A diez años de la apertura de la causa, el juez federal de La Plata Humberto Manuel Blanco concretó la detención de 24 militares, policías y civiles implicados en crímenes de lesa humanidad en uno de los primeros centros clandestinos de detención que funcionaron en la capital bonaerense durante la dictadura, en los cuerpos de Caballería e Infantería de la Policía provincial.

Uno de los avances más importantes derivados de la decisión del juez es la detención de los militares que integraban la plana mayor del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, cabeza del Área Militar 113, desde donde se comandó la represión ilegal en esa zona de la provincia de Buenos Aires.

La causa tiene por ahora un objeto procesal de 197 víctimas de secuestros, tormentos y lesiones graves, la mayor parte de los cuales fueron concretados en el ámbito del centro clandestino y otros seis casos comprometieron a personal de las fuerzas estatales vinculados a ese lugar pero cometidos en la vía pública.

La orden de Blanco para llevar a cabo las detenciones y los registros domiciliarios de los 18 imputados fue cursada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que concretó la mayoría de los procedimientos el 3 de diciembre pasado.

El centro clandestino de detención funcionó durante 1976 en galpones y "cuadras" de las instalaciones policiales, situadas en 1 y 60 de la capital provincial, con acceso también por las calles 59 y 115, dado que se trata de un gran predio donde todavía funcionan los mismos cuerpos que antaño, que por estos días fueron escenario de la rebelión policial por un reclamo salarial. En la misma manzana funciona la Fiscalía de Estado, desde cuyos grandes ventanales se podía entonces ver -al igual que hoy- los movimientos en los patios del predio.

Los detenidos por el juez Blanco son, según los cargos que ostentaban en la época, los entonces integrantes de la plana mayor del Regimiento 7: el ex capitán Héctor Reynaldo Amuchástegui, ex Oficial de Logística; el ex teniente 1° Alberto Jorge Crinigan, Oficial de Inteligencia; y el ex mayor Ismael Ramón Verón, ex Oficial de Operaciones.

También fueron detenidos el ex jefe de la Compañía A de esa unidad militar, Lucas Marcelo Castro, y el ex teniente 1°, Oscar Antonio Gómez Mígenes; el ex jefe y 2° jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Juan Rafael Pochelú y Alberto Larroca; los ex cabo 1° de esa fuerza de seguridad, José Luis Benítez y Carlos Hugo Leguizamón; el ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense, José Clemente Forastiero y los ex oficiales a su mando Juan José Gallardo, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Tomas D'Ottavio y Adalberto Oscar Rincón; y el ex jefe del denominado Grupo Cóndor de la Policía bonaerense, Juan Antonio Vidal.

Las órdenes de detención también incluyen a otros ya detenidos en otras causas judiciales por crímenes del terrorismo de Estado: los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Armando Fernández, Anselmo Pedro Palavezzati, Gustavo Adolfo Cacivio y Miguel Ángel Amigo; el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; el ex policía federal, Roberto Arturo Gigli; y el civil vinculado a la CNU de La Plata, Carlos Ernesto "el Indio" Castillo.

El juez resolvió declarar la "inconstitucionalidad y nulidad" de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, "declarar como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, los hechos ocurridos en el período que va desde el 24 de marzo hasta principios de diciembre del año 1976 en el centro clandestino", como "también los hechos ocurridos entre los días 3 y 4 de abril de 1976 en esta ciudad de los que resultaron víctimas tres víctimas y los ocurridos a fines de marzo del mismo año que tuvieron como víctimas a otras tres personas.

La orden de detención fue cursada por el juez a la Policía de Seguridad Aeroportuaria junto con la orden de registro domiciliario de los lugares donde podrían encontrarse los imputados. El avance en el expediente es el resultado del impulso que dio la Unidad Fiscal Federal de La Plata, integrada por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, que frente a la demora insistió con reiteraciones y solicitudes de pronto despacho.

Los delitos por los que se encuentran imputados los 24 acusados son los de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y lesiones graves. El centro clandestino de detención comenzó a funcionar en esa sede desde la misma madrugada del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, a punto tal que los primeros dirigentes políticos y sindicales secuestrados de la zona fueron confinados en ese lugar.

"Los detenidos permanecían durante todo el día vendados y esposados a las camas cuchetas, ubicadas a ambos lados de dicho lugar", indicó Blanco en el auto de detención, al describir "la cuadra" y los galpones de las instalaciones policiales. "Las sesiones de tortura solían realizarse en diferentes lugares, efectuándose tanto dentro de la dependencia policial como fuera de ésta. A la mayoría de las víctimas se las torturaba desde la llegada al centro", añadió el juez.

La causa penal por los crímenes en el centro clandestino denominado "1 y 60", que da cuenta de la intersección de dos calles principales de La Plata, fue iniciada en su paso por esa ciudad por el fiscal Félix Crous en 2003, tras la recopilación de pruebas en el marco del denominado Juicio por la Verdad que tramita ante la Cámara Federal platense.