La utilización del aparato represivo ilegal para cometer hechos de corrupción, como el cobro de coimas, y la aparición de afecciones mentales en los secuestradores y torturadores de la Fuerza Áerea son dos de los tópicos que salieron a la luz durante el juicio a cinco aeronáuticos y tres policías bonaerenses, que el próximo 16 de julio llegará a su fin ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín por los crímenes comandados por aquella fuerza armada en la denominada Subzona militar 16, que abarcó durante la última dictadura los distritos de Morón, Merlo y Moreno.

La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que encabeza Martín Niklison probó en el alegato "el papel de la Fuerza Aérea en esos años siniestros" y para ello profundizó la pesquisa en la recolección de testimonios y en la lectura de documentos. Legajos de militares, expedientes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, información de inteligencia procesada por distintas fuerzas y normativa secreta le permitieron a la Fiscalía terminar con el mito de que los militares aeronáuticos no habían perpetrado los mismos crímenes que sus camaradas de la Armada y el Ejército. "El mismo juicio a las juntas fue prueba de ello, ya que mientras [el general Jorge Rafael] Videla y [el almirante Emilio Eduardo] Massera eran condenados a prisión perpetua, [el brigadier Orlando] Agosti recibía la irrisoria condena de cuatro años de prisión, como si fuera responsable de un robo agravado. No nos cabe la menor duda que si hoy fuera juzgado de nuevo su condena sería similar a la de los otros dos dictadores homicidas", dijo el fiscal Niklison en la introducción de su alegato, que finalizó al cabo de cuatro audiencias el 6 de mayo pasado.

Durante la preparación de plan criminal, la Subzona 1.6 fue cedida por el I Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea porque en ese territorio estaban ubicadas cuatro importantes unidades aéreas: la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea Mariano Moreno y el Grupo I de Vigilancia Aérea de Merlo (G.I.V.A.). "El objeto de la cesión fue que la Fuerza Aérea se hiciera cargo de todo ese territorio a los fines de la lucha contra la subversión", citaron los fiscales "la Orden de Operaciones Provincia 2/76", por la que Agosti encomendó a uno de los ex brigadieres actualmente en juicio, Miguel Ángel Ossés, plasmar el acuerdo con el Ejército y organizar las tareas ilegales.

"En la subzona que los jefes aeronáuticos tenían a su cargo, se aplicó la misma metodología criminal que llevaron a cabo los jefes del Ejército y la Armada. No hay diferencias en el método -secuestro, tortura, violaciones, homicidios y desaparición de cuerpos- pero tampoco las hay en el sadismo con que actuaron, en las monstruosas conductas que adoptaron en nombre de dios, la civilización, la moral y la patria", agregó el fiscal, quien durante el debate contó con la asistencia de las fiscales ad hoc María Saavedra y Clarisa Miranda.

En algunos tramos del alegato, la Fiscalía puso énfasis en los autores mediatos, es decir, aquellos que "planificaban estos hechos, los que ponían a disposición de los criminales directos las estructuras edilicias, los vehículos, las armas, los que ordenaban que se aplicara la metodología del secuestro-tortura-desaparición decidido por la junta militar, seguramente los que decidían quién vivía y quién no, los que dejaban en poder de hombres más jóvenes embrutecidos con la tortura los cuerpos de mujeres -aunque sin excluir hombres- para que dispusieran de ellas de acuerdo a sus apetencias sexuales"; los que "mandaban a los otros a cometer esas aberrantes conductas pero la sangre no los manchaba y no escuchaban los gritos de dolor de sus víctimas". Niklison recordó que cuando uno de los jerarcas visitó un centro clandestino de detención "su primer reacción fue de desagrado por el olor que tenía su víctima; es que él no estaba acostumbrado a ese olor, el rol que él cumplía normalmente le permitía estar en ambientes que olían bien". Y remató: "Pues bien, en este juicio han tenido que escuchar a sus víctimas, han podido apreciar su obra macabra".

El fiscal se refirió concretamente a la situación de los ex brigadieres Miguel Ángel Osses, Hipólito Rafael Mariani y César Comes, los principales acusados, para quienes al cabo del alegato pidió prisión perpetua para el primero y 25 años de prisión para los otros dos. Osses fue comandante de Operaciones Aéreas y simultáneamente titular del Comando de Agrupaciones Marco Interno de la Fuerza Aérea, en tanto que Mariani fue jefe de la I Brigada Aérea de Palomar y desde allí ejerció la titularidad del Comando de la Subzona 16. Comes fue jefe de la VII Brigada Aérea de Morón, lugar desde el que ejerció la jefatura del área militar 160 (una porción territorial de la subzona 16) y luego, cuando Mariani dejó su cargo en El Palomar el 21 de diciembre de 1977, se convirtió en el jefe de la Subzona.

En el juicio, también son juzgados los ex cabos de la Fuerza Aérea Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis, los ex policías bonaerenses Néstor Rubén Oubiña y Héctor Oscar Seisdedos -quien también actuó como personal civil de inteligencia para la Fuerza Aérea- para quienes la Fiscalía requirió 25 años de prisión; y el ex policía Felipe Ramón Sosa, para quien solicitó a 19 años.

