El fiscal ad hoc de la Unidad que interviene en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, Juan Martín Nogueira, pidió esta tarde al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esa ciudad que condene a prisión perpetua a seis ex policías federales por tres homicidios, el secuestro y los tormentos de tres personas, una de ellas gravemente lesionada, y el robo de objetos en la vivienda de otra de las víctimas.

Los delitos por los que acusó el fiscal fueron cometidos durante una serie de operativos ilegales llevados a cabo entre el 11 y el 13 de octubre de 1977 por miembros de la Delegación La Plata de aquella fuerza y otros que revistaban en la Capital Federal, que -según la documentación que formó parte de la prueba- arribaron a la capital bonaerense y avisaron previamente al Ejército que realizarían ese tipo de acciones.

Los acusados para quienes la Fiscalía requirió la pena máxima son el entonces jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga; el ex inspector Rafael Oscar Romero; el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz; el ex cabo Roberto Arturo Gigli, quien además era Personal Civil de Inteligencia del Ejército; y los ex cabo 1° Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez. Este último es el único que no revistaba en la delegación platense; prestaba servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Si bien se sospecha que en los procedimientos actuaron más personas, los nombres de estos ex policías se conocen porque quedaron plasmados en un pedido de ascenso suscripto por Zúñiga, que narra con detalle la cronología de los hechos. Hay un solo prófugo desde que se inició la causa: el ex subcomisario Emilio Alberto Rimoldi Fraga. El documento que involucra a los miembros de la PFA, individualiado como expediente DGI-LP-223R, estaba incorporado a su legajo y fue encontrado y denunciado en 2012 por el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La principal prueba en la que se funda la acusación es un documento de la propia Policía Federal en el que el jefe de la delegación platense solicita el ascenso de sus subordinados tras describir los crímenes.

Los seis ex policías fueron acusados -Nogueira acusó a Zúñiga en carácter de autor mediato y al resto como coautores funcionales- de los homicidios agravados de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado “La Chancha”; la privación ilegal de la libertad, las lesiones graves calificadas e imposición de tormentos a Juan José Libralato; la privación ilegal de la libertad agravada de Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzmán de Arteaga, y el robo doblemente calificado de objetos en la casa de Mansilla. Durante el debate, la Fiscalía intentó ampliar la acusación contra los ex policías por el homicidio de Libralato -cuyo cuerpo fue hallado en 2014-, pero el pedido fue rechazado por el Tribunal.

La prueba que fundó la acusación es la misma que los llevó a juicio: el pedido de ascenso encontrado en el legajo policial de Rimoldi Fraga, documento cuyos datos fueron cruzados por la Fiscalía con información de otras investigaciones en curso en la jurisdicción. El trabajo del Ministerio Público que llevó a los ex policías a juicio oral consistió en ponerle nombre y apellido a las víctimas que el documento policial no identificaba debidamente, actividad que resultó directamente proporcional al establecimiento de las identidades de los victimarios en los habeas corpus y otros expedientes abiertos en los que se investigaban esos crímenes.

"Un daño inconmensurable"

"No podemos soslayar la magnitud de los hechos y la trascendencia que han tenido en las historias de vida de quienes los sufrieron como víctimas directas así como sus familiares, marcando un daño inconmensurable que atraviesa cualquier posibilidad de reparación", dijo Nogueira al fundamentar el pedido de pena de prisión perpetua.

En ese sentido, recordó la desaparición de cuatro miembros de la familia Cugura, el sufrimiento de la hija de entonces seis meses de edad de Libralato y Fonrouge -embarazada al momento de su muerte-, que "fue abandonada a su suerte y debió crecer sin sus padres" y, además, "buscó en vano durante casi 30 años a su hermano o hermana". Y señaló que los hijos menores de edad de Mauricio Mansilla y de Irma Guzmán de Arteaga estaban presentes durante los secuestros. Los hijos de esta última, dijo el fiscal citando al profesional de un programa de protección de testigos, fueron "criados en el silencio" razón por la cual "no han podido tramitar lo ocurrido y aún hoy la familia entera no puede describir con palabras los hechos sufridos".

En el inicio de su alegato, Nogueira trazó una semblanza de las víctimas. Recordó que Libralato tenía 23 años, estudiaba medicina, militaba en la Juventud Universitaria Peronista e integraba la Columna 27 de la organización Montoneros. Estaba en pareja con Fonrouge, de 26, también militante. Oscar Cugura también integraba la Columna 27 de Montoneros y estaba en pareja con Olga Casado, desaparecida, con quien tuvo una hija que fue apropiada y restituida recién en 2008. Guzmán de Arteaga, en tanto, fue secuestrada durante el operativo en el que buscaban a su esposo, carpintero, a quien sus captores intentaban ubicar porque supuestamente fabricaba "embutes" o "berretines" para Montoneros. "La Chancha" o "Jorge", la víctimas que no fue debidamente identificada aún, era aparentemente responsable político de Libralato en Montoneros y segundo jefe de Cugura. Mansilla, en tanto, fue señalado por los policías como colaborador de esa organización.

