La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas a los ex magistrados Luis Miret (fallecido en septiembre de 2017), Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, condenados en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad consistentes, según el caso, en los delitos de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio.

Además, el fallo del máximo tribunal penal hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal general Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante- frente a la absolución de tres acusados, una serie de hechos y el monto de algunas de las penas dictadas, según el caso. El tribunal cuyano había condenado, en total, a 25 personas: los cuatro magistrados mencionados, ocho ex jerarcas militares y funcionarios intermedios de las fuerzas armadas y de seguridad -todos a perpetua- y otros trece imputados que recibieron penas de entre 3 y 20 años de prisión.

"La sentencia es trascendente en cuanto hace a la revisión judicial del terrorismo de Estado en general, al haber confirmado las condenas a prisión perpetua contra los ex magistrados cuya participación criminal fue esencial para el accionar ilícito de las fuerzas armadas y de seguridad", le dijo Vega a Fiscales.gob.ar tras conocer el fallo. En esa línea, resaltó que "la participación primaria supone reconocer que el aporte que hicieron los ex magistrados fue fundamental para que los delitos cometidos por el aparato represivo estatal se perpetraran del modo en que se llevaron a cabo".

"La participación primaria supone reconocer que el aporte que hicieron los ex magistrados fue fundamental para que los delitos cometidos por el aparato represivo estatal se perpetraran del modo en que se llevaron a cabo", le dijo Vega a Fiscales.gob.ar

La resolución de Casación

La Sala IV, conformada por Gustavo Hornos -como presidente-, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, intervino luego de los recursos interpuestos por el MPF, las querellas y las defensas. Los camaristas recogieron todos los planteos de la Fiscalía, que había cuestionado ciertos aspectos de la decisión del TOF de Mendoza, entre ellos la absolución de Romano y Carrizo en relación al caso que tuvo como víctima a Irma Zamboni de Ander Egg.

Asimismo, el tribunal hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consencuencia, anuló las absoluciones de Antonio Garro Rodríguez y José Antonio Lorenzo en relación al delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio. Ambos imputados se desempeñaron como oficiales sub-ayudantes en la Comisaría 7ma y habían sido condenados a tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.

El fallo de Casación ordenó además un nuevo pronunciamiento por parte del TOF en relación a Juan Carlos Ponce Ochoa (ex subcomisario de la seccional 16°), Miguel Ángel Ponce Carrera (chofer en la comisaría de la seccional 16°) y Héctor Rubén Camargo Granda (ex subinspector en la comisaría de la seccional 16°), quienes habían resultado absueltos por la totalidad de los delitos de los que fueron oportunamente imputados.

En cuanto a Armando Fernández Miranda, Marcelo Rolando Moroy, Rubén Darío González Camargo y Julio Héctor La Paz -condenados todos ellos por delitos contra la integridad sexual- Casación ordenó un nuevo pronunciamiento, al entender que el tribunal de juicio  “prescindió de efectuar un examen concreto a fin de explicar el encuadre legal que corresponde al sustrato fáctico en base al cual la fiscalía entendió que existía un concurso de delitos -abuso deshonesto y violación- padecidos por una misma víctima en distintos momentos y por los que formuló acusación en tal sentido”.

Por último, anuló la sentencia recurrida sólo en cuanto respecta al monto de pena impuesta a Oscar Alberto Bianchi Bartell (seis años), Ricardo Benjamín Miranda Genaro (diez años) y Pedro Modesto Linares Pereyra (seis años).