El destierro como política represiva tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la consecuente instauración en el exterior de colonias de exiliados que denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Chile movieron al dictador Augusto Pinochet a extender la represión más allá de las fronteras a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el brazo ejecutor de secuestros, asesinatos y desapariciones que utilizó la dictadura trasandina en el marco de la Operación Cóndor.

Esa tesis fue expuesta por el fiscal general Pablo Ouviña, quien desde hace tres meses -comenzó el 7 agosto- avanza en su alegato en el marco del debate oral y público de la asociación ilícita internacional para la eliminación de disidentes políticos implementada por las dictaduras del Cono Sur en los '70. En el juicio, que comenzó el 5 de marzo de 2013, son juzgados 18 acusados argentinos y un uruguayo.

Tras describir el binomio Uruguay-Argentina, en su introducción al caso chileno Ouviña remarcó que "al momento del golpe de Estado" del 11 de septiembre de 1973, "no estaba predefinido el método de disciplinamiento social a utilizar", lo cual "implicó que la consolidación del modelo represivo chileno demorara por lo menos dos años".

En ese sentido, el fiscal recordó que "la dictadura chilena pasó de un esquema de detención en grandes campos de concentración, fusilamientos y del internamiento de las figuras principales del depuesto gobierno de la Unidad Popular, a un modelo de represión clandestino instrumentado por una nueva fuerza represiva creada para tal fin, al menos en el período al que nos ocupa en este juicio".

Ouviña describió que los métodos represivos estuvieron caracterizados desde el inicio de la dictadura por la implementación del destierro a través del decreto-ley 81 que facultó al dictador Augusto Pinochet a la expulsión o prohibición de retorno de personas que estuvieran fuera del país. Aquella disposición "habilitó a la dictadura a comenzar el vaciamiento de los campos de concentración que se crearon a continuación del golpe de Estado" y provocó que fueran "expulsados los principales cuadros de los partidos y organizaciones políticas de la vida del Chile democrático que sobrevivieron" tras el derrocamiento del gobierno constitucional.

En este contexto, hubo personas que abandonaron el país por las amenazas recibidas, lo cual se acentuó con la formación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 14 de junio de 1974. Pero también, señaló el fiscal, cuando llegó el golpe de Estado en Chile había "muchos exiliados del Cono Sur", especialmente provenientes de Uruguay y Brasil, que "se convirtieron en uno de los blancos buscados por la dictadura".

Muchos de esos exiliados fueron refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y debieron "reexiliarse". Tanto para ellos como para los chilenos perseguidos, Argentina fue en 1973 "una tierra de refugio", explicó Ouviña.

La gran cantidad de destierros provocó que en el exterior se conformaran comunidades de exiliados y ello "implicó el surgimiento de una fuerte corriente de denuncia internacional".

El fiscal explicó que entonces la conformación de la DINA se dirigió a la "organización de un sistema de espionaje y represión a los exiliados". "La obtención de información por medio de tortura, la desaparición de personas y el establecimiento de centros de detención", fueron las directrices del funcionamiento de la central de inteligencia -indicó- que contabilizó al menos diez centros clandestinos, a los que se agregaban el Cuartel General, una clínica médica ubicada en el centro de
Santiago y el Hospital Militar.

La DINA contaba con la subdirección exterior, que "desarrolló estrategias de neutralización y contra ataque para desalentar o finalizar las actividades de denuncia desde el exterior" y "se planteó también la realización de operaciones".

“A partir de 1974, la DINA desarrolló cada vez más una 'capacidad extraterritorial', que incluía fuerzas operativas en varios países. Estas contaban con personal propio y eran también fortalecidas con la colaboración con otros servicios y organizaciones en el exterior”, citó el fiscal el denominado informe Rettig, entregado en 1991 al entonces presidente Patricio Alwyn por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En efecto, cuando el organismo represivo creado por Pinochet consolidó su estructura, envió agentes destacados a las embajadas, que hacían las veces de enlaces oficiales con organismos represivos locales.