Los cuerpos de Cugura, Libralato y Fonrouge fueron encontrados años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense inhumados en tumbas sin identificación. Los de Cugura y Fonrouge, en el cementerio de La Plata; Libralato, en el de Berazategui. Mansilla estuvo secuestrado ilegalmente en el centro clandestino de detención La Cacha; mientras que Guzmán de Arteaga estuvo desaparecida en un lugar aún indeterminado. "La Chancha" continúa desaparecido, aunque los documentos de la Policía Federal indican que murió en el Hospital Naval como consecuencia de heridas de bala en la cabeza.

Los cuerpos de tres víctimas fueron hallados en tumbas NN de los cementerios de La Plata y Berazategui.

Frente al cuadro probatorio, los acusados -algunos sólo en la instrucción, otros en el juicio- intentaron desvincularse alegando que no habían participado de los hechos descriptos en el expediente fimado por Zúñiga y señalaron que esas actuaciones se labraron al sólo efecto de fundar un pedido de ascenso. "Se deja entrever una especie de falsedad ideológica frente al documento público en los que se asienta la materialidad de lo acontecido y su responsabilidad", concluyó hoy Nogueira, para quien "estas defensas no pueden prosperar, toda vez que nos encontramos ante hechos cometidos en un claro y más que demostrado contexto criminal, suscitado por la puesta en marcha de un aparato de poder organizado desde el Estado a través de las fuerzas de seguridad, la Policía Federal en nuestro caso, de las que los acusados formaban parte, habiendo cumplido una tarea concreta que engarza claramente en el plan criminal de la dictadura".

Efecto dominó

De acuerdo al expediente policial, en la medianoche del 11 de octubre una brigada de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal se constituyó en la delegación platense, con información acerca del domicilio de un joven militante de esa ciudad, Juan Carlos Rodríguez, a quien habían secuestrado en septiembre en Buenos Aires.

Tras el aviso a los militares, esa misma madrugada una comisión integrada por policías federales platenses y capitalinos fue a allanar ilegalmente el domicilio de Rodríguez y pudo determinar que a las 5.30 de ese mismo día la víctima iba a tener un encuentro con un compañero de alias "Tito", en la céntrica esquina de 7 y 43.

Juan José Libralato, "Tito", fue baleado por los efectivos y luego fue "hábilmente interrogado". Eso, plasmó Zúñiga, les permitió obtener su domicilio. Hacia allí fueron: calle 80, entre 31 y 32. Terminaron con la vida de su esposa, Adela Esther Fonrouge. Un certificado de defunción indica que murió por "destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego", mientras que el informe policial indica que la víctima ingirió una pastilla de cianuro.

Tras la irrupción en la casa de Libralato y Fonrouge, los policías federales continuaron a las 12.30 en la calle 64 entre 120 y 122, donde Rodríguez debía encontrarse con "Ceferino". La víctima, identificada también por la Unidad Fiscal con el cruce de la información con expedientes judiciales, era Juan Oscar Cugura, "responsable" de Rodríguez en la organización.

La comisión policial fue luego a un domicilio de 160 entre 48 y 49. Buscaban al carpintero, pero  secuestraron a su pareja, Irma Guzmán de Arteaga, y la condujeron a la Capital Federal, según dejaron constancia en el informe con los pedidos de ascenso.

Dos días más tarde, con información recabada en los procedimientos del 11 de octubre, los policías montaron a las 8:00 “un operativo de cerco de similares características al efectuado con el D.S. ‘Ceferino’” en el entonces Estadio Provincial, situado en 32 y 23. Las siglas D.S., utilizadas en el informe policial, significan "delincuente subversivo". Los policías sabían que allí Libralato debía reunirse con su "responsable", a quien identificaron como "Jorge" o "La Chancha". Y lo asesinaron.

El último de los episodios del raid narrado en el expediente policial fue en la noche del 13 de octubre, a las 20:45. Los policías irrumpieron en una casa situada en 4 bis y 515 de la localidad platense de Ringuelet. Mauricio Emeraldo Mansilla se sentaba a cenar junto a su familia cuando la banda de civil se metió en su casa, revisó todo, robó diferentes objetos, se comió la cena y se lo llevó. Mansilla fue entregado a los militares del Área Operacional 113, cuya jefatura estaba en el Regimiento 7 de Infantería, y confinado en "La Cacha".