En la reanudación de los alegatos esta semana, los fiscales Facundo Trotta y Virginia Miguel Carmona describieron los crímenes en el ámbito del III Cuerpo del Ejército en el período previo al terrorismo de Estado y se centraron en la responsabilidad del grupo represivo que actuó en el Departamento de Informaciones, D2, de la Policía provincial. La persecución a familiares de una víctima de la Masacre de Trelew de 1972, el asesinato de uno de los fugados de la cárcel de Rawson previa a aquella matanza y la violencia sexual ejercida contra las víctimas estuvieron entre los casos más destacados descriptos por los fiscales.

Tras el receso por la muerte de un abogado defensor, la Fiscalía expuso esta semana los hechos de la denominada "Causa Barreiro", que toma el nombre de uno de los principales acusados, Guillermo Ernesto Barreiro, y que abarca hechos ocurridos entre marzo de 1975 y marzo de 1976.

El alegato de la Fiscalía, en el que también interviene el fiscal general Rafael Vehils Ruiz, comenzó el 17 de noviembre pasado. El juicio lleva ya tres años de audiencias; aborda los casos de 716 víctimas y la responsabilidad de 45 acusados en la represión ilegal que tuvo su epicentro en los centros clandestinos de detención La Perla y Campo La Ribera.

Totta y Miguel Carmona sostuvieron parte de su relato con el uso de filminas, que incluyeron los rostros de las víctimas asesinadas y desaparecidas. Entre miércoles y jueves, abordaron los crímenes que afectaron a 25 víctimas, cinco de ellas, además, de violencia sexual.

La ratonera

Uno de los casos emblemáticos narrados por la Fiscalía fue el del militante de Montoneros, Marcos Osatinsky, el número 3 de la organización en la provincia y uno de los protagonistas de la fuga de presos políticos de la cárcel de Rawson (Chubut) que terminó en la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972.

Osatinsky fue detenido por orden del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma el 7 de agosto de 1975 en el marco de una causa por la presunta violación de la ley 20840, conocida como "antisubversiva", pues era la herramienta institucional utilizada para la persecución política. El detenido fue conducido al D2. Allí, fue brutalmente torturado con el objeto de arrancarle información sobre su militancia y, 14 días después, el 21, fue asesinado en un procedimiento fraguado durante el traslado a la Unidad Penitenciaria N°1 de la capital provincial.

Según la documentación preparada por la propia policía, el 6 de agosto a las 22:00 fue allanada en el Barrio Alberdi una vivienda en la que los policías no encontraron a nadie, pero -tal como surge del informe del acusado jefe de la Brigada Antisubversiva N°2, Carlos Alfredo Yanicelli- se mantuvieron "en el interior del inmueble, en concreta vigilancia, es decir para efectuar las llamadas “ratoneras” para apresar a las posibles personas que lleguen o que pretendan ingresar". Habían llegado hasta allí tras torturar horas antes a un militante de la organización.

Un memorándum policial leído en la audiencia por el fiscal Trotta sostiene que, antes de que llegara Osatinsky, al cual define como "una de las piezas fundamentales de la subversión en el país", ya tenían privados de la libertad dentro de la casa a otras cinco personas que fueron llegando uno tras otro el 7 de agosto a partir de las 8 de la mañana. En aquella vivienda funcionaba una oficina de la empresa Mediterranean Company, dedicada a la importación y exportación de productos químicos.

Según narró en el juicio uno de los testigos citados por el fiscal Trotta en su alegato, el grupo detenido junto a Osatinsky fue mantenido en el D2 hasta el 14 de agosto, cuando fueron trasladados a la UP 1, con excepción del dirigente, que continuó en la dependencia policial.

Los mismos testimonios, indicó el fiscal, señalan que el envío a la cárcel de aquellas personas "fue parte de un acuerdo político entablado" entre Osatinsky y el interventor federal de la provincia, Raúl Lacabanne. "El acuerdo político consistía en que Montoneros se comprometía a dejar de operar militarmente en la Provincia de Córdoba, a cambio justamente, de poner fin a las torturas, legalizar a los compañeros y trasladarlos", indicó un testigo citado por la Fiscalía.

En el grupo de secuestrados junto a Osatinsky estaba el número dos de Montoneros en Córdoba, Horacio Mendizabal. Los dos sabían, indicó un testigo, que el Ejército Revolucionario del Pueblo intentaría copar el D2 por esos días, cercanos a un nuevo aniversario de Trelew, y que "en la medida que siguiera sin ser reconocida la detención y permanecieran allí, sus vidas corrían peligro". El mismo testigo concluyó que "el atentado planteado por el ERP se produce efectivamente el 20 de agosto, fracasa y esto es lo que realmente sella la suerte de Osatinsky, que es asesinado al día siguiente".

