28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El alegato de los fiscales Pablo Pelazzo y Domingo Batule
Jujuy: pedidos de perpetua y de penas de hasta 25 años de prisión para trece militares, policías y penitenciarios
Las penas máximas requeridas por la fiscalía comprenden a un ex oficial de inteligencia del Ejército y a cuatro ex policías del Comando Radioléctrico. Los pedidos de 25 años, para dos ex militares y un ex penitenciario. Las víctimas militaban en en el Partido Comunista. Los fiscales imputaron el homicidio de las ocho que permanecen desaparecidas. Pidieron la detención de tres excarcelados.

Los fiscales Pablo Pelazzo y Domingo Batule requirieron ayer por la tarde al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy que condene a la pena de prisión perpetua a un ex oficial de inteligencia del Ejército y a cuatro ex oficiales de la policial jujeña, y a penas de entre 3 años y 6 meses de prisión y  25 años de prisión para otros ocho ex policías, ex militares y ex penitenciarios de la provincia en un juicio que aborda los crímenes de lesa humanidad contra 17 víctimas, militantes del Partido Comunista. "Los acusados hicieron suyo los objetivos del régimen, y el odio infundido hacia los opositores al mismo, lo cual se manifiesta en forma clara tanto en el incumplimiento de sus deberes como miembros de las fuerzas represivas estatales, como en la forma y violencia ejercida contra las víctimas", destacaron los representantes del MPF.

El alegato de la Fiscalía había comenzado el jueves 29 de septiembre y continuado el 6 y el 13 de octubre. En la primera oportunidad la exposición inició tarde por problemas en la conexión de las videoconferencias que conectan a acusados detenidos en otros puntos del país; en la segunda,  fue suspendido por los problemas de salud -taquicardia e hipertensión- que acusaba uno de los imputados; y en la tercera, por un corte de luz en el penal federal de Ezeiza que interrumpió la videoconferencia.

En el final de su exposición, los fiscales reclamaron prisión perpetua para el ex oficial de Inteligencia del Regimiento de Infantería Mecanizado 20 de Jujuy (cabeza del área militar 323), Rafael Mariano Braga, a quien acusaron como autor mediato de 16 hechos de privación ilegítima de la libertad -15 de ellos agravados- y de cinco casos de homicidio agravado.

La misma pena solicitaron que se imponga al ex jefe del Cuerpo de Operadores del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia Juan Carlos Vaca, el ex oficial ayudante en el Grupo de Coordinación y Enlace, Armando Hugo Claros, al ex jefe del Cuerpo Patrulla, Siro Lucas Goyechea, y al ex oficial Hugo Armando Ruiz, quienes fueron acusados por 16 hechos de privación ilegítima de la libertad -15 de ellos agravados-, 16 casos de torturas agravadas y dos homicidios calificados, en carácter de partícipes primarios.

Cinco víctimas fueron desaparecidas el 15 de diciembre de 1976 durante un traslado desde el penal de Villa Gorriti al aeropuerto de El Cadillal.

En tanto, los fiscales pidieron 25 años de prisión para el ex cabo 1° del Ejército Alberto Callao, el ex sargento Carlos Alberto Gutiérrez y el ex jefe de la División Judicial del Servicio Penitenciario jujeño, Ramón Armando Herrera, por su participación necesaria en doce casos de privación ilegal de la libertad agravada y el homicidio de cinco personas.

Por otro lado, reclamaron 10 años de prisión para el ex oficial de inteligencia del Grupo de Artillería Mecanizada 5 de la Guarnición “Jujuy” del Ejército, José Eduardo Bulgheroni -condenado en 2013 a prisión perpetua por otros casos de víctimas de esta causa-, como autor mediato de la privación ilegal de la libertad agravada de dos personas. La misma pena solicitaron para el ex cabo de la comisaría 1° de Volcán, Catalino Soto, por dos hechos de violación de domicilio, robo en despoblado y de privación ilegítima de la libertad calificada, en carácter de coautor.

Pelazzo y Battule requirieron 6 años de prisión para el ex sargento de la delegación San Salvador de Jujuy de la Policía Federal, Jorge Ernesto Mendoza, a quien consideraron coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada en un caso.

Finalmente, pidieron la pena de 3 años y 6 meses de prisión para el entonces ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario jujeño, Félix Batalla, y para el ex subayudante Federico Colmenares. Acusaron a ambos en carácter de partícipes secundarios de la privación ilegítima de la libertad agravada de siete víctimas.

Al final del debate, que comenzó el 22 de octubre del año pasado, no llegó el ex policia Melanio Portal, apartado durante el juicio por razones de salud.

En el final del petitorio, los fiscales pidieron que se notifique de la sentencia a la Presidencia de la Nación y al Ministerio de Seguridad para que se inicien los procesos de destitución, exoneración y sanciones correspondientes para los militares y policías. Y requirieron que se les revoque la excarcelación y se ordene la detención de Colmenares, Batalla y Soto.

"La tortura se inició con el tabicamiento, las ataduras y los golpes en el mismo momento de las detenciones", describieron los fiscales, y remarcaron que "se extendieron y agravaron en el tiempo a medida que las víctimas transitaron por los lugares de detención"

Las víctimas

"La tortura se inició con el tabicamiento, las ataduras y los golpes en el mismo momento de las detenciones, padecimientos estos, que, además, se extendieron y agravaron en el tiempo a medida que las víctimas transitaron por los lugares de detención", describieron los representantes del MPF, en el marco de un pormenorizado análisis de pruebas documentales y testimoniales.

Las víctimas cuyos casos se abordaron en este juicio son Carlos Eulogio Villada, los hermanos Paulino Prudencio y Cresente Galeán, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Manuel Ismael Vivas, Rosa Santos Mamaní, Américo Macrobio Vilca, Emilio Ábalos, Vicente Juan Cosentini, Santiago José Abán, Remigio Ángel Guerra, Gerónimo Lamas, Pablo Roberto Lacsi, José Nemecio Flores y los hermanos Pedro Pablo y Santiago Ramos.

Con diferencias en cada caso, las víctimas fueron conducidas a la Central de Policía y a la cárcel de Villa Gorriti, además de las comisarías ubicadas en la zona norte de la provincia, que funcionaron como centros clandestinos de detención, donde fueron sometidos a torturas y vejámenes de carácter físico y psicológico.

Ocho de las víctimas permanecen desaparecidas y los fiscales acusaron a los imputados por sus homicidios. Los hermanos Galéan, Ríos, Toconás y Rivas fueron sacados de la cárcel el 15 de diciembre de 1976 por la mañana por el Ejército y la Policía. El pretexto, describieron los fiscales, era trasladarlos junto a otros detenidos al aeropuerto El Cadillal, donde abordarían un avión para su traslado a otro destino. Sin embargo, ninguno de los cinco llegó a la terminal aérea, aunque sí los otros reclusos. Desde entonces, permanecen desaparecidos.

Vilca, Villada y Cosentini también permanecen desaparecidos. Vilca, que tenía 18 años, fue sacado del penal de Villa Gorriti entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1976 y nunca más fue visto. Villada, de 46, fue secuestrado de su casa el 24 de noviembre de 1976. Y Cosentini, también de 46 años de edad, se presentó el 15 de diciembre de 1976 en la Jefatura de Policía, tras lo cual no se supo más de su paradero. Había concurrido a la sede policial porque recibió el llamado de un efectivo que le dijo que el comisario Ernesto Jaig, fallecido, quería devolverle libros que le habían secuestrado durante un allanamiento.