Los agentes de la DINA, describió Ouviña, tenían además "alianzas con grupos de extrema derecha argentinos, exiliados cubanos e italianos, principalmente".

El fiscal pudo reconstruir la acción de la DINA con los documentos secuestrados durante la detención en Buenos Aires del agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, "un conjunto documental de características únicas", que ya había citado a lo largo de su alegato pues ha permitido rearmar la historia de la Operación Cóndor.

Ouviña ilustró el rol de la DINA en la asociación ilícita internacional con el documento titulado "instrucciones al personal que se desempeña en el exterior". El documento solicitaba "información sobre actuación de los servicios de inteligencia o policiales en lo referido a elementos subversivos o extremistas", sobre los siguientes tópicos: "quiénes eran los jefes, cuál era el centro de poder real de la organización, si había chilenos o agentes diplomáticos involucrados, cuáles eran las actividades que realizaba y su volumen, su importancia en el país de acogida, dónde estaban sitas las oficinas o dependencias de las organizaciones, cuáles eran las vulnerabilidades de las organizaciones, conexiones con otros grupos o partidos políticos, grado de conexión con autoridades de gobierno o representaciones extranjeras".

Otro documento citado en el alegato revela "explícitas órdenes de captura de ciudadanos chilenos en el exterior", que muestran el interés de los represores chilenos en los miembros de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), que -según los seguimientos que les realizaban- viajarían entonces a la Argentina.

En nuestro país, tal como se desprende de la causa sobre la Operación Cóndor que tramita en los tribunales trasandinos, operaban dos redes de la DINA: una, en Buenos Aires; la otra, en Mendoza.

Para funcionar, el organismo "contó con fondos presupuestarios de carácter reservado. Pero además, para sostener el aparato, se dio la tarea de generar recursos propios. Para eso, creó empresas en Chile y en el exterior, se asoció con otras y además, recibía donaciones de empresas. Además, se apropió de bienes inmuebles, automóviles y pertenencias de las personas secuestradas", describió Ouviña.

En 1977, el organismo fue diluido y su personal y recursos pasaron a la flamante Central Nacional de Informaciones (CNI). Según testigos especialistas que declararon en el juicio, el cambio se produjo luego del asesinato en Washington del canciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier.

Los blancos de la DINA: el Cóndor en los Andes

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en particular y la JCR -enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur-, como conjunto del que formaba parte, se convirtieron en blanco de las redes de coordinación especialmente luego de la detención de Jorge Fuentes Alarcón en Asunción del Paraguay, en mayo de 1975, junto Amílcar Santucho.

"A partir de esas detenciones, comienza a llegar a DINA y a los organismos de inteligencia argentinos, copiosa información sobre las actividades del MIR en Buenos Aires: miembros, locales, actividades, contactos, vías de comunicación", señaló Ouviña.

Otros blancos de la DINA lo constituyeron los miembros de los partidos Comunista y Socialista, que integraron el gobierno de la Unidad Popular. Varios de los miembros de la conducción de ambos fueron secuestrados en Buenos Aires y en Mendoza, señaló Ouviña.

En total, 25 casos de víctimas chilenas integran el objeto de la causa: Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velázquez, Juan Humberto Hernández Zaspe, Edgardo Enríquez Espinoza, Ángel Athanasiú Jara, Pablo Germán Athanasiú Laschan, Frida Elena Laschan Mellado, Miguel Iván Orellana Castro, María Cecilia Magnet Ferrero, Luis Enrique Elgueta Díaz, Patricio Antonio Biedma, Jesús Cejas Arias, Cresencio Nicomedes Galañena Hernández, Carmen Angélica Delard Cabezas, José Luis Appel de la Cruz, Gloria Ximena Delard Cabezas, Oscar Julián Urra Ferrarese, Susana Ossola de Urra, Rafael Antonio Ferrara, Luis Arnaldo Zaragoza Olivares, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, Cristina Magdalena Carreño Araya, Luis Alejandro Espinoza González, Carlos Patricio Rojas Campos y José Luis De la Maza Asquet.

