La Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos con prisión preventiva de 17 militares, policías y civiles por los crímenes en el centro clandestino de detención que funcionó en los cuerpos de Caballería e Infantería de la Policía bonaerense en la capital provincial desde la madrugada del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Conocido en La Plata como el centro clandestino de "1 y 60", por su ubicación donde se cruzan esas dos avenidas, funcionó durante el primer año de la dictadura cívico-militar y por allí pasaron más de 180 víctimas cuyos casos se encuentran acreditados en esta causa. El lugar, donde hoy siguen funcionando las mismas dependencias policiales, es de grandes dimensiones: tiene varios galpones y cuadras, que en la época de la dictadura sirvieron para encerrar a los prisioneros.

Los procesados, que con esta confirmación de su situación quedan a un paso del juicio oral y público, son ex integrantes de la cúpula del Regimiento de Infantería 7, que comandaba el área operacional 113; ex miembros del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército; ex policías bonaerenses y federales, y un ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización paramilitar que intervino en esa región en crímenes del terrorismo de Estado. Todos ellos fueron imputados por la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, integrada actualmente por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y por el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.

La decisión fue firmada por los camaristas Antonio Pacilio y Carlos Alberto Nogueira, quienes dejaron asentado que el funcionamiento del centro clandestino de detención estuvo fundamentalmente dirigido a la persecución de trabajadores y delegados sindicales. Los jueces reseñaron los testimonios de los sobrevivientes y remarcaron que en el lugar "sus captores les tomaron las huellas dactilares, los identificaron y, luego, los interrogaron. Estos interrogatorios versaban, principalmente, sobre cuestiones vinculadas con la participación gremial y política dentro del lugar de trabajo".

En ese sentido, los jueces citaron el testimonio de un fotógrafo policial que reconoció haber tomado imágenes de las víctimas. "Lo apuntado da una pauta acerca de la función del centro dentro de la lógica del plan sistemático de exterminio", evaluaron los jueces.

"Las fichas confeccionadas, que en algunos casos incluían las huellas del detenido, permitían determinar fehacientemente su identidad y sus antecedentes -particularmente, aquellos vinculados con su actuación política y gremial-. A su vez, por medio de interrogatorios -efectuados en forma de declaración espontánea- los responsables del cautiverio ahondaban en la formación de la víctima, en su actividad gremial y política dentro del lugar donde se desempeñaba laboralmente y, especialmente, buscaban identificar a otras personas que cumplieran con el perfil que había delineado la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional", describieron los camaristas platenses Pacilio y Nogueira, que luego añadieron que toda la información clandestinamente obtenida sirvió "para engrosar los archivos" de la entonces Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPBA).

La Cámara Federal, que consideró a los hechos como crímenes de lesa humanidad, los calificó como privación ilegal de la libertad, con las agravantes de haber mediado violencia o amenazas y por haberse extendido durante más de un mes, y aplicación de tormentos en más de 180 casos, mientras que determinó que una víctima padeció lesiones graves.

Las calificaciones y las responsabilidades a los imputados fueron atribuidas en función de los niveles de participación comprobados en los hechos. Así, los jerarcas militares y policiales, como también los oficiales de baja graduación que cumplieron servicios en el centro clandestino, deben responder, por la gran mayoría de los casos, mientras que los militares de bajo rango, los policías federales y el civil imputado -que no formaban parte del staff estable del lugar- fueron procesados por cuatro crímenes puntuales en los que se comprobó su actuación.

Entre los militares del RI7, fueron confimados los procesamientos del ex teniente 1° Alberto Jorge Crinigan, Oficial de Inteligencia (por 180 privaciones ilegales de la libertad y tormentos); el ex mayor Ismael Ramón Verón, ex Oficial de Operaciones (183, respectivamente); y el ex jefe de la Compañía A, Lucas Marcelo Castro (tres casos de ambos delitos).

La resolución también abarca al ex segundo jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal Alberto Larroca; los ex cabo 1° de esa fuerza de seguridad José Luis Benítez y Carlos Hugo Leguizamón, y el cabo Roberto Arturo Gigli, todos ellos procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos en tres casos y lesiones graves en otro.

También, se encuentran comprendidos en la decisión de la Cámara Federal platense los ex oficiales de la infantería policial Raúl Ricardo Monzón (183 privaciones ilegales de la libertad y tormentos), Tomas D'Ottavio (181, respectivamente) y Adalberto Oscar Rincón (169, respectivamente); y el ex jefe del denominado Grupo Cóndor de la Policía bonaerense, Juan Antonio Vidal (169, respectivamente).

Finalmente, entre los procesados también se encuentran los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Armando Fernández, Anselmo Pedro Palavezzati y Gustavo Adolfo Cacivio, cada uno de ellos por 183 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, y Miguel Ángel Amigo, por 180 casos de ambos delitos; y el civil vinculado a la CNU, Carlos Ernesto "el indio" Castillo (tres casos de privación ilegal de la libertad y tormentos y lesiones graves en otro).