La fiscal federal María Ángeles Ramos comenzó hoy su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el juicio que se le sigue al ex militar y ex civil de inteligencia del Ejército, Carlos Antonio Españadero, por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976. La exposición contó con el acompañamiento de imágenes de los documentos recogidos a lo largo de la investigación y de una didáctica explicación sobre su relevancia para el caso a través de la aplicación Zoom, dado que el juicio en esta instancia se celebra íntegramente en la virtualidad.

Con la asistencia del auxiliar fiscal Esteban Bendersky, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad concretó hoy durante más de cuatro horas la primera mitad de su exposición, que se completará el próximo viernes. La fiscal Ramos trazó los lineamientos del plan criminal desplegado por las fuerzas armadas a través de los cambios normativos que incorporaron su intervención en actividades relacionadas con la seguridad interna a partir de 1975 y las disposiciones y reglamentos para la denominada, según esos instrumentos, "lucha contra la subversión".

La fiscal expuso también las implicancias de la inteligencia castrense en el plan criminal, el rol del Batallón de Inteligencia 601 al cual reportaba el acusado y las ramificaciones que lo vinculaban como parte del sistema de circulación de la información con otras dependencias, como la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, por encima, y la Central de Reunión de Inteligencia de La Tablada, por debajo.

Ramos describió luego los hechos y las pruebas que -a criterio de la fiscalía- demuestran la comisión de los crímenes y comenzó hoy el análisis de la responsabilidad del acusado que concluirá la próxima semana. Entre otras pruebas, expuso las conclusiones de la investigación periodística de Ricardo Ragendorfer plasmada en el libro Los Doblados (Sudamericana-Planeta, 2016), que cuenta que Españadero tuvo un importante rol en la infiltración del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1975 a través de dobles agentes que integraban la organización político militar pero reportaban al Ejército Argentino.

"Se escuchaban los gritos de tortura de otros detenidos, ladridos de perros y ruidos de autos por la autopista. Durante la noche, no les dieron de comer ni permitieron cambiarle los pañales al bebé".

El plan represivo

La fiscal Ramos recordó que, desde el Juicio a las Juntas hasta hoy, más de 250 sentencias fueron dictadas por tribunales de todo el país y acreditaron la existencia de un plan criminal desarrollado por las fuerzas armadas. Agregó que en relación con los hechos que se le imputan a Españadero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó recientemente condenas por la comisión de crímenes contra la humanidad en el centro clandestino de detención conocido como Protobanco/Puente 12, el cual funcionó en la dependencia "Cuatrerismo Brigada Güemes", localizada en el distrito bonaerense de La Matanza.

Al desarrollar la organización que derivó en la represión ilegal, la fiscal señaló que "el Estado organizó un esquema legal sobre lo que consideraba necesario criminalizar, pero el problema es que no aplicó los métodos que legalmente se encontraban previstos, sino que, apartándose completamente de la ley eligió desplegar todo su poder, sus recursos y su fuerza con un esquema paralelo e ilegal. Esa elección, por la vía de la ilegalidad, es la que hoy nos tiene acá".

Citó al respecto la Directiva N°1/75 del Consejo de Defensa, que "otorgó al Ejército la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión y la conducción de la inteligencia de la comunidad informativa", y la directiva 404/75, del Comandante General del Ejército, que mantuvo la división territorial del país en cinco zonas, cada una de ellas en subzonas y estas últimas en áreas, para la concreción de aquellos objetivos.

Remarcó que, en este contexto organizativo, el Batallón 601 de Inteligencia centralizó y distribuyó la información de inteligencia y que Protobanco/Puente 12 -donde estuvieron secuestradas las víctimas- dependía de la subozona 11, dentro del Comando de la Zona I.

"El objetivo no era salvar a los Santucho, el objetivo era Santucho y la única forma de atraerlo para atraparlo era esta", dijo la fiscal Ramos sobre el secuestro de la familia del líder del PRT ERP.

