Fiscales, querellantes, abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y de organismos de los poderes del Estado coincidieron ayer en la sede de la Procuración General de la Nación en una reunión de la Mesa de Discusión Institucional, una instancia motorizada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

Encabezada por el fiscal general a cargo de la Procuraduría, Jorge Auat, y por su coordinadora, Carolina Varsky, la Mesa de Discusión Social e Institucional se reunió por primera vez en lo que va de 2016 y volvió a abordar temas que ya formaban parte de su agenda.

La falta de juicios por las dificultades para la conformación de tribunales en diferentes lugares del país y la realización de los debates en curso a ritmo lento, con la celebración de audiencias espaciadas, se encuentran entre las principales preocupaciones, pues se trata de dos cuestiones operativas que demoran los juicios y afectan el derecho de las víctimas y de los acusados.

Una nueva preocupación manifestada principalmente por querellantes y organismos de derechos humanos es "el desmantelamiento de oficinas y direcciones" que antes del recambio de autoridades en el Poder Ejecutivo contribuían a la investigación de las causas y prestaban asistencia y contención a los testigos. Sobre este último punto hay especial inquietud.

En este contexto, Mariano Fridman, funcionario a cargo del Programa Verdad y Justicia, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y Leonor Cisneros, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, señalaron que el Poder Ejecutivo mantiene el compromiso de colaborar con las investigaciones judiciales.

Los alrededor de ochenta participantes del cónclave, además, coincidieron en la necesidad de continuar con los encuentros de la Mesa de Discusión con una agenda común para el abordaje de las problemáticas que presente el proceso de Verdad y Justicia.

Las organizaciones de derechos humanos manifestaron la preocupación por la detención que sufre la dirigente social jujeña, Milagro Sala, y el hostigamiento del que están siendo víctimas sus abogados.

En la reunión estuvieron presentes las históricas militantes Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Taty Almeida, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. También hubo representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de diferentes filiales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), Memoria Abierta y Buena Memoria.

También participaron abogados de todo el país, querellantes y representantes de Familiares de Detenidos y Asesinados del Cordón Industrial de San Lorenzo, la Asociación de Ex Presos Políticos de Mendoza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, el Registro Único de la Verdad de Chaco, el Espacio Memoria Ex D2 de Mendoza, la Mesa Regional de la Memoria de Junín, Lincoln, San Nicolás, Pergamino y Ramallo, el Frente por la Memoria Colectiva de Junín, el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata, Trabajadores de los '70, Familiares de Derechos Humanos de Mar del Plata, el Instituto de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, la Comisión Vesubio-Puente 12, la Asociación Miguel Bru, la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, Madres y Familiares de Jujuy y Ex Presos Políticos de Jujuy.

En representación de agencias estatales estuvieron funcionarios y funcionarias de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Archivo Nacional de la Memoria, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Programa Verdad y Justicia, de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación (asesores de la diputada Victoria Donda).

El Poder Judicial estuvo representado por las unidades de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Comisión Trabajo en Derechos Humanos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por el Ministerio Público Fiscal participaron fiscales de diferentes jurisdicciones: Adolfo Villatte (Rosario); Ángeles Ramos, María Saavedra, Viviana Sánchez y Gabriela Sosti (Buenos Aires), Dante Vega (Mendoza), Alejandro Cantaro y Miguel Palazzani (Bahía Blanca), Juan Martín Nogueira (La Plata), Miguel Blanco García Ordas, Hugo Bogetti y su equipo de trabajo (San Martín), Agustín Chit (Tucumán), Diego Vigay (Resistencia), Francisco Maldonado (San Juan) y el equipo de trabajo de la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas.

La constitución de la Mesa de Discusión Institucional fue impulsada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al momento de convertir la otrora Unidad de Coordinación y Seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, mediante la resolución PGN 1442/2013. En esa disposición, la titular del MPF señaló que el nuevo organismo debía "constituir la mesa de discusión con actores institucionales y sociales involucrados en el proceso de verdad y justicia".