El circuito represivo analizado en este debate estuvo compuesto por el centro clandestino Mansión Seré, que funcionó en el viejo casino de oficiales de la Fuerza Aérea en Morón; la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, y las comisarías 1ª de Morón, 2ª de Haedo y 3ª de Castelar.

"Problemas psíquicos"

El fallecido suboficial auxiliar aeronáutico Carlos Alberto Nuzzolese, quien actuó en 1977 en la VIII Brigada Aérea y luego en la Fuerza de Tareas (FT) 100 y en el Grupo de Tareas (GT) 46, padeció en 1982 una "depresión ansiosa reactiva" y su personalidad fue definida como "psicopática paranoide". Así se desprende de su legajo -leído por la fiscalía durante el alegato- donde se dejó constancia que la afección guardaba "relación con los actos de servicio" de 1977, 1978 y 1979.

Los fiscales señalaron que para arribar a esa conclusión, en el legajo del militar se tuvo en cuenta una declaración que Nuzzolese prestó ante sus camaradas en 1980. En esa oportunidad, reseñaron los representantes del MPF, el afectado señaló que comenzó a sentir un cambio de personalidad, con periodos de excitación nerviosa e insomnio que atribuyó “a las actividades desarrolladas en la FT 100 (antisubversivas) en periodos que demandaban entre 14 y 24 horas por haber participado en diversas oportunidades en enfrentamientos armados contra la guerrilla, en las cuales el causante produjo bajas en el enemigo, como así también desarrollaba tareas de inteligencia”.

Otros tres jefes de Nuzzolese declararon en su legajo respecto de sus problemas de salud y atribuyeron sus tareas "eminentemente operativas" como "motivo evidente de problemas psíquicos" y explicaron que "podrían haber influido sensiblemente en los trastornos temperamentales y emocionales que presentaba". Nuzzolese falleció en 1985. Según señaló la Fiscalía, existen elementos probatorios para señalar que fue el guardia apodado "Lucas", que varios sobrevivientes identificaron en Mansión Seré.

Al cabo Juan José Dopazo, que prestó funciones en la I Brigada Aérea en 1977, le diagnosticaron en 1995 una neurosis depresiva que él mismo atribuyó a "los actos de servicio" de 18 años antes. El propio militar declaró entonces ante sus camaradas que se incrementó "al máximo la presión de su carga emotiva y comenzó a padecer las sucesivas crisis" luego de que tomaran estado público las declaraciones del oficial naval Adolfo Scilingo, el militar que le contó al periodista Horacio Verbitsky cómo operaban los denominados "vuelos de la muerte" con los que personal de la Armada y la Prefectura desaparecían los cuerpos de los prisioneros arrojándolos al mar desde aviones.

Dopazo, quien actuó al mando del brigadier Mariani y fue su custodio, habló -según consta en su legajo- de su "cargo de conciencia" por "las experiencias vividas" y dijo que "como partícipe o testigo se vio afectado moralmente de una manera tal, que por años se han repetido esas vivencias en sueños como pesadillas, reviviendo momentos que fueron realmente terribles". Ejemplificó que resultó herido durante un "enfrentamiento" en el que se produjo "la muerte de un supuesto subversivo" y se refirió a "las veces que estando de custodia percibió los distintos métodos empleados en los interrogatorios". Confesó que "estos sentimientos [fueron] controlados o reprimidos durante todos estos años por temor a represalias", hasta que se hicieron públicas las declaraciones de Scilingo, quien actualmente purga en España una condena a 1084 años de prisión por sus crímenes para la Armada.

El suboficial de la I Brigada Aérea, Mario Celso Gómez, también sufrió trastornos psíquicos. En 1984 le fue diagnosticada "psicosis maníaco depresiva" y se la atribuyó también a "actos de servicio" anteriores a 1980, cuando comenzó a padecer los primeros síntomas. El propio Gpomez declaró -según consta en su legajo- que a partir de ese año "comenzó a tener pesadillas, presentándosele imágenes sobre momentos vividos en oportunidad de serle ordenado actuar en Servicios Especiales (Grupo de Tareas Palomar); allí en la Casona cumplía servicios de guardia de setenta y dos horas consecutivas custodiando aproximadamente entre veinticinco y treinta hombres subversivos de distinta peligrosidad". La Casona fue una de las denominaciones del centro clandestino Mansión Seré.

En todos los casos, las declaraciones de los afectados fueron ratificadas por otros compañeros o jefes.

Cuando se puso en marcha la represión ilegal en la Subzona 16 al mando de la Fuerza Aérea, una de las inicitivas que tomaron los comandantes de esa fuerza fue la creación de un órgano propio de inteligencia, que dieron en llamar Regional de Inteligencia de Buenos Aires, RIBA, cuyos integrantes se encargaron de analizar "la información o datos obtenidos" en los interrogatorios bajo torturas para identificar "los nuevos blancos a secuestrar para que luego sean interrogados y así sucesivamente en la cadena logrando de esta forma desarticular y aniquilar a las organizaciones políticos militares", describíó la Fiscalía en su alegato.