Durante esos días, un grupo de abogados cercanos a Osatinsky recibió una llamada del propio secuestrado. El dirigente les solicitó que fueran al D2 a llevarle una pomada para curar la piel y ropa interior, entre otros elementos personales. Allí, según atestiguaron, estaban "cinco o seis representantes de la Policía y Osatinsky" y este último "les encomienda que transmitieran a la organización, que él en su condición de jefe tanto nacional como local, había acordado una tregua entre el gobierno y Montoneros".

Los representantes del Ministerio Público señalaron que las reuniones entre Osatinsky y la jefatura de Polícía fueron probadas por el propio ex jefe de esa fuerza, acusado en este juicio, Alberto Luis Choux, quien reconoció haber hablado con Osatinsky y haberse comunicado con Lacabanne para coordinar el encuentro con la víctima.

Todos los testigos que vieron a Osatinsky por esos días en el D2 dieron cuenta de las torturas que padeció. Uno de los últimos que lo vio con vida, el 20, dijo que "estaba en el suelo y que prácticamente no se podía mover", que tenía "la cara golpeada y la nariz manchada con sangre seca". Una mujer lo vio "muy mal, muy, muy golpeado".

El médico forense que le envió el juez Zamboni Ledesma constató el 12 de agosto dos hematomatomas "en vías de resolución" y en su informe señaló que Osatinsky "manifiesta no querer presentar quejas por los apremios y solicita su pronto traslado a establecimiento carcelario del medio".

El fiscal Trotta reflexionó en su alegato: "de haber existido funcionarios comprometidos con su función, posiblemente Osatinsky no habría podido ser asesinado, al menos en la forma en que ocurrió. Es inconcebible que un médico deje constancia no sólo de las secuelas de las torturas sino de que la víctima no quiere presentar quejas de los apremios, y que los funcionarios judiciales que accedía a ese expediente no iniciaran un sumario, como si se tratara de un delito de instancia privada".

La "boleta"

Entre otros elementos de prueba, la Fiscalía citó en el alegato el libro "Viva la sangre", de Ceferino Reato -quien también atestiguó en el proceso-, donde uno de los represores del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército declara que escuchó a varios de sus pares, entre ellos el capitán Héctor Vergés -acusado en este juicio-, que a la víctima "le harían la boleta", que "tenía los días contados" y que "todos en el D2 sabían cuál iba ser su destino". Miembros de aquel Destacamento y del D2 formaban entonces la organización paramiliar Comando Libertadores de América.

Trotta consideró acreditado que el 21 de agosto Osatinsky fue sacado del D2 por Calixto Luis Flores, Juan Eduardo Ramón Molina, Yamil Jabour y Herminio Jesús Antón con "supuesto destino" a la UP1. "La prueba indica claramente que el destino era asesinarlo y no llevarlo a la cárcel, y así fue lo que ocurrió", indicó el fiscal.

El mismo represor del Destacamento 141 de inteligencia, citado por la Fiscalía, señaló que el asesinato de Osatinsky se produjo en el marco de un supuesto intento de rescate por parte de Montoneros en momentos en que se lo trasladaba a la cárcel. Para eso, explicó, la policía utilizó dos autos robados por los mismos agentes para simular los utilizados por los falsos atacantes del convoy.

El armado de la escena incluyó el asesinato de otro detenido, José Ricardo Cepeda, a quien la policía presentó como uno de los atacantes. Pero también presentó a un herido: el policía Juan Carlos Cerutti, que en realidad había recibido disparos durante el ataque del ERP al D2 horas antes, fue presentado públicamente como uno de los efectivos que había resistido el falso ataque de Montoneros para rescatar a Osatinsky.

La esposa de la víctima, Sara Solars, declaró en el juicio que cuando estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recibió la visita de Vergés, quien le contó las torturas a las que había sido sometido su marido y cómo lo mataron en un falso enfrentamiento. También le dijo que habían robado su cadáver y que lo dinamitaron.

