El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín juzgará desde este martes a cinco ex jerarcas militares y a un ex gendarme -quien fue jefe de un centro clandestino de detención- por el secuestro y las torturas cometidas durante la última dictadura cívico-militar contra seis conscriptos que realizaban el servicio militar obligatorio en el Colegio Militar de la Nación situado en la localidad de El Palomar, tres de los cuales permanecen desaparecidos y cuyos casos fueron considerados como homicidios por la Fiscalía.

Los acusados son el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros; el ex director del Colegio Militar y segundo de Riveros, Reynaldo Benito Bignone; el civil de inteligencia del Batallón 601 Carlos Eduardo José Somoza; los ex teniente primero y jefes de compañía del Colegio Militar en 1976 y 1977, respectivamente, Alberto Federico Torres Jorge Teodoro Alvarado, y el gendarme de la Agrupación Buenos Aires Hugo Miguel Castagno, quien ejerció -junto a Julio San Román, también imputado pero fallecido días atrás- la jefatura del centro clandestino de detención El Campito, que funcionó en la Guarnición Militar de Campo de Mayo, donde estuvieron cautivas las víctimas.

El debate estará a cargo de las juezas Marta Isabel Milloc y María Lucía Cassain y del juez Diego Gustavo Barroetaveña, y la Fiscalía será representada por el fiscal general Marcelo García Berro. Tras la audiencia prevista para las 9:30, el Tribunal dispuso que el juicio continúe el 27, 29 y 30 se septiembre; el 18, 25 y 27 de octubre, y el 3, 8, 10, 17, 22 y 24 de noviembre.

Los cinco ex militares y el ex gendarme llegan acusados por los crímenes que afectaron a los entonces conscriptos Luis Daniel García, Luis Pablo Steimberg, Sergio Omar García, Hugo Néstor Carballo, Roberto Néstor Britos y Mario Vicente Molfino. Salvo este último, quien fue secuestrado en febrero de 1977, el resto fueron privados ilegalmente de su libertad en agosto de 1976.

Luis García, Steimberg y Molfino permanecen desaparecidos y, en su momento, el Ejército los declaró desertores del Servicio Militar Obligatorio. En tanto que Sergio García, Carballo y Britos recuperaron su libertad y fueron licenciados por el propio Bignone hasta que les dieron la baja del servicio.

En el requerimiento de elevación a juicio, que será leído en la audiencia inicial, los fiscales que intervinieron en la primera instancia, Miguel Blanco García Ordaz y Hugo Bogetti, señalaron que "la integridad física y la vida de cada uno de los ciudadanos que ingresaban a cumplir el servicio militar en el Colegio Militar de la Nación estaba supeditada a un control -ignorado por los ingresantes- por parte del aparato de inteligencia del Instituto que destinaba todos sus recursos a conocer si tras el recién llegado conscripto podía existir 'un enemigo subversivo'".

En ese sentido, recordaron la orden en la que Bignone dispuso el deber de "prioridad en las actividades de inteligencia que cada uno realiza" para "detectar el elemento subversivo que se ha infiltrado dentro de la organización". Para ello, explicó el entonces general citado por los fiscales, "hay que analizar profundamente cada ciudadano que se incorpora, determinar su el domicilio dado es real, actitudes, interés por detectar las actividades de los servicios de seguridad".

En efecto, en los seis hechos que llegan a juicio se describió cómo miembros del Ejército allanaron ilegalmente los domicilios donde vivían las víctimas y sus familiares.

Luis García fue secuestrado en la madrugada del 12 de agosto de 1976 en su casa de la Capital Federal y fue llevado al centro clandestino El Campito, en Campo de Mayo; dos días antes, Luis Steimberg fue interceptado cerca de su domicilio en Morón, y tuvo el mismo destino en su cautiverio.

Sergio García, en tanto, fue secuestrado en su casa de Caseros en una fecha cercana, pero no precisada. Antes de llevarlo, sus captores le ordenaron que se vistiera con el uniforme de soldado, tras lo cual lo trasladaron a la Dirección del Colegio, de allí a la enfermería y finalmente a El Campito, donde fue sometido a tormentos con corriente eléctrica e interrogado acerca de Steimberg. Su periplo continuó nuevamente en la Dirección del Colegio. Cuando le sacaron la venda que cubría sus ojos, pudo ver a sus compañeros Britos y Carballo, quienes habían sido secuestrados en fechas cercanas y habían pasado por lo mismo. En ese contexto, el propio Bignone, rodeado de otros oficiales, entre ellos Alvarado y Torres, "les hizo saber a los tres que habían sido detenidos porque que sus nombres se encontraban en una lista de infiltrados, y que 'en esta lucha habían pagado la culpa de los culpables'", indicaron los fiscales en la acusación en base a las pruebas recogidas en la investigación.

Bignone les dijo además que no podía darles la baja, sino una licencia hasta que el final de su servicio, cuestión que finalmente se cumplió.

Molfino, en tanto, fue secuestrado el 21 de febrero de 1977. Le ordenaron salir del Colegio a las 14:00 para comprar dos lapiceras y nunca más regresó. La Fiscalía señaló que fue interceptado y conducido a un centro clandestino de detención de Campo de Mayo y que allí fue sometido a tormentos.

Los casos de las seis víctimas de esta causa, que estaban cumpliendo el servicio militar, no fueron aislados. El fallecido capitán del Ejército José Luis D'Andrea Mohr relató en su libro El Escuadrón perdido (Ed. Planeta, 1998), la historia de 129 jóvenes desaparecidos en esa condición durante el terrorismo de Estado.