El fiscal Pablo Larriera dictaminó en favor de la competencia de la justicia federal de Mar del Plata para investigar las estructuras económico-financieras que colaboran con personas imputadas por crímenes de lesa humanidad y que se encuentran prófugas. Además, solicitó medidas cautelares para bloquear los flujos de dinero.

El inicio de las actuaciones fue a través de la denuncia realizada por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. En la presentación, se sindicó a 51 personas que revestían calidad de prófugas en procesos por delitos de lesa humanidad y que recibirían ayuda financiera. El texto considera que se trata de “sujetos involucrados en maniobras de terrorismo de Estado” y que tales conductas encontrarían adecuación típica en los términos del artículo 306, inciso 1 “c” del Código Penal.

Posteriormente, Canicoba Corral declinó la competencia en favor de los Juzgados Federales N°1 y N°3 de Mar del Plata, en donde le tocó dictaminar al representante del Ministerio Público.

Impulso

Pablo Larriera, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, solicitó que “se dicten las medidas cautelares correspondientes a los fines de bloquear los flujos económicos que operan con la única finalidad de lograr y mantener la impunidad de los crímenes de lesa humanidad imputados", como así también que “se le informe sobre todos los imputados en causas de crímenes de lesa humanidad que revisten o revistieron la calidad de prófugos, a los fines de evaluar una posterior ampliación de los sujetos investigados”.

El fiscal sostuvo que dada la importancia de las acusaciones que contiene la denuncia y la gravedad constitucional de los delitos investigados, debe asumirse una rápida acción en pos de la averiguación de la verdad. En ese sentido, destacó que “el Ministerio Público como representante de los intereses de la sociedad toda, ha asumido un papel protagónico en el impulso de la acción y la orientación de las investigaciones en estos procesos de máxima trascendencia institucional en los que, por otra parte, se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.

Larriera había considerado también que los magistrados -que ordenaron la capturas de cada prófugo- de cada jurisdicción resultaban competentes para intervenir porque, entre otras cosas, “se encuentran en mejor situación que cualquier otro magistrado, tanto para investigar los delitos conexos como para resolver cualquier medida administrativa vinculada a él”.