El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba comenzó a juzgar este martes al ex policía Juan Domingo Ayala, de 64 años de edad, por los homicidios de seis prisioneros políticos que estuvieron alojados en la Unidad Penal N°1 de aquella provincia y que fueron sacados de la cárcel y ejecutados en un procedimiento fraguado.

La causa que llegó a juicio es una derivación de las investigaciones que se llevaron a cabo para dilucidar los homicidios de 31 internos de la UP 1, hechos por los que en 2010 fue condenado el dictador Jorge Rafael Videla, el ex jefe del Cuerpo III del Ejército, Luciano Benajamín Menéndez, y otros 21 policías y militares.

Mientras se llevaba a cabo aquél debate, fue hallada un acta policial que echó luz sobre la presunta responsabilidad de seis miembros del Comando Radioeléctrico de la Policía cordobesa -entre ellos, Ayala- en el asesinato de Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svaguza, Luis Verón, Eduardo Hernández, Diana Fidelman y Ricardo Young el 17 de Mayo de 1976.

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Graciela López de Filoñuk indicó que Ayala integró una comisión de policías que retiraron de la UP 1 "a Fidelman, Mozé, Verón, Yung, Svagusa y Hernández para luego - simulando un intento de fuga y utilizando armas de fuego asesinarlos en la vía pública, más precisamente en la calle Neuquén a la altura del 900 de esta ciudad". Los otros policías que integraron aquél grupo eran Jorge Alberto Zalazar, Héctor Ricardo Rivera, Tomás Hugo Vera, Hugo Armando Barbosa y Sixto Contreras.

Al momento de iniciar la causa, los tres últimos habían fallecido. Filoñuk logró acusar a Ayala, Rivera y Zalazar en octubre pasado, pero en noviembre falleció Rivera y Zalazar, que era comisario general, fue apartado recientemente del juicio por incapacidad mental. A juicio llegó sólo Ayala, que por entonces era cabo y chofer de uno de los móviles policiales que intervino en el operativo, quien se encuentra acusado de homicidio agravado, doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes.

El juicio se lleva a cabo pese al pedido de nulidad interpuesto por H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, quienes solicitaron -con la adhesión de la fiscalía- la suspensión del debate, dado que no pueden intervenir en el proceso porque no se les notificó la formación de la causa.

En un comunicado, las organizaciones informaron que el expediente fue escindido de otro que se encontraba en trámite -donde sí estaban formalmente presentados-, luego elevado a juicio y que nunca fueron notificados de ello. Esa situación les impide ahora ejercer la representación de los familiares de dos de las víctimas.

El pedido de nulidad, que había sido interpuesto el viernes pasado, fue rechazado el mismo día de comienzo del juicio por la mayoría del tribunal, compuesta por los jueces Eduardo Belforte y Mario Garzón, con la disidencia de Roque Rebak.