La familia Santucho, diciembre de 1975

La fiscal agrupó los hechos por casos. El primero de los desarrollados en la audiencia fue el que tiene acusado a Españadero de la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguido político de las víctimas, reiterado, en concurso real, en perjuicio de Ofelia Maximina Ruiz Paz, María Ofelia Santucho (15 años), María Susana Santucho (14), María Silvia Santucho (13), María Emilia Santucho (10), Gabriela Inés Santucho (11), Ana Cristina Santucho (14), Marcela Eva Santucho (13), Mario Antonio Santucho (9 meses de edad), Esteban Abdón (4 años) y abuso deshonesto en perjuicio de María Ofelia Santucho.

Todos ellas y ellos fueron secuestrados durante la celebración del cumpleaños número 4 de Esteban Abdón en el marco un procedimiento ilegal realizado en el domicilio de Avelino Palacios 3331 de Morón, provincia de Buenos Aires, entre el 8 y el 9 de diciembre de 1975. Las víctimas integraban el núclo familiar de Mario Roberto Santucho, el entonces jefe del PRT ERP, quien era intensamente buscado y fue asesinado días después.

Todas las personas fueron llevadas al Protobanco/Puente 12, donde fueron víctimas de tormentos e interrogatorios, incluidos los niños y las niñas. En ese lugar fue reconocido por las víctimas el propio Españadero, quien se presentaba con su alias de inteligencia, "Mayor Peyrano".

"Desde ese lugar, se escuchaban los gritos de tortura de otros detenidos, ladridos de perros y ruidos de autos por la autopista. Durante la noche, no les dieron de comer ni permitieron cambiarle los pañales al bebe. Mario sufrió además muchas picaduras de mosquitos. En ese lugar Marcela Eva fue interrogada sobre la marca del auto de su padre y Gabriela fue llevada varias veces a la oficina de Españadero para ser interrogada por él sobre el paradero de su padre. También Emilia Santucho y Esteban Abdón fueron llevados a esa oficina donde asistieron a un interrogatorio de Ofelia Maximina Ruiz Paz de Santucho", describió la fiscal en base a las pruebas.

El derrotero de las víctimas continuó en una comisaría de Quilmes y luego fueron sacadas de allí y llevadas por el propio Españadero al Hotel Sprendid, del barrio de Flores, en Buenos Aires, indicó la fiscal, y puso de relieve que esa conducta era un mensaje para el buscado jefe del ERP. Las víctimas, dijo, eran rehenes del Ejército. Ramos contestó las alegaciones defensistas del acusado, quien dijo que su actividad estuvo dirigida a preservar a la familia secuestrada: "El objetivo no era salvar a los Santucho, el objetivo era Santucho y la única forma de atraerlo para atraparlo era esta".

Sin embargo, desde el hotel Ofelia Maximina Ruiz Paz pudo comunicarse con sus familiares. El PRT ERP organizó un rescate en taxi, que burló la custodia y les permitió llegar desde el hotel a la Embajada de Cuba. Allí estuvieron más de un año hasta que se exiliaron en ese país, narró Ramos en base a los testimonios y documentos.

"Españadero estuvo presente durante este interrogatorio en el centro clandestino, lo que desmiente sus dichos en la indagatoria cuando negó haber ido a Protobanco a interrogar a las víctimas".

Los secuestros en dictadura

La fiscal también describió los hechos que tuvieron como víctimas a Ricardo Landriscini y José Luis Ujhelly, médicos del Hospital Posadas. Recordó que ambos casos se tuvieron por probados en la sentencia de Protobanco/Puente/12 del juicio anterior, y que las víctimas permanecieron más de un mes "bajo condiciones inhumanas de detención, hasta que fueron liberados el 8 de febrero de 1977 en la localidad de Hurlingahm".

Agregó que las víctimas fueron interrogadas sobre otros trabajadores del hospital por una persona que se presentó como "Mayor Peña", otro de los alias de Españadero. La fiscal citó a Landriscini y a otros testigos, y señaló que el acusado le dijo a esta víctima que lo pondrían en libertad y que, si era detenido nuevamente, dijera que su caso "lo llevaba el 'Mayor Peña'".