En efecto, Trotta agregó en el debate que "el ensañamiento con Marcos Osatinsky, no cesó con el asesinato, ya que en ocasión del traslado de sus restos mortales a su provincia de origen, Tucumán, la ambulancia que transportaba el féretro fue atacada al llegar a Jesús María y sustraído el cajón, al cual le habrían colocado una bomba. El cadáver de Marcos Osatinsky reingresa a la Morgue Judicial el 15 de septiembre de 1975 todo destrozado, procedente de la Policía de la Provincia de Córdoba, de Villa Totoral".

La masacre a los Pujadas

Otro de los hechos que destacó la Fiscalía en su alegato fue el que tuvo como víctimas en agosto de 1975 a la familia de Mariano Pujadas, uno de los prisioneros políticos asesinados en la Masacre de Trelew de 1972.

A las 3:00 de la mañana del 14 de agosto de 1975, personal del D2 irrumpió en el domicilio de la familia en el kilómetro 5 y medio del camino que une Córdoba con la localidad de Jesús María. Esa madrugada, los represores capturaron a José María Pujadas Valls, Josefa Badell Suriol de Pujadas, José María Pujadas Badell, María José Pujadas Badell y Mirta Yolanda Bustos para ejecutarlos y luego arrojar sus cuerpos a un pozo en la cercana estancia "La Lagunilla". Después de los secuestros, en la casa quedaron solos el niño de entonces 11 años de edad, Víctor José Pujadas, y su sobrina, de un año y medio.

La masacre tuvo una sobreviviente, Mirta Yolanda Bustos, quien pese al disparo recibido y haber pasado toda la noche atada y amordazada, fue rescatada del pozo al día siguiente por los bomberos. El testimonio que esta mujer brindó en noviembre de 1975 -no pudo declarar en este juicio, pues falleció- es una de las principales pruebas que esgrimió la Fiscalía.

Dijo que aquella madrugada todos se encontraban durmiendo cuando un grupo armado irrumpió en la vivienda. Explicó que la inmovilizaron junto a su esposo, que le vendaron los ojos, le ataron las manos y le pusieron cinta adhesiva en los labios. Mientras eso ocurría, escuchaba llorar a su hija, la niña de un año y medio, a quien dejaron ver antes de retirarla de la casa.

Luego, dijo, la trasladaron en un auto junto a otras personas. Lo que sigue es su testimonio textual, leído por el fiscal Trotta en la audiencia: "Cuando el automóvil detuvo la marcha escuchó la voz angustiosa y jadeante de su esposo que estaba en ese lugar, y que dirigiéndose a ella le dijo: 'Flaca, la nena'. Que es todo cuanto habló su marido pues fue silenciado, teniendo la impresión de que en esos momentos estaba sufriendo castigos corporales. Que acto seguido la hacen descender a ella y a María José y las colocan acostadas en el suelo, con la cara hacia arriba y escucha un único disparo que sin duda fue el primero dirigido a la declarante, pues a partir de ese momento no recuerda más nada".

Un trabajador de la finca de la familia narró que por la mañana encontró la casa "toda desordenada", que en "el dormitorio de sus patrones estaba todo desarmado, tirado y podía verse que en el respaldar de la cama matrimonial estaba marcada la forma de la culata de una escopeta o fusil como si hubieran pegado allí con mucha fuerza". El fiscal Trotta señaló que, de acuerdo al testigo, "había sangre desde el piso a la cama que había salpicado la pared", y que "pudo ver también que en un cuadro que había en el living habían pintado la leyenda 'Comando Águilas Negras'". Un busto que tenían de Mariano Pujadas había sido arrojado al inodoro del baño de la planta baja, describió.

El pozo con los cadáveres y la sobreviviente en la estancia La Lagunilla fue hallado en la mañana por el capataz del establecimiento, quien narró que "en la entrada del campo observó manchas de sangre" y que "en la medida que caminaba las manchas de sangre eran más nítidas e iban directamente hacia un pozo de aproximadamente siete metros de profundidad que se encontraba abandonado". Allí, dijo, pudo "observar manchas mucho más grandes y en una de ellas un mechón al parecer de cabello de ser humano" y explicó que "al asomarse al pozo le pareció ver un pie o un zapato". Luego, junto a la policía, pudo comprobar que había cinco cuerpos, uno de ellos aún con vida.

