La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy solicitó penas para seis ex policías en el marco de un juicio por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio cometidos contra un grupo de cinco víctimas que fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 9na de San Pedro. En representación del MPF, participó el fiscal general Carlos Amad. Una de las víctimas permanece desaparecida a la fecha, por lo que la Fiscalía impulsó la acusación por homicidio contra uno de los imputados.

Los acusados son el ex oficial principal de la brigada que funcionaba en aquella seccional, Rubén Arturo Morales (69 años), y sus subordinados Oscar Francisco Guzmán (71), Francisco Lauralicio Díaz (67), Ramón Sánchez (74), Aída Isabel Ruíz (65) y Virgilio Sergio Aldana (66). La prueba que los vincula con los hechos criminales es particularmente testimonial: las víctimas sobrevivientes lograron identificar a los acusados mientras estuvieron en cautiverio y también hubo testigos oculares de los secuestros.

Los ex agentes fueron llevados a juicio por tres episodios. El primero de ellos está relacionado con un operativo realizado entre octubre y diciembre de 1976 a la salida de la confitería "Zákate", que contó con la intervención de entre seis y ocho efectivos policiales y culminó con las detenciones ilegales de Jenny Aquín Exeni, Delmira Élida Garnica y Juan Carlos Valenzuela, quienes fueron trasladados a la seccional 9na. Allí las víctimas fueron sometidas a torturas con picana y abusadas sexualmente, tras lo cual se les dio la libertad en distintos momentos.

El segundo hecho que se investigó es el procedimiento que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1977 en la heladería “El Pingüino”, ubicada en la calle Sarmiento del centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy. En esa ocasión, en horas de la tarde-noche, un grupo de policías detuvo a Víctor Jesús Segura, quien a la fecha continúa desaparecido.

En tercer caso fue el allanamiento ilegal de la vivienda de Antonio Elías Díaz en el barrio de La Merced, que culminó con la detención del dueño de casa y un amigo, Raúl Oscar Nacer, quienes fueron llevados a la seccional N°9.

En su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que todas las víctimas fueron detenidas ilegalmente por personal de la Policía de la Provincia de Jujuy y alojadas en dependencias de la Comisaría Seccional N°9 de San Pedro de Jujuy y la Unidad Regional N° 2, ya que era un mismo edificio con distintas dependencias policiales y que funcionó como centro clandestino de detención durante el período que abarcó la última dictadura militar. Las víctimas fueron sometidas a reiteradas torturas y vejámenes de carácter físico y psicológico con el fin de obtener información, para luego decidir el destino que se les daría.

Los fiscales solicitaron para Arturo Rubén Morales la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta en calidad de coautor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas”; coautor del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencias o amenazas y por su duración mayor a un mes” y coautor del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Víctor Jesús Segura.

En los casos de Oscar Francisco Guzmán, Francisco Lauralicio Díaz y Ramón Sánchez, los pedidos de pena fueron de veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta como coautores de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas”; coautores del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencias o amenazas y por su duración mayor a un mes” y coautores del delito de “tormentos”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron para Aída Isabel Ruíz la pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por ser partícipe primaria de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas”, partícipe primaria del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencias o amenazas y por su duración mayor a un mes” y partícipe secundaria del delito de “tormentos”. Por último, para Virgilio Sergio Aldana el pedido de pena fue de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por ser coautor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia o amenazas” y coautor del delito de “allanamiento ilegal”.