El fiscal general Pablo Ouviña continuó ayer con el alegato en el juicio que se le sigue a 18 acusados por el funcionamiento de la Operación Cóndor, "una plataforma para la estandarización de las prácticas de coordinación represiva presentes en la región" que "implicó la puesta a disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus opositores, fueran individuos u organizaciones", explicó.

En una presentación de cinco horas acompañada de diapositivas, el fiscal realizó "una reconstrucción de los principales elementos que prueban la existencia del Cóndor" y desarrolló "una explicación de su nacimiento, desarrollo y crisis".

Ouviña expuso ayer en la segunda jornada de su alegato -que comenzó el viernes pasado-, asistido por la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky y por el equipo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos que interviene especialmente en este proceso. La exposición seguirá este viernes.

El fiscal señaló que la operación "nació de una necesidad" que no era "real", sino "una construcción ideológica" que se "asentaba en la hipótesis de existencia de una Tercera Guerra Mundial". Añadió que existen elementos en los archivos que permiten reconstruir la génesis. Entre otros, citó un documento del archivo del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, Enrique Arancibia Clavel, que en agosto de 1975 informó desde Buenos Aires que el teniente coronel argentino "Osvaldo Rawson" (sic) visitaría Santiago con "la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile-Argentina-Uruguay y Paraguay".

"Acuerdos de caballeros"

Sin embargo, Ouviña explicó que la Operación tuvo "un momento previo" signado por "actividades bilaterales, acuerdos de cooperación, repatriaciones forzosas". Ese tipo de acciones, precisó el fiscal, fue recordada por el recientemente fallecido militar chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, como "la era de los 'acuerdos de caballeros'".

Esas actividades "bilaterales" comenzaron en 1973, se consolidaron el 28 de noviembre de 1975 con la "firma del acta de fundación de Cóndor" tras una reunión de tres días en Santiago y, finalmente, en marzo de 1976 "comenzó su etapa madura", pues -explicó el fiscal- "el golpe de Estado en Argentina favoreció su consolidación".

En este último período, Brasil se incorporó "formalmente" y comenzaron a prepararse "grupos operativos" para su actuación fuera del Cono Sur. A fines de 1976 la sede de la Operación se trasladó de Santiago a Buenos Aires y en 1978 ingresaron Perú y Ecuador, que se sumaron a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El fiscal explicó que luego de los golpes de Estado de 1973 en Chile y Uruguay, Argentina se constituyó en "el último refugio disponible para los desplazados políticos" pero "termina convirtiéndose en una gran prisión".

"Cóndor no fue una sumatoria de partes, sino que fue la combinación de diferentes partes", dijo Ouviña, y remarcó que, mientras existió, "todas las prácticas de coordinación se subsumieron" en su marco.

El fiscal señaló además que en relación al nacimiento de la Operación puede haber cuestiones discutibles, pero "lo que no se puede refutar son sus efectos", que enumeró: "los fusilados, los desaparecidos, los presos políticos, los traslados transfronterizos, los niños apropiados, la dislocación y el efecto devastador sobre las relaciones sociales".

El rol de la DINA

Ouviña explicó el nacimiento de la Operación Cóndor de la mano de las "necesidades" de la dictadura chilena en perseguir a su comunidad de exiliados, que asimismo fueron "principales dinamizadores de las redes transnacionales de denuncia de las dictaduras del Cono Sur". En este contexto, la DINA extendió dos redes para operar en el exterior: una a través de grupos de extrema derecha; la otra, con la Operación Cóndor.

Así se planificaron los atentados al general Carlos Prats y a su esposa en Buenos Aires, al ex vicepresidente Bernardo Leighton y su esposa en Roma, al ex embajador en Estados Unidos y ex ministro Orlando Letelier, al dirigente socialista Carlos Altamirano y al dirigente comunista Volodia Teitelbaum. También se llevaron adelante operaciones de acción psicológica, como la Operación Colombo de 1975, coordinada con Argentina.

Argentina, en cambio, "aprendió de los errores" de su vecino, explicó Ouviña, y trató de "aniquilar a todos los que se debía aniquilar evitando fugas" hacia otros países.

Con el análisis de información de archivos de diferentes países, entre ellos el denominado Archivo del Terror de la dictadura paraguaya, el fiscal reconstruyó diferentes tópicos sobre los antecedentes "del Cóndor", que dan cuenta del registro de reuniones de intercambio y acuerdos de colaboración; actividades desplegadas por agregados militares; intercambio de información; y traslado fronterizo de exiliados y su asesinato en el país de origen; y operaciones de acción psicológica, como hacer pasar como muertos en otro país a los asesinados en el propio.

Oviña describió que todas esas "tendencias y prácticas" se combinaron en el secuestro en Paraguay en mayo del '75 de los miembros de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) -enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur-, el chileno Jorge Fuentes Alarcón y el argentino Amílcar Santucho. Alarcón fue entregado a la DINA y asesinado en su país, mientras que Santucho continuó "detenido en situaciones inhumanas" y en 1978 se exilió en Europa. Ouviña detalló algunas de las correspondencias que mantenían agentes de Argentina, Paraguay y Chile para el interrogatorio y envío de información sobre las dos víctimas.