Las autopsias de José María Pujadas Valls, José María Pujadas Badell y María José Pujadas no dejan lugar a dudas sobre que su fallecimiento se produjo por el disparo de armas de fuego. Pero la de la señora Josefa Badell de Pujadas da cuenta que murió por otras razones. El médico forense describió las lesiones y concluyó que "la muerte llega no por asfixia de estrangulamiento sino por un reflejo vago-vagal por comprensión de la zona carotidea que, potenciado por los momentos de intenso schock emocional vividos por la victima, desencadena un paro cardiaco respiratorio irreversible". El fiscal Trotta lo explicó con otras palabras: "No puedo dejar de expresar que murió por un infarto producido por la situación de terror que tuvo que vivir". Y agregó que los informes médicos también revelan que todos fueron torturados antes de morir.

Violencia de género

La fiscal Virginia Miguel Carmona, en tanto, se refirió a la violencia de género contra las víctimas del terrorismo de Estado. "Los represores dispensaron un trato disímil según la identidad de género de la víctima, y ello encuentra su fuente en una histórica discriminación por género, presente evidentemente en la sociedad de manera previa, y que se tradujo, a modo de traspolación, con profunda crudeza y crueldad en el ámbito de aquellos espacios de tortura y muerte creados ex profeso por los represores en el marco de la persecución masiva de personas por causas políticas", aseguró.

Explicó al respecto que "el cuerpo de las mujeres ha sido considerado y tratado como trofeo o botín de guerra por los atacantes, tanto en contextos de conflicto armado, como de violencia general o sistemática", y que "sin embargo, los delitos sexuales contra mujeres eran considerados 'daños colaterales'".

En ese sentido, al referirse a la represión ilegal desatada en nuestro país, la fiscal indicó que "en los campos de concentración, la desnudez a la que sometieron forzadamente a las secuestradas creaba el impudoroso entorno para el ataque sexual, masivo y sistemático por parte de los secuestradores".

La fiscal además citó la jurisprudencia y normativa internacional en la materia y puso de relieve que "estos delitos deben ser juzgados autónomamente, sin subsumirlos en otros tipos penales que no traducen efectivamente la lesión infligida, como lo sería el caso de los tormentos".

Al referirse a las pruebas, la fiscal recorrió los testimonios de víctimas que declararon en el proceso. Entre otros, citó el de una mujer que tenía entonces 16 años que fue violada en un baño de un centro clandestino: "yo no había estado con ningún varón y no sabía lo que me estaba pasando y yo gritaba mucho. Esto fue con la puerta del baño abierta y en la puerta del baño había un soldado con un arma o fusil, mirando y cuidando digamos, y vio todo y no hacía nada ni decía nada, sólo miraba", leyó Miguel Carmona el testimonio.

Tras citar otros testigos, la representante del MPF recordó que "de un universo de más de setecientas víctimas, sólo se juzga un hecho de violación y dos de abuso deshonesto" en este juicio, lo cual, indicó, "debe llamar a la reflexión", pues "esa cifra negra de casos no denunciados se relaciona precisamente con las consecuencias que provoca en la psiquis de la víctima este tipo de delitos". "La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche", señaló la fiscal.

Prisioneras en la D2

Miguel Carmona luego describió las pruebas que acreditan cinco hechos que involucran violencia sexual. Uno de los casos involucra a tres víctimas que fueron secuestradas por personal del D2 a las 7.00 de la mañana del 13 de septiembre de 1975.

Una de las mujeres, que declaró en este juicio, dijo que tras negarse a firmar un documento, "fue ferozmente golpeada con trompadas en el estómago para luego ser llevada a la cocina de la casa, y siendo sujetada por aproximadamente cinco policías, fue obligada a arrodillarse frente al agente Ricardo Cayetano Rocha [que estuvo acusado en esta causa hasta su apartamiento] para luego, mediante la amenaza de un arma en la nuca por parte de Raúl Alejandro Contrera, ser obligada a succionarle el pene de aquel y dos policías más que aún no han podido ser identificados", narró la fiscal. Mientras tanto, en la habitación, las otras dos mujeres -una de ellas junto a su hijo de un año y medio- "fueron ultrajadas y golpeadas con golpes de puño, patadas y con el instrumento propio del personal policial comúnmente denominado 'cachiporra'", describió.

La mujer obligada a practicar sexo oral también "fue dirigida con sus ojos vendados tres o cuatro veces por día a una habitación de ese funesto lugar, en donde el personal policial la desnudaba completamente y, a los fines de que proporcione datos sobre la organización a la que pertenecía, mientras le aplicaban todo tipo de tormentos, la accedieron carnalmente en reiteradas oportunidades". En otro interrogatorio, siguió la fiscal, el fallecido Juan Antonio Tissera le "introdujo la mano en la vagina alzándola como a una distancia de veinte centímetros del piso".