La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona, integrante de la Unidad Fiscal que investiga en La Rioja los crímenes de lesa humanidad, requirió este martes la elevación a juicio de la causa que tiene imputado al ex jefe del Ejército, César Milani, por asociación ilícita y por los delitos perpetrados contra un hombre y su hijo, ambos víctimas de secuestro y torturas en marzo de 1977 en la capital provincial, cuando el acusado era subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de esa provincia.

Milani fue acusado por la Fiscalía como autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada y allanamiento ilegal, y en grado de partícipe necesario en la imposición de tormentos agravados en perjuicio de Pedro Adán Olivera, y como partícipe necesario de imposición de tormentos de su hijo, Ramón Alfredo Olivera. También fue acusado de haber sido miembro de una asociación ilícita.

En la misma presentación, la representante del MPF -quien calificó a estos crímenes como de lesa humanidad- acusó al entonces teniente primero Alberto Solano Santacrocce y al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán. Al primero le imputó la autoría en la privación ilegítima de la libertad agravada y la imposición de tormentos, en grado de partícipe necesario, de Ramón Alfredo Olivera, y haber formado parte de la misma asociación ilícita.

Al ex magistrado, en tanto, lo acusó como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y los tormentos contra Ramón Alfredo Olivera y de la privación ilegal de la libertad de Victoria Ligia Matta. En abril del año pasado, Catalán recibió una condena a doce años de prisión por haber encubierto desde la magistratura un homicidio y siete casos de tormentos, y como parte de una asociación ilícita, razón por la cual no se encuentra acusado en este expediente por ese delito.

Durante el cautiverio y las torturas, Pedro Olivera sufrió un accidente cerebro vascular con hemiplejia que le paralizó el sector derecho de su cuerpo. Fue abandonado por los represores en la vereda de su domicilio y murió tiempo después.

Según la acusación, Milani comandó el operativo de fuerzas militares, policías y gendarmes que secuestraron a Pedro Olivera el 12 de marzo de 1977 y que lo mantuvo cautivo durante dos días en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS), sede de un centro clandestino de detención. Allí fue torturado y presionado para que renunciara o se jubilara de su trabajo en la Municipalidad. En medio de esa situación, sufrió un accidente cerebro vascular con hemiplejia que le paralizó el sector derecho de su cuerpo y luego fue abandonado por los represores en la vereda de su domicilio. Murió tiempo después, como consecuencia de aquél cuadro.

El 14 de marzo, horas antes de la liberación de Pedro, su hijo Ramón fue secuestrado de la Oficina de la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de La Rioja, donde trabajaba, por dos suboficiales del Ejército. Los militares lo llevaron a un auto de la policía, donde lo esperaba, entre otros, el teniente Santacrocce, tras lo cual fue conducido al IRS. Allí pudo escuchar cómo planeaban su fusilamiento y luego padeció interrogatorios y diferentes tipos de torturas en un lugar denominado "Luna Park". Al día siguiente, en el IRS lo revisó el médico del Ejército Léonidas Carlos Moliné, imputado también en este expediente, quien pese a los evidentes signos de tortura le dio un calmante. La víctima conocía al médico, porque el día del secuestro de su padre había ido a ver al profesional castrense para que se ocupara de su salud.

Según declaró Olivera, las torturas continuaron en los días siguientes hasta que el 24 de marzo lo trasladaron al Juzgado Federal a cargo de Catalán. En ese trayecto, reconoció a Milani a bordo del automóvil policial en el que lo trasladaban. En sus declaraciones dijo que ya había visto al acusado en su casa cuando se llevaron a su padre.

Explicó que Milani lo condujo en la sede judicial hasta la sala donde declaró ante el secretario de apellido Armati (fallecido), a quien le mostró las heridas que le habían provocado en su cuerpo las torturas. El funcionario le dijo que no consignaría ello en el acta porque sufriría las consecuencias tras su regreso a la cárcel.

Ramón Olivera sostuvo en sus testimonios que durante toda su declaración en el juzgado Milani permaneció junto a él, que lo increpó reiteradamente, lo acusó de pertenecer al ERP, e incluso le dijo que con esa detención le había cortado su "carrera de guerrillero".

Olivera sostuvo en sus testimonios -que datan de 1984- que durante toda su declaración Milani permaneció junto a él, que lo increpó reiteradamente, lo acusó de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), e incluso le dijo que con esa detención le había cortado su "carrera de guerrillero". La víctima dijo que supo y recuerda el nombre de Milani porque escuchó una conversación entre aquél y el secretario de Catalán sobre la ascendencia del apellido.

En el pedido de juicio oral, la fiscal puso de relieve que las pruebas testimoniales recogidas en la investigación "aportan elementos que dan sustento a la denuncia, debidamente concatenadas junto a todo el plexo probatorio recabado en autos" y remarcó que "no puede perderse de vista que Olivera viene sosteniendo exactamente los mismos hechos padecidos por él y por su padre, ya desde el año 1984 y a lo largo de todos estos años, reclamando justicia a las autoridades por los delitos de los que fueron víctimas". Aquella primera declaración de Olivera fue ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja el 21 de agosto de 1984.

El caso de Victoria Ligia Matta, por el que por ahora sólo llegará a juicio el ex juez Catalán, también lo tiene imputado a Milani, pero actualmente con falta de mérito, decisión que fue recurrida por la Fiscalía. Ligia Matta fue secuestrada el 16 de julio de 1976 de su domicilio. La víctima declaró que el operativo fue dirigido por un "militar jovencito" que durante el procedimiento ilegal dialogó con su padre y dijo además que días después, cuando estaba detenida en el IRS, vio a ese mismo sujeto por debajo de la venda que le cubría los ojos mientras participaba de la tortura a un compañero de cautiverio. En su declaración, la víctima explicó que "en el año 2013, vio en internet la foto de Alberto Ledo [el soldado desaparecido en Tucumán, a quien había conocido] y de Milani juntos, reconociendo a Milani como al jovencito militar que había estado en su casa y en el IRS". Para entonces, Milani era reconocido públicamente porque había llegado a la jefatura del Ejército.

Durante su cautiverio, la mujer fue visitada por el entonces juez Catalán cuando se encontraba detenida en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. El entonces magistrado la notificó de una diligencia en la causa penal que le abrieron para justificar su persecución, en la que finalmente fue sobreseída.

En su presentación, la fiscal solicitó la continuación de la investigación en relación al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, el médico castrense Moliné, y los entonces policías Roberto Reinaldo Ganem y Américo Castro. Indicó además que la pesquisa debía identificar a los policías Nievas y Ruiz y puso de relieve la necesidad de continuar la investigación sobre la responsabilidad de Milani en el caso de Ligia Matta.