La fiscal añadió que, tras su liberación, Ujhelly fue secuestrado una segunda vez y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada. Landriscini declaró que su compañero le había contado que en esa segunda oportunidad fue liberado tras decirle a los represores que "su caso lo llevaba el Mayor Peña", lo cual para la fiscalía es un elemento que permitía inferir que Españadero también había interrogado a Ujhelly en Protobanco. "Españadero estuvo presente durante este interrogatorio en el centro clandestino, lo que desmiente sus dichos en la indagatoria cuando negó haber ido a Protobanco a interrogar a las víctimas", concluyó Ramos.

La fiscal puso de relieve que el propio acusado reconoció en la declaración indagatoria que por orden de sus jefes había investigado a los trabajadores del Hospital Posadas y que había llegado a la conclusión que "la mayoría no eran terroristas", por lo cual -dijo- propuso la liberación de quienes habían sido detenidos.

Luego, el auxiliar fiscal Esteban Bendersky detalló los secuestros del matrimonio compuesto por Raúl Gagliardi y Mariana Méndez, militantes de Política Obrera hasta 1976. Paralemente también describió los hechos padecidos por María Rosa Navarro y su marido Mario Gneri, militantes del mismo partido. Las dos parejas fueron secuestradas de sus domicilios el 24 de marzo de 1977 y llevadas a Protobanco, indicó el representante del MPF en su exposición. Añadió que allí "sufrieron torturas y condiciones inhumanas de detención", las cuales describió en base a los testimonios de las cuatro víctimas. También refirió las consecuencias físicas que les dejaron las torturas. Las cuatro víctimas fueron liberadas cinco días más tarde, el 29 de marzo, y sometidas a un régimen de "libertad vigilada" que duró meses.

De acuerdo con las pruebas producidas en el debate, la fiscalía tuvo por acreditado que tanto en Protobanco como durante el seguimiento posterior, Gagliardi, Méndez, Gneri y Navarro fueron interrogadas en cautiverio y abordadas en libertad por el acusado. Los testimonios de estas víctimas reiteraron el contacto con "el mayor Peña", pero -valoró la fiscalía- el matrimonio Genri-Navarro pudo conocer la verdadera identidad de quien los había interrogado en el centro clandestino y los vigilaba en libertad. La pareja contó que el 25 de mayo de 1977, la última vez que vieron al acusado, este se presentó en la casa de los padres de Navarro para "hablar de marxismo" acompañado por otros dos jóvenes hombres. Allí estaba el padre de Navarro, que era teniente coronel retirado del Ejército y que, al presentarse como tal, recibió como respuesta de su interlocutor la presentación de "Mayor Españadero".

Ramos finalizó la exposición de los casos que integran la base fáctica del juicio con el caso de Graciela Lucía Bravo, quien fue privada ilegalmente de su libertad alrededor del 12 de octubre de 1976 por la noche por personal del Ejército que la esperaba escondido en la puerta de su domicilio en Buenos Aires. La víctima, de entonces 20 años de edad, fue secuestrada para ser interrogada por su relación amorosa e intercambio epistolar con José Luis Rodríguez Dieguez, quien fue secuestrado en la provincia de Chubut cuando realizaba la conscripción en 1976. Españadero fue condenado a prisión perpetua en 2014 por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia por el secuestro y homicidio de Diéguez.

Bravo estuvo 13 días detenida ilegalmente en la comisaría 26 porteña en una situación inhumana: "Tenía que dormir en un banco de cemento y dijo que no le dieron de comer el primer tiempo hasta que les dio pena a los policías y algo le dieron", relató la fiscal y agregó que la víctima "tuvo problemas para ir al baño y para higienizarse". Luego de su cautiverio, la mujer fue sometida a un régimen de "libertad vigilada".

Ramos analizó el testimonio de la víctima, quien contó que en la comisaría fue interrogada por el "Mayor Peña" y recordó que la sentencia del TOCF de Comodoro Rivadavia que condenó a Españadero por el caso de Diéguez se tuvo por acreditado que la joven fue interrogada por el acusado, quien además le dio a la víctima la noticia de que el conscripto había sido privado de su libertad.