esta causa se inició con una denuncia radicada el 14 de marzo de 2007 en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata por la Secretaría de DDHH bonaerense, en la cual se daba cuenta de la existencia de "una directiva ilegal emanada de una autoridad de la Unidad Penitenciaria Federal II -Marcos Paz- a los subalternos que allí trabajan" y se individualizaba como su autor al imputado Altamirano. El objeto de aquella orden, señalaba la denuncia, era beneficiar "a los ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad que se encontraban detenidos por crímenes de lesa humaidad" con "un trato privilegiado hacia ellos y sus visitantes, a la hora de las visitas, las llamadas telefónicas y en el nivel de control que se les dispensaba".

La denuncia también relataba que desde la Enfermería, los imputados podían utilizar un teléfono que no era vigilado por los penitenciarios y agregaba que "las visitas de los mentados internos no cumplían con el trámite de acceso reglamentario, ya que entraban al penal por un acceso distinto al resto de los visitantes y, sumado a ello, no eran requisados en cuanto a los elementos que ingresaban a los pabellones".

Los fiscales además relacionaron esta situación con otro dato sugestivo surgido en la investigación: "de una de las tarjetas telefónicas desde la que se realizaban comunicaciones al entorno del condenado Etchecolatz, se observan llamadas desde el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz a un teléfono de Mar del Plata a las 02:18 de la madrugada del 20 de septiembre de 2006 y otras dos llamadas registradas al domicilio de Etchecolatz entre las 21:30 y las 21:40 del 16 de septiembre". Esas comunicaciones se encuentran fuera del rango horario habilitado a las personas privadas de la libertad en el penal.

En los allanamientos realizados al penal en 2007 por orden del juez Corazza quedaron en evidencia "inexactitudes e incoherencias entre lo informado previamente por las autoridades del Penal y la ubicación y utilización reales de distintos teléfonos del Penal". De esa forma, pudo establecerse que había números telefónicos intervenidos en la investigación del caso López que no se correspondían con los que efectivamente utilizaban los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. "No se informó la totalidad de números ni fue exacta la ubicación de los que sí fueron informados", recordaron los fiscales.

También, se detectaron errores y omisiones en la registración de las visitas en el libro del penal, el mismo que ahora fue confrontado con el de visitas al pabellón, y que origina la nueva presentación de los fiscales.

En julio de 2007, el entonces fiscal Federal Sergio Franco solicitó la indagatoria de los imputados. Corazza se tomó un año para decidir y finalmente el 8 de julio del año siguiente les decretó la falta de mérito porque "no existen elementos probatorios suficientes para dar por acreditada la existencia del hecho ni la responsabilidad de los indagados" y "restan cumplimentar diversas diligencias procesales".

La relectura de la causa por parte de la Unidad Fiscal permitió advertir la existencia de los listados del pabellón. Un funcionario penitenciario dio cuenta de ellos durante las indagatorias, como también de otro sistema de tickets que se implementa con las visitas. La Fiscalía fue tras ellos y pudo conseguir el registro del pabellón, mientras que "los tickets solicitados no fueron hallados".

Visitas invisibles

El cotejo de las visitas a Miguel Etchecolatz entre noviembre de 2006 y junio de 2007 da cuenta de que ocho de las personas registradas en el listado del pabellón no figuran en el libro del Penal, es decir, como si no hubieran ingresado por la puerta principal.

Idéntica situación se da a la inversa con otras seis visitas que figuran en el libro del penal pero no en el listado del pabellón.

La ex mano derecha de Etchecolatz, el ex cabo de la Policía bonaerense Norberto Cozzani, tuvo 16 visitas anotadas en el libro de ingreso a la cárcel pero no ingresadas en registro del pabellón, y otras veinte que sí figuran en este último pero no tienen su correlato en el libro. Todo entre octubre de 2006 y junio de 2007.

Pasó lo mismo con los ex policías federales Oscar Augusto Rolón y Raúl González. El primero, con cinco visitas entre noviembre de 2006 y mayo de 2007 que figuran en el pabellón pero no en el ingreso del penal y otras cuatro a la inversa. El segundo, con 1 y 2 visitas, en el mismo sentido.

Por su parte, la misma irregularidad se dio con los condenados ex penitenciarios bonaerenses Raúl Aníbal "el nazi" Rebaynera, con cinco y siete visitas, respectivamente, entre noviembre de 2006 y marzo de 2007; Víctor Ríos, con cinco y siete visitas, respectivamente, entre enero y octubre de 2007; Catalino Morel, con 16 y 20, respectivamente, entre noviembre de 2006 y julio de 2007; y Segundo Andrés Basualdo, con tres y cuatro, entre abril y junio de 2007.

Sucedió lo mismo con las visitas al condenado ex policía de Villa Martelli, Alberto Ángel Aneto, con cuatro visitas en el listado que aparentemente no pasaron por la puerta de ingreso del penal, y con el ex capellán Christian Von Wernich, con tres y una visitas, respectivamente.

Por último, en el caso del médico policial Jorge Antonio Bergés los fiscales pudieron saber que recibió seis visitas entre enero y junio de 2007 que figuran en el pabellón pero no en el libro de ingreso al penal.

Molina y Nogueira advirtieron la duplicación de una misma visita en los libros y la alteración del vínculo que la une con los imputados: una vez podía aparecer como amigo y en otra como familiar, por ejemplo.

Con esos casos, los fiscales dieron crédito a la denuncia que inició la causa y que refería una orden ilegal para relajar los controles: "La existencia de dicha orden, más allá de haber sido desmentida por los imputados, ha quedado probada por el inmenso cúmulo de contradicciones detectadas en los libros", sostuvieron los representantes del Ministerio Público. Y enfatizaron: "Resulta inverosímil pretender que tal cantidad de errores sucedieron en el marco de una tarea controlada y supervisada por quienes tenían a su cargo la labor de organizar y asegurar el cumplimiento de lo reglamentariamente establecido".