El largo brazo armado

Algunos de esos casos son elocuentes, como el del dirigente del MIR Edgardo Enríquez Espinoza, asesinado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976, a quien no sólo buscaba la DINA sino también los represores argentinos y paraguayos. Entre otros elementos, en la investigación del caso se comprobó que Arancia Clavel había entregado fotos de la víctima a los militares argentinos. También, se acreditó que los argentinos habían interceptado una carta de Enríquez y que la enviaron a sus pares de Paraguay para que la utilizaran en el interrogatorio a Fuentes Alarcón.

Dos cables desclasificados de las embajadas de Estados Unidos en Buenos Aires y Santiago de Chile también dieron cuenta de la coordinación de las fuerzas represivas entre ambos países. En esos documentos, del 7 de mayo de 1976, se informa que Enríquez había muerto: en el primero, la fuente era la inteligencia aeronáutica; en el segundo, las fuerzas navales chilenas.

El comisario inspector Alberto Obregón, del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, informó al respecto el 15 de septiembre de 1976: “Tras un año y medio de investigaciones, por fin, en abril del corriente año, se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países dando como resultado en Argentina, la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.

El fiscal Ouviña señaló que estos elementos probatorios "reflejan un caso paradigmático que ilustra y pone al descubierto el funcionamiento de Cóndor", es decir, la labor coordinada de las fuerzas represivas de los diferentes países para el intercambio de información, persecución y eliminación de personas.

Otro caso revelador del funcionamiento de la entente represiva regional es el de Luis Enrique Elgueta Díaz, secuestrado junto a parte de su entorno el 27 de julio de 1976 en Buenos Aires por miembros del Ejército y de la Policía Federal, y de quien se desconoce si estuvo cautivo en Argentina o si fue derivado directamente a Chile. Un año más tarde, un operativo liderado por el comisario José Benito Fioravanti y el agente de la DINA Arancibia Clavel, secuestró en el mismo domicilio a la hermana de Luis, Laura Elgueta, y a Sonia Díaz Ureta, quienes fueron trasladadas al centro clandestino Club Atlético.

En la sala de torturas de ese lugar, narró el fiscal, se encontraban presentes agentes chilenos que las interrogaron sobre Luis y su vinculación sobre el MIR. En ese contexto, explicó Ouviña en base al testimonio de las sobrevivientes, Fioravanti dijo que Luis Elgueta había sido "reventado" y que luego "fue entregado a Chile, pues allí tenía cuentas que pagar".

En tanto, el militante del PC chileno Alexei Vladimir Jaccard Siegler fue secuestrado el 16 de mayo de 1977, pocos días después de ingresar a la Argentina proveniente de Suiza con una importante suma de dinero para el funcionamiento del partido. Su caída se produjo junto a las de otras 11 personas secuestradas en Santiago y en Buenos Aires. Tras su secuestro en nuestro país, Jaccard fue visto en el centro clandestino de detención Simón Bolívar de la capital chilena. Entre las víctimas del grupo, también fue secuestrado en Argentina el banquero trasandino Jacobo Stoulman, quien debía darle cobertura legal a la operación financiera que se llevaría a cabo con el dinero introducido por Jaccard.

Por otro lado, Ouviña remarcó entre los casos descriptos al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 el de la militante comunista Magdalena Carreño Araya, a quien los agentes de la DINA buscaron hasta encontrarla en Buenos Aires. La mujer, de 33 años, fue secuestrada el 26 de julio de 1978, luego de que los represores chilenos se presentaran varias veces, sin éxito, en el hotel en donde se hospedaba. Su secuestro se produjo después de que, en los días previos y pese a su desesperación, le fuera denegada el estatus de refugiada porque carecía de documentación que acreditaba la nacionalidad chilena.

Se sabe por testimonios de sobrevivientes que, antes de ser arrojada viva al mar en un "vuelo de la muerte", pasó por los centros clandestinos de detención El Banco y Olimpo. Su cuerpo fue devuelto por las corrientes marinas, luego enterrado como NN y finalmente identificado en 2007, cuando su familia le dio sepultura en Chile.