29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los fiscales interpusieron recursos en dos causas
La Plata: la Fiscalía lleva a la Cámara de Casación las domiciliarias concedidas a Etchecolatz
Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira recurrieron dos resoluciones del TOCF 1 de La Plata que beneficiaron al represor. Cuestionaron a los jueces por no basarse en peritajes del Cuerpo Médico Forense, recordaron la denuncia que pesa sobre médicos penitenciarios y advirtieron sobre el riesgo de que Etchecolatz permanezca fuera de la cárcel.

Los fiscales generales de La Plata Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, interpusieron recurso de casación contra las resoluciones dictadas en dos causas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad que, con una mayoría compuesta por los jueces Germán Castelli y Alejandro Esmoris, favorecieron al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz con el beneficio de la prisión domiciliaria. El nudo argumental de los recursos de los representantes del MPF es el cuestionamiento a la decisión del TOCF de haberse basado en que el recluso tiene más de 70 años y en un informe de médicos penitenciarios -que ahora están siendo investigados penalmente ante la sospecha de que fraguaron datos-, sin haber dado intervención al Cuerpo Médico Forense, tal como lo reclamó la Fiscalía.

Los recursos fueron interpuestos en la causa unificada en la que se abordan los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en las brigadas de Banfield y Quilmes, por la que Etchecolatz debe ser juzgado en juicio oral, y en el expediente sobre la red represiva de la capital provincial, denominada judicialmente "Circuito Camps", en la que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en 2012. Una presentación de igual tenor harán en otra de las causas, relativa a los crímenes perpetrados en la Brigada de San Justo.

Los fiscales, que integran la Unidad que en la jurisdicción de La Plata interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad, pusieron de relieve que "el fallo que aquí se recurre se encuentra precedido de una actuación prima facie irregular del Servicio Penitenciario Federal" y recordaron la denuncia que formularon para que se investigue si médicos de esa institución fraguaron datos sobre la salud del represor para que lograra el beneficio de la prisión domiciliaria. Tras esa denuncia, el viernes pasado el juez federal de primera instancia, Ernesto Kreplak, ordenó el secuestro de la historia clínica de Etchecolatz y de documentación relacionada, en un procedimiento realizado en la cárcel de Ezeiza del que participó la propia Fiscalía con la Prefectura Naval.

Los fiscales recordaron que oportunamente debieron dictaminar -y luego el tribunal resolver- en base a un cuestionado informe de los médicos penitenciarios, porque el TOCF 1, ante el que ahora interponen el recurso en otra causa, les rechazó la convocatoria de los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema. En aquél informe, los médicos de la cárcel recomendaban la prisión domiciliaria por un supuesto riesgo de muerte súbita del ex comisario y señalaban que había bajado 8 kilos -de 73 a 65 kilos- durante la huelga de hambre en reclamo de que se le concediera el beneficio. Justamente, una de las sospechas de la Fiscalía está dada en el peso, dado que tres meses antes de la huelga Etchecolatz pesaba 67 kilos. Al Ministerio Público le resulta inverósimil el rápido aumento de peso del represor justo para la época en que dejó de ingerir alimentos.

Como Etchecolatz interpuso pedidos de domiciliaria en diferentes causas, la Unidad Fiscal reclamó ante el juez Kreplak el peritaje del CMF y ofreció peritos de parte, que dependen de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General. Kreplak hizo lugar a la petición. El dictamen conjunto de los profesionales indicó que Etchecolatz “cursa un cuadro de deterioro físico importante dada la huelga de hambre que está realizando, lo que motiva la necesidad de su internación en hospital de extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio. En el momento de la presente pericia no se encuentra comprendido en el art. 32 de la ley 24.660”, es decir, el que prevé la prisión domiciliaria.

Por esa razón, Kreplak rechazó la concesión del beneficio y Etchecolatz -que fue trasladado y examinado en una clínica de Monte Grande- continúa en el hospital de la cárcel pese a las resoluciones favorables que obtuvo en el TOCF 1 de La Plata y en otros tribunales.

"Esta Fiscalía denunció la existencia de posibles incongruencias en los informes del HPC [hospital penitenciario central de Ezeiza] relativos al imputado al comienzo de su huelga de hambre que, de confirmarse, podrían haber inducido a error a esta Fiscalía y también al Tribunal", indicaron los fiscales en los recursos interpuestos hoy.

Por otro lado, cuestionaron la resolución del TOCF por "fundar lo decidido en razones etarias" y por no "abordar las condiciones de salud concretas de Etchecolatz, lo cual conspira contra la jurisprudencia consolidada en la materia en cuanto a que los requisitos legales deben valorarse junto a otros aspectos relativos a la salud y su relación con las condiciones de encierro, no operando de manera aislada o automática" el hecho de que el solicitante tenga más de 70 años.

Los representes del MPF recordaron "la multiplicidad de causas y juicios que pesan sobre Etchecolatz" y añadieron que "son evidentes los riesgos de entorpecimiento y obstrucción de la justicia al que podría conllevar la concesión del arresto domiciliario al imputado Etchecolatz, teniendo especialmente en cuenta la gravedad de los crímenes que se juzgan, las complejas modalidades que se utilizaron para cometerlos, el rol fundamental que tuvo el aquí imputado en el funcionamiento de la maquinaria represiva, ostentando un rol de supraordinación y especial importancia en esa organización". El ex comisario estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense entre 1976 y 1978 y bajo su control funcionaron las brigadas de toda la provincia.

Además, advirtieron "la posible vinculación que puede tener el imputado con miembros y estructuras afines a la dictadura, que operan en la actualidad amenazando a testigos y víctimas, siendo emblemático aquí la desaparición del testigo víctima Julio López". En la causa abierta por ese hecho, indicaron, "se investiga como una línea de posibles responsables a sectores de la dictadura que pueden estar relacionados con vínculos a estructuras allegadas a Etchecolatz".

En ese contexto, recordaron "las obligaciones contraídas por el Estado Argentino respecto de los deberes de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, como parte de derecho a la Verdad y la Justicia de las víctimas de terrorismo de Estado".

"En casos como el presente, donde se identifican y entrelazan intereses de víctimas particulares con los de la comunidad internacional, debe darse prevalencia al interés general respecto al efectivo cumplimiento de los mandatos internacionales asumidos por el Estado argentino, y velar por la efectiva concreción del proceso penal que investigue y sanciones debidamente los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado", sostuvieron.