"Además de conocer el verdadero acontecer de los hechos, no sólo lograba captar información de los familiares sino que luego los desorientaba sobre el destino de ellos dolosamente", aseguraron los fiscales federales que intervienen en casos de terrorismo de Estado en San Martín, Miguel Ángel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti, en la solicitud de indagatoria por 140 hechos para el ex capellán del Ejército, Emilio Teodoro Graselli.

El pedido de Blanco García Ordás y Bogetti ingresó el viernes a última hora en el Juzgado Federal N°2 de ese circuito judicial, a cargo de Alicia Vence, y es el segundo en diez días para el sacerdote. La semana anterior, el fiscal porteño Federico Delgado había requerido que se lo convocara como sospechoso de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la causa por los crímenes en el Cuerpo I del Ejército.

"No sólo no desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas sino que formaba parte de él", señalaron los representantes del Ministerio Público. Esta nueva imputación abarca la presunta responsabilidad de Graselli en 140 casos de víctimas del terrorismo de Estado de la zona del Cuerpo IV del Ejército que aparecen "fichadas" en el archivo que el cura elaboró durante la dictadura con información sobre los casos por los que era consultado por familiares de desaparecidos. Esos encuentros se llevaban a cabo en la capilla Stella Maris, situada en el barrio porteño de Retiro, donde el cura se desempeñaba como secretario del vicario castrense, el fallecido integrista Adolfo Servando Tortolo.

"Recibía a los familiares de las víctimas simulando una total ajenidad a los casos narrados, obteniendo así información de ellos sin perjuicio que luego les daba como devolución a sus interrogantes que no tenía noticias oficiales sobre su destino, anoticiándolos además que ellos no se encontraban detenidos en ninguna dependencia oficial", señalaron los fiscales sobre Graselli.

En esa época, el ex capellán logró confeccionar un fichero con más de 2000 piezas que contienen los datos de las denuncias y números y nomenclaturas que aún no han podido ser esclarecidos ni mucho menos explicados por el ahora imputado en las declaraciones testimoniales a las que fue convocado en estos años por diferentes tribunales del país.

El archivo fue secuestrado del domicilio del sacerdote por la Cámara Federal de La Plata en 1999, en el marco del juicio abierto el año anterior en la capital bonaerense por la averiguación de la verdad. Las copias de esas fichas han sido requeridas por diferentes tribunales como material probatorio y su estudio -combinado con las declaraciones de los familiares en los juicios- ha permitido consolidar la sospecha que funda ahora los pedidos de indagatoria de los fiscales.

En su presentación, Blanco García Ordás y Bogetti explicaron que el Vicariato Castrense tenía "bajo su órbita a todos los capellanes asignados en todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas del país" y que "ello implicaba obviamente el conocimiento de todos los métodos utilizados para doblegar a sus opositores por las Fuerzas Armadas en los centros clandestinos de detención y extermino del país".

Para la Fiscalía, "Tortolo y Graselli poseían el mando de todos los capellanes del país, de quienes se abastecían de la información necesaria" sobre el destino de las víctimas "para luego informar a los familiares mendazmente a sabiendas de sus destinos finales".

Los fiscales además evaluaron que Graselli durante las entrevistas con los familiares actuaba "simulando que realizaba averiguaciones relativas al tema" y "les informaba en la mayoría de los casos, salvo que las personas hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que no tenía noticia de su detención en lugar oficial".

Por otro lado, Blanco García Ordás y Bogetti remarcaron que la participación criminal de Graselli "no concluyó allí", sino que como capellán de las Fuerzas Armadas brindó "el apoyo moral y psicológico para quienes, cínicamente, cometían tremendas atrocidades en nombre de Dios y de la Patria".