Los fiscales de la Unidad que interviene en juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, requirieron la elevación a juicio de la causa que tiene acusados a 23 militares, policías bonaerenses y federales y a un civil de laConcentración Nacional Universitaria (CNU) por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la sede la Dirección de Infantería y el Regimiento de Caballería de la Policía, situados en el cruce de las avenidas 1 y 60 de la capital provincial.

El pedido de juicio oral para los acusados fue interpuesto este miércoles ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez subrogante Laureano Durán. El requerimiento describe el accionar coordinado de las fuerzas de seguridad y del Ejército e incluye a personal que revistó tanto en puestos de mando como de ejecución directa. La nómina contiene a los entonces integrantes de la plana mayor del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, sede de la Jefatura del Área Militar 113: el ex capitán Héctor Reynaldo Amuchástegui, ex oficial de Logística; el ex teniente 1° Alberto Jorge Crinigan, oficial de Inteligencia, y el ex mayor Ismael Ramón Verón, ex oficial de Operaciones.

También, fueron requeridos para ser juzgados en debate oral y público el ex jefe de la Compañía A de esa unidad militar Lucas Marcelo Castro y el ex teniente 1° Oscar Antonio Gómez Mígenes; el ex jefe y el 2° jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal Juan Rafael Pochelú y Alberto Larroca; los ex cabo 1° de esa fuerza de seguridad José Luis Benítez y Carlos Alberto Leguizamón y el ex cabo Roberto Arturo Gigli; el ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense José Clemente Forastiero y los ex oficiales a su mando Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Tomas D'Ottavio, José Esteban Pulvermacher y Adalberto Oscar Rincón, y el ex jefe del denominado Grupo Cóndor de la Policía bonaerense Juan Antonio Vidal.

La nómina de acusados se completa con ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Armando Fernández, Anselmo Pedro Palavezzati, Gustavo Adolfo Cacivio y Miguel Ángel Amigo; y el civil vinculado a la CNU de La Plata, Carlos Ernesto "el Indio" Castillo.

La presentación de los fiscales, de más de 430 páginas, incluye el tratamiento de los casos de 192 víctimas que pasaron por el centro clandestino que comenzó a funcionar en la misma madrugada del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "Las víctimas permanecieron tabicadas, atadas o esposadas, sufriendo las inclemencias del clima, siendo deficientemente alimentados, hacinados, escuchando las torturas a que eran sometidos sus compañeros, lo que de por sí constituye tormentos", describieron los fiscales.

En la presentación, Molina, Schapiro y Nogueira agregaron un capítulo especial sobre "la violencia sexual dentro de la lógica concentracionaria" y remarcaron que "las condiciones de detención padecidas en dicho lugar, incluían de manera sistemática, la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual que, desde una idea reparadora, es preciso visibilizar en su entidad propia".

Los fiscales enmarcaron los delitos cometidos en el centro clandestino ubicado en la intersección de las calles platenses de 1 y 60 como "actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad" a nivel internacional y encuadraron los hechos en las calificaciones del Código Penal de la Nación de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y lesiones graves calificadas por haber sido producidas para cometer otro delito.