Entre otros legajos de ex miembros de la RIBA, los fiscales citaron el del cabo primero Héctor Osvaldo Herrera, a quien -señala el documento militar- le habían diagnosticado "depresión neurótica severa". El propio Herrera reconoció en el procedimiento administrativo que entre 1976 y 1978 llevó adelante "tareas especiales de carácter reservado que tuve que realizar en la lucha antisubversiva". Al referirse a los "delicuentes terroristas", dijo que "si se lograba la detención con vida de uno de ellos, se continuaba trabajando a destajo, sin límites de horas, realizando interrogatorios especiales para obtener las informaciones necesarias tendientes a la captura y/o destrucción en caso extremadamente necesario de integrantes de grupos u organizaciones que componían el aparato subversivo". Declaró que "fue por ese tipo de tareas que en muchas oportunidades no regresaba a mi hogar durante muchos días, comía y dormía no sólo a deshoras sino cuando podía, inclusive me tocó convivir con estos delincuentes subversivos durante grandes lapsos en los cuales permanecían detenidos".

Comes y los coimeros en hoteles alojamiento

El sumario 4534 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -el órgano previsto en el viejo Código de Justicia Militar para juzgar los delitos cometidos por personal bajo bandera- fue instruido por “delitos contra la disciplina cometidos por Personal Militar Subalterno en VII Brigada Aérea”. Ese documento incorporado a la causa le permitió a la fiscalía reconstruir el funcionamiento burocrático de la represión ilegal en la subzona 16.

El origen del sumario fue un operativo conjunto realizado en la noche del 21 al 22 de abril de 1978, por la RIBA con el GT 10, dependiente de la FT 100. La Orden de Operaciones Confidencial 445/78 del 21 de abril, que dispuso el procedimiento, fue firmada por el imputado César Miguel Comes y por el jefe del GT 10, el capitán Néstor Giménez. Allí se dispuso realizar controles en el Área de Morón, Castelar e Ituzaingó a fin de identificar y detener a dos "integrantes de las organizaciones subversivas" y que a cargo de la tarea estuviera el capitán Peñaloza, en su carácter de jefe de turno del GT 10.

Un documento secreto de la RIBA agrega que el suboficial Tomás Carranza y los cabos Héctor Herrera y otro de apellido Fernández fueron destinados a la tarea junto con "el civil Héctor Oscar Seisdedos", quien "en las citadas fechas cumplía funciones de conductor de uno de los vehículos asignados a tal procedimiento".

En el sumario, el fiscal militar dejó establecido que los miembros de la RIBA podían coordinar su accionar con el GT 10 y que para ello "no siempre era necesario una solicitud escrita, sino que la coordinación podía hacerse personalmente ante el Oficial de Turno del día". Señaló además que "el personal de inteligencia [estaba] autorizado a cumplir estas tareas vestidos de civil, por la índole propia de sus funciones y que la flexibilidad en el cumplimiento de las mismas era sumamente dinámica, en atención a no malograr los resultados perseguidos, sin necesidad de autorización previa".

Al cabo del sumario -explicó el fiscal Niklison ante el TOCF 5 de San Martín- se acreditó que durante aquél procedimiento represivo ilegal "algunos suboficiales y personal subalterno de las dos dependencias intervinientes, el GT 10 y la RIBA, acordaron realizar inspecciones en los hoteles alojamiento de la zona con el fin de obtener beneficios pecuniarios ilegales en provecho propio".

"Conforme se pusieron de acuerdo, minutos antes de cada control, ingresaba al hotel una pareja, integrada por el agente civil Héctor Seisdedos –que integraba la comitiva del procedimiento- y una menor de edad de 17 años, amiga de este último, de forma tal que fingiendo no conocerlos, al realizarse la inspección y comprobar la supuesta infracción por parte del personal hotelero al haber permitido el ingreso de una menor de edad, les exigían la entrega de cuantiosas sumas de dinero a fin de evitar asentar la infracción y una eventual clausura del local", narró el fiscal de la Unidad de Asistencia.

Por esos hechos de corrupción fueron condenados en sede militar -por asociación ilícita y exacciones ilegales- el capitán Peñaloza, los suboficiales Nieto y Carranza y el cabo principal Herrera. Cuando concluyó el sumario, Seisdedos no estaba más en la fuerza, pero el tribunal administrativo dejó constancia que "de haber subsitido el vínculo le hubiese cabido la sanción de exoneración".

El documento sirvió al fiscal Niklison para probar "el rol operativo que también tuvo la RIBA en el marco de la lucha antisubversiva" y que "evidentemente su personal y el de los Grupos de Tareas o de la FT 100 podían intervenir conjuntamente en los operativos a realizarse, marcando esto que había una labor coordinada entre estructuras con dependencia jerárquica diversa".