En efecto, otro de los puntos de análisis del surgimiento del Cóndor, indicó Ouviña, son los antecedentes del militar argentino José Osvaldo Riveiro, alias Rawson, y del chileno Arancibia Clavel. El legajo del Ejército de Riveiro aporta algunas claves: en 1984 el ex coronel hizo un reclamo por el orden de mérito en que fue asignado y que le imposibilitó un ascenso. En esa oportunidad, hizo gala de una serie de datos que no figuraban en su legajo, como su participación como "coordinador internacional de la lucha contra la subversión entre países de América Latina" y "Viajes y contactos internacionales a nivel de comandantes en Jefe- Jefes de ICIA [inteligencia] y presidentes de países (Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y México)" (sic).

La información de la documentación sobre Riveiro y Arancibia Clavel permitió, dijo Ouviña, reconstruir la red de coordinación establecida en el caso de Fuernes Alarcón y Santucho que "permitió a la DINA chilena, al Batallón de Inteligencia 601 de Argentina y a la Jefatura de Inteligencia del Ejército de Paraguay fortalecer relaciones que luego, en la etapa formal de estas relaciones, Cóndor, se verán multiplicadas y favorecidas".

Documentos del Cóndor

El fiscal recordó ayer que el 28 de septiembre de 1976 el agregado legal de la embajada estadounidense en Buenos Aires y agente del FBI, Robert Scherrer, elaboró un documento que fue elevado a la Cámara de Representantes de su país sobre el informe del asesinato -perpetrado siete días antes en Washington- de Letelier y su secretaria, Ronnie Moffit. La fuente de Scherrer fue un coronel del Ejército Argentino, del área de inteligencia.

Ouviña leyó ayer aquél documento -aportado a esta causa por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de aquél país-, que contiene, entre otras, las siguientes afirmaciones:

- "'Operación Cóndor' es el nombre en clave de un acuerdo de cooperación para recopilación, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia concernientes a los llamados 'izquierdistas', comunistas y marxistas, establecido recientemente en cooperación entre los servicios de inteligencias de América del Sur para eliminar las actividades terroristas marxistas en el área".

- "Adicionalmente, la 'Operación Cóndor' mantiene operaciones conjuntas contra blancos terroristas en los países miembros de la 'Operación Cóndor'.

- "La tercera fase, la más confidencial de la 'Operación Cóndor', incluye la formación de equipos especiales de los países miembros, preparados para trasladarse a cualquier parte del mundo, a países no miembros del acuerdo, para llevar a cabo sanciones y hasta asesinatos contra terroristas o partidarios de organizaciones terroristas de los países miembros de la "Operación Cóndor".

Para el fiscal, la definición aportada por el funcionario norteamericano, si bien es de "utilidad", es "estática, una instantánea de la situación de este marco de coordinación represiva, a fines de septiembre de 1976". El representante del Ministerio Público señaló asimismo su preferencia por analizar el fenómeno criminal en base a documentos producidos por las propias dictaduras.

En ese sentido, Ouviña evaluó también la invitación cursada por el jefe de la DINA, Contreras, a las autoridades de los países de la región para que participaran de la Primera Reunión de Inteligencia Interamericana, que fue hallada en el Archivo del Terror paraguayo. Allí, entre otras cosas, se indicaba que los gobiernos estaban "combatiendo solos o cuando más, con entendimientos bilaterales o simples acuerdos de caballeros" y, por esa razón, impulsaba la creación de una "Oficina de Seguridad y Coordinación".

"La toma de decisiones que se proponía se realizaría en reuniones de trabajo bilaterales y multilaterales, periódicas o extraordinarias, según las circunstancias lo ameritaran", analizó Ouviña, que también reparó en el acta conformada tras la reunión.

El fiscal además se refirió a diferentes documentos que refieren la existencia de un sistema de comunicaciones denominado "Condortel", definida por la CIA norteamericana como "una poderosa red de radio militar".

En el contexto de la circulación de información confidencial, Argentina era conocida como "Cóndor 1"; Bolivia, "Cóndor 2"; Chile, "Cóndor 3"; Paraguay, "Cóndor 4"; Uruguay, "Cóndor 5"; Brasil, "Cóndor 6"; Ecuador, "Cóndor 7"; y Perú, "Cóndor 8", citó Ouviña diferentes documentos, entre otros, intercambios entre los servicios diplomáticos de esos países.

Otros documentos permitieron reconstruir las reuniones de los representantes de cada país. Un informe de la CIA del 2 de julio de 1976 ratificado por otros documentos revela una reunión en Santiago de Chile a comienzos de junio de ese año, en la que participaron representantes de inteligencia de Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina para establecer una base de datos de inteligencia computarizada y que en esa misma reunión, Argentina, Chile y Uruguay acordaron actuar en París contra la JCR y otras organizaciones “subversivas” de América Latina.

La agencia de inteligencia norteameriana también refiere en sus documentos otras reuniones celebradas en Buenos Aires a fines de 1976 y la convocatoria a otro cónclave en Asunción para marzo de 1977. En este último, los órganos de inteligencia fueron convocados para coordinar "Técnicas de guerra psicológica contra terroristas y extremistas de izquierda”.